La decisión no contestada del gobierno de reducir el pago por voto que recibirán candidatos y partidos políticos en las elecciones generales que tendrán lugar dentro de unos días ha generado un gran revuelo en el mundo político. Este cambio, contenido en el Proyecto de Ley de Presupuesto que el Ejecutivo presentó al Congreso, tomó por sorpresa a los propios parlamentarios, lo que naturalmente ha despertado un malestar transversal.
El gobierno estima que, dado que estas elecciones serán con voto obligatorio, se garantiza que el volumen de electores será considerablemente mayor, lo que incrementará el pago por votación que recibirán partidos y candidatos. Para evitar que esto se traduzca en un mayor desembolso fiscal, el Ejecutivo propuso reducir el monto que se pagará por cada voto, y a su vez asegurar un piso determinado; Esto lograría un efecto neutral.
Si bien es válido que se pueda plantear esta discusión, es irresponsable que una reforma de esta magnitud se pretenda asentar de manera improvisada en la Ley de Presupuesto, cuando faltan sólo un par de semanas para las elecciones. Quizás había margen para reducir los desembolsos a la política, pero el hecho de que se esté legislando en vísperas de una elección dificulta un acuerdo, entre otras razones porque es evidente que cuando varios parlamentarios ya han comprometido créditos o garantías contra el reembolso que esperaban recibir, no es realista suponer que a estas alturas aceptarán fórmulas de este tipo.
Seguramente se argumentará que, dado que partidos y candidatos seguirían recibiendo una cantidad similar a la que reciben hoy, entonces esta reforma improvisada no entraña mayores complicaciones. Pero tal situación es arriesgada, porque se construye sobre bases inciertas, ya que no hay certeza de cómo se comportarán estos votantes adicionales, sin que sea posible descartar que una parte de ellos vote en blanco o cancele.
Más allá de los pros y los contras de los cambios propuestos por el gobierno, lo cierto es que las reglas electorales vuelven a modificarse sobre la marcha, justo en la antesala de unas elecciones, como resultado de reformas improvisadas o por criterios discrecionales de la autoridad, lo que ciertamente supone un enorme riesgo no sólo para la salud de nuestra democracia -no puede considerarse saludable-. puertas publicitarias de las elecciones, todavía estamos definiendo el importe que se reembolsará a los candidatos y a los partidos, pero también la solvencia institucional, donde un factor fundamental es garantizar la estabilidad de las reglas y la debida certidumbre.
Ya habíamos visto el descuido del Ejecutivo con la estabilidad de las reglas electorales y el afán de legislar sobre la marcha con motivo de la recién aprobada reforma para introducir sanciones a quienes no voten en estas elecciones, así como en la moneda de cambio que se utilizó para lograr su aprobación, que fue una improvisada reforma de la Constitución encaminada a restringir el voto de los extranjeros.
Si bien es evidente que de no haber multa entonces el voto pasaría en realidad a ser voluntario -contraviniendo el mandato constitucional sobre su obligatoriedad-, aun así sectores oficialistas y oficialistas retrasaron irresponsablemente la ley que establece las multas. No importó que con esa indefinición se pusiera en duda el número de electores que tendría el censo electoral, a pocos meses de la elección, cuestión que recién se zanjó a finales de septiembre, cuando el Congreso aprobó la ley que incluía las multas y la modificación a la Carta Fundamental en materia del voto de los extranjeros.
Si estos cambios improvisados y sobre la marcha en las reglas electorales ya deterioran la imagen de nuestras instituciones, los cuestionables criterios adoptados recientemente por el Servel en relación a la publicación de la lista de quienes fueron elegidos miembros de la mesa incurren en el mismo vicio. Esto produce una enorme decepción e incertidumbre, teniendo en cuenta que dicha institución había dado hasta ahora señales de actuar con rigor y apego a la ley, atributo que ciertamente es fundamental a la hora de generar confianza en la supervisión de todo el proceso electoral.
Una indicación introducida a última hora en el proyecto de ley sobre multas por no votar, establecía que “el Servicio Electoral publicará en su sitio web la lista completa de los miembros de la mesa receptora de votos y de los miembros de los colegios de escrutinio”. El Ejecutivo publicó la ley el pasado jueves 23 de octubre -y podría haberlo hecho en los días siguientes-, cuando solo faltaban dos días para que distintos medios de comunicación del país -entre ellos La Tercera- distribuyeran estas nóminas en sus diarios. La consecuencia es que el Servel decidió ese mismo jueves instruir a las Juntas Electorales para que no continúen con el proceso de publicación de estas listas, esto a pesar de que desde hace días, como lo demuestra un comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), “los diarios trabajaron de buena fe y en estricto cumplimiento de las órdenes de publicación emitidas por las Juntas Electorales que, como órganos locales, son los encargados del acto de notificar a quienes actuarán como vocales en las próximas elecciones”.
Pese a esta instrucción del Servel, las Juntas Electorales decidieron continuar con la publicación, dejando claro -correctamente- que no podían dar marcha atrás con procesos ya en marcha, a lo que la respuesta del Servel fue que no pagará esas publicaciones. La ANP señala que “esta acción no sólo es un signo de profunda desorganización, sino que constituye un acto que atenta contra la confianza legítima, y el cumplimiento de los contratos válidamente celebrados conforme a la legislación vigente. Si el Servel desconociera el trabajo realizado, incurriría en enriquecimiento injusto a costa de los medios de comunicación y desautorización de las propias Juntas”.
Además de que resulta desconcertante que un organismo del Estado intente ignorar obligaciones ya contraídas apoyándose en un sorprendente cambio legal, la caprichosa determinación del Servel cae en el mismo patrón de alterar las reglas del juego cuando el proceso electoral está en pleno desarrollo, desviándose de la línea que hasta ahora había seguido este organismo.
Sin duda, también hay que lamentar que los propios parlamentarios hayan acordado aprobar una norma que puede resultar muy perjudicial para los medios de comunicación -especialmente los pequeños medios regionales-, algo que se hace justo cuando la industria atraviesa momentos difíciles para poder financiar su actividad.
