El congresista Elías Varasmiembro del banco Juntos para Perú – Voces de la gentepresentó una moción para la creación de un Comisión de investigación Multiparty que, en 90 días, investiga los hechos criminales y violentos que ocurrieron en la provincia de Pataz, en la región de La Libertad, desde 2020 hasta el presente.
Entre sus funciones principales, la Comisión debe identificar organizaciones penales que operan en el área, vinculadas a actividades como la minería ilegal, el tráfico de drogas y otras economías ilícitas.
Del mismo modo, investigará la acción y las posibles omisiones de las entidades estatales con competencia en la región, como la policía nacional, el ministerio público, el poder judicial, las fuerzas armadas y el Gobierno de libertad regional.
La moción también contempla la investigación de posibles casos de colusión, omisión, inacción o cobertura por autoridades y actores privados. Además, se analizarán las condiciones socioeconómicas y ambientales que han facilitado el crecimiento de actividades ilegales en el área.
“Desde 2023, y con mayor agudeza en los primeros meses del año 2025, la provincia de Patlaubicado en el departamento de LibertadHa sido el escenario de una grave crisis de seguridad, caracterizada por asesinatos sistemáticos, secuestro, extorsión, ataques contra infraestructura crítica y enfrentamientos armados que supuestamente perpetrados por organizaciones vinculadas a la minería ilegal, el tráfico de drogas y el crimen organizado “, se leen en el movimiento del día.
El documento también se refiere a lo que sucedió el domingo 4 de mayo, cuando los cuerpos sin vida de 13 trabajadores mineros fueron secuestrados por presuntos delincuentes, lo que, según el texto, “evidencia el ineficaz de las medidas tomadas hasta la fecha, a pesar del estado actual de emergencia y la presencia del Fuerzas armadas en el área ”.
Disposiciones complementarias
Si se aprueba la formación de esta comisión, sus miembros pueden solicitar el apoyo de asesores técnicos especializados en seguridad, minería, justicia penal, derechos humanos y políticas públicas.
Colaboración institucional con el Ministerio públicoEl Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y otras agencias competentes.
Además, la Comisión puede requerir el levantamiento de la información reservada, de acuerdo con la ley, y coordinar acciones con el Ministerio del Interior y el Comando conjunto de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, puede solicitar una extensión debidamente compatible si la magnitud de la investigación lo merece.
