Sr. Director:
La burocracia excesiva del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) le costó al país US $ 2.2 mil millones en 2024, equivalente al 0.7% del PIB, y retrasó la creación de hasta 100,000 empleos, 30 mil permanentes. La inversión no solo es esencial para el progreso económico y social, sino también para enfrentar el cambio climático. En las próximas décadas se requerirán más de US $ 50,000 millones para mejorar nuestro estándar tecnológico-ambiental. Paradójicamente, los proyectos que presentan el mayor retraso son aquellos que contribuyen a limpiar la matriz energética. Ejemplos paradigmáticos son la esquina de los parques eólicos en Biobío y las ovejas del sur de los ríos, con 1,380 y 1.418 días bajo evaluación, respectivamente. Otros casos apremiantes son proyectos solares en Atacama; de hidrógeno verde y amoníaco en Antofagasta y Magallanes; o líneas de transmisión en múltiples regiones. Más preocupante es el retraso en la infraestructura crítica, como los puertos, las líneas de metro o los establecimientos de salud.
¿Cómo combatir esta permisología sofocante? Después de desalojar el proyecto de ley que revisa la SEIA, el gobierno anunció la entrada de una iniciativa para acelerar la descarbonización. Es vital aprovecharlo para expandir su alcance e incorporar cambios espinales que no pueden esperar. Proponemos: Eliminar la influencia de los servicios sectoriales co -oopped por grupos de interés, como el Consejo Nacional de Monumentos; eliminar instancias políticas como el comité de ministros; Empoderar al regulador para acelerar los proyectos recurrentes con procesos Vía rápida y estándares predefinidos, como en Portugal o en los Estados Unidos; Otorgue al Presidente la atribución para promover la infraestructura crítica, definiendo a priori el alcance de la evaluación, limitando los requisitos de información y estableciendo plazos fatales para la administración para su aprobación por razones de utilidad pública o transición energética. Esto incluye viviendas sociales, hospitales, prisiones, gestión de residuos, agua potable o saneamiento, transmisión eléctrica, entre otros. A esto se agrega al mar al Código Laboral para avanzar en la profesionalización.
Pero no todo requiere ley. Hoy tenemos una cartera en evaluación cercana a US $ 100,000 millones. Debemos aprobar, al menos, dos tercios de dicha cartera después de los promedios históricos y con el impulso determinado del presidente. Si queremos reactivar nuestro mercado laboral de Alicaid, con más de 900 mil desempleados, y crecer al 4%, tenemos que ir a la acción.
Alejandro Weber
Dean Economy, Business and Government Government
Cristóbal de la Maza
Centro de políticas públicas del USS
