El Presidente de la República ha completado la nominación de dos candidatos para ocupar dos de las vacantes pendientes para mantenerse en la Corte Suprema. Esta propuesta debe presentarse al Acuerdo del Senado de acuerdo con el sistema actualmente válido.
Las nominaciones indicadas dan como objetivo reflexionar sobre los nombramientos judiciales atendidos a los desafortunados episodios que ocurrieron el año pasado que condujo al despido de dos ministros de la Corte Suprema involucrados en conflictos de intereses y falta de probidad. A esto se une el caso del juez de garantía, hoy suspendido de sus funciones, y autor de un error inexplicable en la decisión de una medida de precaución que terminó en la libertad y el posterior escape del “Sicario de Meiggs”.
En este sentido, la opinión evacuada por la Comisión de Venecia, a pedido del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, debe tenerse en cuenta, con respecto a la reforma constitucional procesada en el Congreso, sobre el Gobierno Judicial y la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales.
En la opinión antes mencionada, del 16 de junio, la Comisión de Venecia enfatiza la importancia de lograr la elección de “buenos jueces” basado en un sistema que privilegia el mérito de los seleccionados. Agrega que esto no puede basarse solo en el conocimiento, las habilidades analíticas o la excelencia académica, pero que el carácter, el buen juicio, la accesibilidad, las habilidades comunicativas y la eficiencia en las decisiones también deben ponderarse. Estos son elementos que contribuirán a imprimir la legitimidad necesaria a los nuevos jueces, al tiempo que contribuyen a la emisión de oraciones dotadas de un lenguaje claro y comprensible para todos los ciudadanos.
En el mundo no se ha logrado en un sistema que asegura a los jueces de Probos, lejos de la contingencia política y absolutamente libre de sucumbir a las influencias de la naturaleza más diversa. Entre los factores que identifican la Comisión de Venecia se encuentra la existencia de un régimen presidencial o parlamentario, así como la prevalencia de consideraciones políticas sobre el mérito de los candidatos. En los regímenes presidenciales, como el nuestro, se debe evitar la influencia excesiva del jefe del estado en los nombramientos y, con respecto a la intervención del Senado, es necesario evitar la politización de los nombramientos basados en quothes u otras razones similares.
Incluso cuando la reforma de los nombramientos de jueces sigue su proceso legislativo al ofrecer esta responsabilidad a un consejo de nombramientos judiciales, la nominación llevada a cabo por el Presidente de la República abre una oportunidad única para generar una nueva cultura en este asunto, una “cultura de independencia”, nuevamente evocando la Comisión de Venecia. La protección efectiva de los derechos de las personas y grupos merece este esfuerzo.
Por Marisol PeñaCentro de Justicia Constitucional de UDD
