A El 77% de los consultados por Cadem no está de acuerdo con que las personas condenadas por violaciones de derechos humanos puedan terminar de cumplir sus penas en régimen de reclusión domiciliaria.incluso si cumplen los criterios de edad avanzada o problemas de salud, como revela la última encuesta Plaza Publica correspondiente a la primera semana de marzo.
La encuesta se conoce en medio del debate político generado por la Proyecto de ley de conmutación de pena aprobado generalmente por el Senado.que propone permitir que hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 con enfermedades terminales o problemas graves de salud cumplan el resto de sus condenas en sus domicilios.
Según el estudio, el 83% de los encuestados declaró conocer la iniciativa legislativa.
En la misma línea, los resultados muestran que la oposición ciudadana aumenta significativamente cuando el eventual beneficio involucra a los condenados por delitos especialmente graves.
En ese contexto, un 92% de los encuestados expresaron contra que las personas condenadas por violación o asesinato pueden acceder a este tipo de castigo alternativo.
Asimismo, un 76% rechaza que el beneficio se aplique únicamente en función de criterios de edad -hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65-, mientras que un 56% también se opone cuando se trata de internos de edad avanzada con enfermedades graves o terminales.
Proyecto a debate en el Congreso
El debate surge tras la aprobación general en el Senado de un proyecto impulsado por el Senador Francisco Chahuán (RN)que obtuvo 23 votos a favor y 22 en contraabriendo ahora un periodo para presentar indicaciones y modificar su contenido hasta la 16 de marzo.
La iniciativa contempla criterios amplios para acceder al cumplimiento alternativo de penas, incluyendo la edad, enfermedades graves o condiciones de salud que dificulten la permanencia en un centro penitenciario.
Según estimaciones preliminares, la norma podría beneficiar inicialmente Casi 370 condenados por causas de derechos humanos.además de otros 365 reclusos condenados por delitos graves como homicidios, secuestros o delitos sexuales.
