El diputado Jorge Alessandri Presentó una queja seria el martes ante el Contralor General de la República, acusando a la presidencia de la República para establecer un sistema irregular y sistemático de contratación directa.
Específicamente, es un sistema que Va en contra de la Ley No. 19,886 de las compras públicas Y, según un comunicado, el parlamentario “a los principios de probidad, transparencia, eficiencia y libre competencia que deben gobernar las acciones de la administración estatal”.
En el breve ingresado al Contralor, y dirigido al Contralor Dorothy Pérez– se detalló que Solo durante el primer semestre de 2025 367 se realizó el tratamiento directo protegido en la misma causa legal: El supuesto “costo desproporcionado” de realizar un procedimiento competitivo.
Para el diputado Alessandri, esta justificación se aplicó “en un caso genérico, copiado y sin análisis por caso, que constituye abusivo y contrario a la legalidad actual”.
“Aquí no nos enfrentamos a un error administrativoPero antes de un patrón sistemático para evitar los controles, beneficiar a ciertos proveedores y operar fuera de la ley ”, dijo el parlamentario.
Entre las irregularidades denunciadas por el parlamentario, se advierte:
- Uso fraudulento del argumento de “costo desproporcionado”, comparando artificialmente contratos menores con licitaciones públicas completas.
- Evitación deliberada del mecanismo legal de compra ágil, creada para adquisiciones adquiridas 100 UTM (aproximadamente $ 6,864,700).
- Fragmentación de contratos, premios repetidos a los mismos proveedores y variaciones de precios injustificados.
- Contratación de compañías intermedias para servicios fuera de su giro comercial, como en el caso de Monky Spa, contratado para la limpieza sin que ese sea su artículo.
- Simulación de emergencia administrativa para justificar los servicios que, por su naturaleza, se planean con meses de anticipación.
Dado esto, Alessandri le pidió al Contralor que abriera una investigación especial sobre estos 367 contratos y otras similares de años anteriores, determinar las responsabilidades administrativas y emitir un pronunciamiento que instruya a la presidencia sobre el uso excepcional del tratamiento directo y la aplicación obligatoria de mecanismos competitivos como la compra ágil.
