Como es habitual cada mes de febrero, el expresidente de Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil Gómez, se trasladó al sur de Chile para disfrutar de la temporada de verano. Sin embargo, este verano será diferente para el empresario, quien se encuentra en medio de una estrategia legal que busca cerrar los frentes judiciales derivados de su estadía de cinco años en el centro de salud ubicado en Estoril 150.
En el marco del conflicto que mantiene con ex médicos del CLC, quienes reclaman honorarios impagos, su abogado, Álvaro Jofré, solicitó el 14 de enero al Juzgado 4° de Garantía autorización para que su cliente cumpla con la medida cautelar de firma mensual en el control de Carabineros en Puerto Octay, en la Región de Los Lagos, durante este mes.
Alejandro Gil es pareja de Cecilia Karlezi Solari, hija de la fallecida María Luisa Solari, una de las principales herederas del clan Falabella. Entre sus mayores aficiones se encuentran los caballos, los camiones y los casinos.
Gil ocupó la presidencia de Clínica Las Condes durante el período en que el Grupo Auguri, liderado por Cecilia Karlezi, mantuvo el control de la institución. Durante su gestión, que se extendió del 5 de diciembre de 2019 al 10 de enero de 2025, acumuló varios conflictos mediáticos relacionados con la administración de la clínica.
Durante esos años, Gil estuvo repetidamente en el foco público, enfrentando disputas con médicos, proveedores de salud, Hacienda y sus propios gerentes generales. Entre esos episodios se encuentran la aplicación de una tercera dosis de la vacuna Covid-19, en junio de 2021, cuando las autoridades sanitarias aún no habían autorizado una nueva inmunización, así como el conflicto que terminó con el despido de conductores de ambulancias, luego de que a uno de esos vehículos se le desprendiera una llanta delantera derecha.
Pero hay otros dos casos relevantes en los que Gil podría encontrarse ad-portas de una definición clave.
Para el miércoles 1 de abril, la jueza Carolina Araya, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, fijó una audiencia de suspensión condicional de las actuaciones en esas dos investigaciones penales que se desarrollan desde hace años.
Ex director general y médicos
Conocedores de las negociaciones señalan que una solución alternativa parece conveniente para el empresario, ya que le permitiría poner fin a los conflictos judiciales, evitar una exposición pública prolongada y reducir el riesgo de una eventual condena, cerrando las disputas mediante acuerdos económicos con la Fiscalía.
El primero de ellos que podría concluirse surge luego de que el exgerente general de CLC, Fredy Jacial, presentara una denuncia por denuncia calumniosa ante el Ministerio Público contra el empresario y exgerente general de la empresa, Jerónimo García. Jacial interpuso la acción legal luego de ser absuelto y sobreseído definitivamente de la denuncia por administración desleal que interpuso la clínica en su contra en 2021, cuando era dirigida por Gil. En este caso, se le acusó de haber autorizado el ingreso de un número importante de pacientes de Covid por encima del límite fijado por el gobierno, lo que habría generado un daño económico a la clínica, estimado en $8.598 millones.
La segunda causa está relacionada con el conflicto que Gil mantiene desde 2023 con un grupo de 35 médicos, quienes presentaron denuncias contra Clínica Las Condes y, en particular, contra el propio empresario. Los médicos lo acusan del presunto delito de apropiación indebida, incluida la emisión de recibos falsos y la retención de dinero cobrado a los pacientes.
Ambas investigaciones están formalizadas. El 6 de agosto de 2024, la Fiscalía notificó al Juzgado 4° de Garantía los cargos de apropiación indebida en contra del empresario. Posteriormente, el 21 del mismo mes, Gil fue formalizado por la denuncia calumniosa, instancia en la que el tribunal rechazó su pedido de sobreseimiento.
Sin embargo, un eventual cierre de estos flancos legales de Alejandro Gil se produciría en medio de otro proceso que recién comienza y que podría volver a ponerlo en el punto de mira de la Fiscalía.
¿La razón? En enero de este año, CLC –hoy controlada por Indisa y EuroAmérica– presentó una denuncia penal por presunta entrega de información falsa al mercado, con base en auditorías forenses realizadas a sus registros contables. Si bien la acción penal, patrocinada por el abogado Juan Domingo Acosta, no menciona expresamente al empresario, sí subraya que las supuestas “inconsistencias y anomalías” fueron detectadas en los registros contables de CLC y sus filiales durante la gestión encabezada por el Grupo Auguri.
Abogados demandantes
Alejandro Gil y su abogado declinaron hacer comentarios sobre este artículo. Distinta fue la posición de los abogados de algunos de los demandantes, quienes sí se refirieron a los dos casos.
Patricio Fernández, abogado que representa a 18 exmédicos de la clínica, explicó que en octubre del año pasado los médicos retiraron las denuncias contra CLC, pero mantuvieron vigentes las acciones contra Gil. Asimismo, precisó que ni él ni sus clientes han sido considerados en un posible acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del empresario. En ese contexto, solicitó una serie de diligencias, entre ellas la incorporación a la investigación de la auditoría realizada por KPMG a la contabilidad de la clínica, así como una nueva citación a declarar del expresidente del consejo directivo, aunque algunas ya fueron rechazadas por el Ministerio Público.
“A pesar de los acuerdos alcanzados con CLC, estimamos que existe un perjuicio económico que aún no ha sido resuelto. Además, ante la nueva información que ha surgido en la prensa, se han solicitado nuevas diligencias”, dijo.
En la misma línea, agregó que “para nosotros es absolutamente relevante investigar a fondo la responsabilidad penal de Alejandro Gil durante el período de su administración”.
Por su parte, la abogada Trinidad Luengo, quien asesora a Fredy Jacial, indicó que, como demandantes, esperan que la eventual solución alternativa acordada entre la Fiscalía y Alejandro Gil “considere significativamente la reparación del daño que el expresidente de Clínica Las Condes causó a mi cliente y al sistema de justicia penal, al acusar falsamente al señor Jacial de haber cometido un delito que nunca ocurrió”.
