El juez asestó un duro golpe la tarde de este martes Patricio Álvarezdel Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a los intereses del Ministerio Público. Y luego de cuatro días de formalización de cinco de los protagonistas del llamado caso ProCultura, el magistrado Rechazó el pedido de prisión preventiva y solo accedió a permanecer con arraigo nacional.
estos son los acusados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Pradoaunque al respecto previamente se decretó su arresto domiciliario total.
La defensa de Larraín
Fueron casi dos horas que el argumento de la defensa de Alberto Larraín -uno de los principales protagonistas de este aspecto del caso Covenants-, a cargo del dúo de abogados Cristian y Vicente Arias.
Frente al juez Patricio ÁlvarezCristián Arias inició la defensa del psiquiatra acusado de malversar más de 1.600 millones del Gore Metropolitano. El abogado cuestionó la investigación que adelanta el Ministerio Público y pidió al juez rechazar la prisión preventiva para su cliente. En este sentido, Manifestó que hay una “imputación tan difusa que deja bastante en evidencia que en el fondo no está claro que se haya cometido un delito penal”.
Arias descartó la existencia de un posible fraude al Fisco y, sobre los más de $1.600 millones que la Fiscalía afirma fueron defraudados en el contrato entre ProCultura y el Gore Metropolitano, aseguró que “Lo que está claro es que el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín”.
Asimismo, sostuvo que ProCultura no es Viviendo la Democracia, ya que la organización de su cliente “tiene 15 años de experiencia con decenas de proyectos con instituciones públicas y privadas que fueron adjudicados sin ningún inconveniente (…). Es completamente falso que ProCultura, y en especial Alberto Larraín, no tuvieran la experiencia para abordar temas de salud mental.”.
Por otro lado, el abogado Vicente Arias destacó la colaboración que ha brindado Larraín en la investigación de casi dos años del Ministerio Público: “Desde el primer momento ha colaborado en varias ocasiones y de varias formas diferentes”. Asimismo, el abogado mencionó que su cliente “no sale del país desde el año 2023, precisamente por la investigación que se adelanta”.
Para cerrar su alegato, el defensor aseguró que Mantener a su cliente privado de libertad sería “desproporcionado”ya que Larraín “no es un peligro real para la sociedad” y actualmente trabaja con pacientes a través de su profesión de psiquiatra. Por ello, Arias mencionó que el arresto domiciliario total “es una medida suficiente”.
los coacusados
En plena audiencia también fue el turno de las demás defensas, momento en el que los abogados de los imputados María Constanza Gómez. y Evelyn Magdaleno protestaron. Esto se debe a errores presentes en los antecedentes de la investigación presentada por el Ministerio Público antes de culminar la formalización.
Los abogados de Gómez, Sebastián Soto y Alejandro AlegríaExplicó que la Fiscalía atribuyó un audio -fechado el 3 de febrero de 2022- a su cliente en el atestado policial del caso, pese a que no fue ella quien lo realizó, sino el imputado María Teresa Abusleme.
Por eso, los abogados denunciaron que hubo “ciertas irregularidades en la investigación” por parte del Ministerio Público y que el caso demuestra “falta de competencia del equipo de investigación (…) Respecto a los antecedentes que se estima para redactar la formalización.”
Por su parte, la abogada de Magdaleno también se pronunció sobre el audio. El defensor explicó que ni siquiera corresponde al período en que se creó el proyecto Quédate, sino a un contrato que se hizo antes del proyecto y que se adjudicó los fondos Gore de la Región Metropolitana.
Asimismo, el abogado explicó que todos los chats expuestos de fondo que sustentan la prisión preventiva corresponden a Coordinación del contrato descrito anteriormente.ocurrido durante 2021.
Por ello, el defensor criticó la investigación del Ministerio Público y afirmó que Hay “una confusión gigante por parte de la fiscalía”.
Ante estos antecedentes, junto con otras personas representadas por ellos, los abogados de todos los imputados en el caso solicitaron al juez Álvarez rechazar la solicitud del Ministerio Público de decretar prisión preventiva para el imputado.
Esto, en todo caso, lo decidirá mañana el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía.
Los planteamientos de la Fiscalía
Pese a la resolución del magistrado, durante los días de la audiencia, el fiscal Cristián Aguilar insistió en la necesidad de actuar con cautela, debido a la gravedad de los delitos que se persiguen.
Como destacó el fiscal durante las audiencias anteriores, los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, Actuaron en concierto con el gobernador Claudio Orrego para que ProCultura se adjudicara el acuerdo que les permitió recibir $1.683.788.000 y así defraudar al Fisco.
Para acreditarlo, el fiscal detalló los vínculos previos que existieron entre los coimputados y la estrecha relación que mantenían. Pero, además, existe un precedente que probaría que el proceso de adjudicación de los fondos estuvo viciado. Según Aguilar en los días previos, “La fundación operó constantemente con una estrategia coordinada impulsada desde los más altos niveles del Gore Metropolitano para asignar proyectos financiados con fondos públicos.“.
Citó, en esa línea, un audio de una conversación entre Gómez y Larraín de febrero de 2022, donde la actriz profesional sostuvo: “Alberto, hablé con Evelyn, y… te envío un audio porque sé que estás conduciendo, espero que sea un poco más fácil. Y lo que vamos a hacer es que vamos a armar el perfil del Programa Intergeneracionalidad igual que los otros perfiles de Atención y Salud Mental y ella los va a licitar, luego nosotros hacemos el diseño y ella luego hace todo el proceso para licitar. Así que cuando vuelva voy a hablar con Pablo y el Consu, a ver cómo trasladamos lo que tenemos a este diseño que ellos exigen. Y básicamente lo presentan como una iniciativa de Gore y lo sacan a licitación para que ganemos la licitación. y así todo es más transparente.”
Asimismo, el fiscal presentó parte de la declaración de Marcial Marínjefe del Departamento de Planificación Social y Estudios de Gore y que trabajó bajo el liderazgo de Magdaleno. “La indicación me la dio directamente mi jefa, Evelyn Magdaleno. Ella me indicó que trabajara con la Fundación Procultura para diseñar un Término de Referencia y me pidió que gestionara un servicio especializado con ellos. mi liderazgo Me dijo específicamente que trabajara con Teresa Abusleme de Procultura, a quien también identificó como su amigo. “Me dio los datos de contacto, diciéndome que procediera a gestionarlo para concretar el servicio especializado”, dijo el profesional.
Junto a esto, Marín también declaró: “Si hubiera dependido únicamente de nosotros, probablemente no habríamos utilizado el brillo presupuestario 7.1 como mecanismo. Sin embargo, la determinación de utilizar esta herramienta Fue una instrucción que vino directamente de nuestra sede. y fue parte de una estrategia general impulsada por la administración del Gobierno Regional”.
Así, y como resultado de una serie de otros antecedentes recabados durante la investigación, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que “los recursos públicos asignados en el marco del proyecto ‘Quédate’ fueron transferidos sin un proceso previo de selección ni verificación de la experiencia acreditada ni de la idoneidad técnica de la Fundación”. “Se procedió a una asignación discrecional, por tanto arbitraria, careciendo de parámetros objetivos de evaluación y sin observar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública”..
Para la Fiscalía todo fue parte de un “acuerdo conjunto entre los integrantes de la Fundación y los del Gobierno Regional Metropolitano, siendo dirigido este proceso por el Gobernador Claudio Orregoquien supervisó las decisiones sobre los proyectos, actuando previamente de común acuerdo con los restantes demandados.”
