Por Manuel Agosin, académico FEN, Universidad de Chile
La reforma de las pensiones que se anunciará próximamente es un componente del paquete de reformas que ha propuesto la administración del presidente Boric. Al parecer, la cotización se incrementará en un 6 por ciento de los ingresos, a cargo del empleador. Esos fondos irían a una entidad solidaria que se utilizaría para financiar las pensiones de los afiliados a esa entidad (eventualmente, todos los chilenos). Los chilenos tendríamos entonces tres tipos de jubilación: la Pensión Universal Garantizada (PGU), la pensión de la entidad intermedia (que, sin eufemismos, es un sistema de reparto) y la pensión de los fondos de pensiones que muchos de los que estarán pensionando los tendrán por varios años más.
Cabe preguntarse si esta entidad es necesaria o si no sería más razonable aumentar gradualmente la PGU hasta que, en unos años, llegue a niveles de salario mínimo. La entidad que se quiere crear va a entrar en déficit a muy corto plazo. Luego de la pandemia, la demografía de los chilenos ha agudizado su tendencia al envejecimiento poblacional, lo que implica que los aportes a la entidad disminuirán rápidamente en relación a las necesidades para financiar las pensiones que se pagarán de la misma.
Si lo que se busca es una mayor solidaridad, no necesitamos un nuevo sistema que empiece de cero. La PGU ya la tiene: se paga de la renta general del Estado, que viene de los contribuyentes, y los chilenos de mayores ingresos no la reciben. Una de las razones para crear la nueva entidad es puramente ideológica: “No + AFP” ha ido a fondo.
Dejando de lado la ideología y centrándonos en las bajas pensiones que reciben muchas personas, las AFP sí tienen algunos problemas importantes que la política pública debería abordar. La más importante es la de las lagunas provisionales. Los trabajadores no cotizan cuando están desempleados, cuando se enferman o cuando se van del sector formal al sector informal, que en Chile emplea aproximadamente al 30 por ciento de la fuerza laboral.
La corrección del problema de la brecha tiene tres aspectos. El primero es hacer un esfuerzo decidido para reducir la informalidad, ofreciendo a los empresarios incentivos para formalizarse, como líneas de crédito temporales para micro y pequeñas empresas en BancoEstado, junto con programas de capacitación para aumentar su productividad. En segundo lugar, el seguro de cesantía debería tener un componente solidario mucho mayor e incluir un pago, al menos parcialmente, a la AFP del trabajador desocupado. El tercero es más difícil de implementar, pero no menos importante: las mujeres abandonan la fuerza laboral demasiado pronto para tener y cuidar hijos. El Estado debe reconocerlos como trabajadores y exigir aportes previsionales a sus socios. Para quienes no tengan pareja estable, el Estado podría hacerlo por un tiempo y facilitar su reinserción laboral con programas de formación y cuidado de menores.
#Columna #Manuel #Agosin #reforma #pensiones
Si quieres leer el artículo original puedes acceder desde este link:
Artículo Original
