“Esta medida amenaza la libertad de la prensa y la ley ciudadana para informar sobre cualquier caso de interés público”.
Por lo tanto, la Facultad de Periodistas catalogó la moción presentada por un grupo de senadores, que ya ha sido calificado como un intento de la Ley Gag 2.0, que busca tipificar y castigar con la cárcel de la difusión de la información de las causas judiciales reservadas, como el caso de audio o los antecedentes de la queja por abuso sexual y la violación de Manuel Monsalve.
A través de una declaración pública, el proyecto del Consejo Metropolitano de la Unión reaccionó al Boletín 17,484-07, presentado por Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (Udi), Paulina Núdez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS).
“El Consejo Metropolitano de la Facultad de Periodistas de Chile rechaza el proyecto de ley que trata de sancionar con la cárcel de la difusión de información sobre investigaciones penales reservadas”, dice la instancia del sindicato.
La moción parlamentaria nacida de los senadores, se discute en la Comisión de Constitución y uno de los mayores problemas advirtiendo por el mundo de la prensa, es lo que se indica en la página cinco del boletín.
Agrega lo siguiente, que podría incluirse en el código de procedimiento penal y afectar directamente a los periodistas: “Reemplace el párrafo final del artículo 226 J con lo siguiente: ‘El que entregaré, informaré, difundiré o difundiré información De cualquier naturaleza sobre una historia de una investigación cubierta por el secreto, incurrirá en la pena de prisión menor en su medio a máximo. “
Dado esto, la Facultad de Periodistas enfatiza que “el proyecto, no diferenciando entre los que filtran y los que informan, Expone periodistas y medios de comunicación a la criminalización, ignorando su función democrática “-
“Gracias al periodismo, los ciudadanos han conocido casos de corrupción y uso inadecuado de fondos públicos que de otro modo habrían permanecido ocultos”, dice el gremio.
“Chile ha avanzado hacia una mayor transparencia en las instituciones públicas, pero esta iniciativa se remonta a la opacidad y debilita la democracia. Actualmente existen mecanismos para sancionar datos ilegales sobre datos privados y conversaciones que están bajo la custodia de los fiscales y/o jueces. Persecutan a quienes solo informan amenazan el papel esencial del periodismo”, agrega la comunicación de las universidades de los periodistas.
Finalmente, desde lo orgánico hicieron un sitio al Senado para “cumplir con su papel institucional y eliminar cualquier disposición que penaliza el ejercicio legítimo del periodismo” y también instó a los ciudadanos a “defender la libertad de prensa como un derecho fundamental”.
Araya descarta que es una ley de mordaza y confirma posibles multas a los periodistas
Uno de los autores del proyecto, el senador Pedro Aaya (PPD), defendió las implicaciones del proyecto contra la prensa. Sin embargo, descartó que es una “ley de mordaza”.
“Describo que esta es una Ley de Gag 2.0.Esta es una ley que busca resolver un problema que hoy tiene el sistema de enjuiciamiento penal, que son las filtraciones ”, Araya dijo.
En su justificación para la moción, argumentó que “aquí está destinado a regular ciertas situaciones que hoy tienen un marco difuso de regulación en asuntos de procedimientos penales, el producto que en el momento en que el código se emitió las tecnologías actuales de comunicaciones no existían y, por lo tanto, distinguen esas cosas que son de la vida privada de una persona y que se mantienen en esa área, y que solo aquellas cosas que tienen un interés en la inversión criminal”.
Por lo tanto, argumentó que existe una “colisión de derechos” constitucional entre la libertad de prensa, la garantía del funcionamiento adecuado del sistema judicial y el derecho a la defensa y el honor de las personas.
Araya explicó que el proyecto busca mayores sanciones para funcionarios públicos vinculados a casos penales reservados como fiscales, funcionarios del ministerio público, el poder judicial y la policía.
Sin embargo, Araya confirmó que “lCuanto mayor se otorga la pena a los funcionarios públicos y, finalmente, los periodistas o un individuo podrían ser sancionados con una multa“
