En EE.UUEl acceso a los servicios de salud sigue siendo un tema sensible y a menudo controvertido, especialmente cuando se trata de personas en inmigración irregular. A medida que cambian las leyes y políticas estatales, surgen nuevas tensiones sobre quién tiene derecho a recibir ciertos beneficios, especialmente cuando la salud y la bienvenida de cientos de personas están en juego.
Recientemente, una iniciativa legal en uno de los estados del país ha captado la atención de médicos, activistas y defensores de los derechos civiles. La razón: una medida que podría salir sin tratamiento médico a quienes más lo necesitan, simplemente por no tener documentos. Ante esto, un grupo de ciudadanos decidió actuar, y su caso ya ha llegado a la justicia federal.
Esta demanda busca dar beneficios a los indocumentados en los EE. UU.
En medio de un creciente debate nacional sobre el acceso a la salud y los derechos de InmigrantesUna nueva ley en Idaho encendió las alarmas de médicos, organizaciones civiles y pacientes. Las regulaciones, que entrarán en vigor a partir del 1 de julio, limita el acceso a los beneficios públicos para las personas indocumentadas, incluso cuando se trata de afecciones médicas graves como el VIH.. Por lo tanto, un médico y cuatro residentes del estado han presentado una demanda federal con la esperanza de frenar su implementación.
Como se informa CBSla ley fue promovida después de una orden del presidente Donald Trump que requiere verificar la residencia legal para acceder a ciertos servicios. Aunque todavía permite atención de emergencia, excluye enfermedades crónicas, dejando de lado a las personas con diagnósticos que requieren tratamientos constantes. En este contexto, los demandantes buscan que la justicia amplíe el fallo a todos los migrantes afectados, evitando las interrupciones en los tratamientos vitales.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertads Civil (ACLU) de IdahoEn nombre del Dr. Abby Davids y cuatro personas con VIH cuya identidad está protegida por razones de seguridad. Los abogados argumentan que la ley es confusa, choca con regulaciones federales y pone a los proveedores de salud en problemasque no siempre pueden confirmar el estado de inmigración de sus pacientes. Esto genera barreras que podrían tener un costo humano muy alto.
Además, la carta judicial enfatiza que retirar el acceso a los medicamentos no solo pone en peligro la salud de quienes viven con el VIH, sino que también representa un riesgo para la salud pública. Con el tratamiento, muchas personas logran una carga viral indetectable, lo que evita la transmisión del virus. Sin ese control, la situación puede revertirse y tener graves consecuencias. La demanda busca detener esa amenaza antes de que sea demasiado tarde.
