Quince años después del caso de el polar, El escándalo de los acuerdos unilaterales resurge en los tribunales. El viernes, el Corte Suprema resolvió desestimar los recursos presentados por un grupo de ex ejecutivos de la tienda departamental, que intentaban así revocar el fallo de la Corte de Apelaciones que los había condenado al pago de una millonaria indemnización por el daño causado a los fondos de pensiones administrados por AFP Provida.
El fallo del tribunal de apelaciones había establecido la responsabilidad de los ex ejecutivos por los daños causados tras el fraude que sacudió el mercado local en 2011.
El 13 de marzo de 2026, la Sala Primera del Tribunal Supremo rechazó los recursos de fondo presentados por los exdirectores de la multitienda, que a finales de 2023 se fusionó con ABC Din para formar la cadena. abecedariouna firma controlada por la familia Santa Cruz y Leonidas Vial.
esto despues Santiago Grangeex Gerente de Finanzas; Matías Gonzálezex director general interino; Pablo Mayorex-presidente; y Nicolás RamírezEl ex gerente general, intentará revertir la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones. El fallo había aceptado el reclamo de indemnización por daños y perjuicios presentado por AFP Provida a favor de los fondos de pensiones que administra, señalando que el daño total sufrido por los fondos de pensiones de Provida por el caso La Polar asciende a 2.575.388 UF ($102.607 millones).
Según el fallo de la Corte Suprema, AFP Provida, como administradora de fondos de pensiones, tenía una serie de recursos invertidos en La Polar. Al 8 de junio de 2011, el total invertido fue de $101.568 millones. De esa cantidad, alrededor del 40% estaba en acciones y el 60% en bonos. Los fondos A, B, C, D y E tenían $40.306 millones en acciones de La Polar, equivalentes a 17.255.636 acciones. Además, los fondos mantuvieron una inversión en cuatro series de bonos La Polar por UF 2.769.500, cuyo valor al 8 de junio de 2011 era de $61.261 millones.
El fallo del máximo tribunal concluyó que dado que en sus recursos los ex directivos no denunciaron la violación de las leyes que regulan la valoración de la prueba, los hechos establecidos por los jueces que conocieron el caso en las instancias anteriores deben considerarse definitivos. “La interpretación y aplicación de las normas pertinentes al caso objeto de estudio son inmutables para este tribunal”, concluyó el fallo.
La sentencia fue dictada por unanimidad de la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Mario Carroza, Jorge Zepeda (S) y Hernán Crisosto (S), y las abogadas vocales Fabiola Lathrop y Andrea Ruiz.
En el litigio, AFP Provida fue asesorada por Alfredo Waughsocio del estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo Abogados.
Descargos de responsabilidad
Los condenados declinaron pronunciarse sobre este fallo y a través de sus allegados indicaron que no cuentan con los recursos para responder a la demanda de AFP Provida.
Las mismas fuentes consultadas cuestionaron que los jueces no aceptaron el reclamo planteado por la defensa de los ex ejecutivos por la responsabilidad de las AFP en la administración de los fondos por el “comportamiento anómalo de la actuación” de La Polar.
En el proceso, Santiago Grange -representado por abogado Germán Ovalle Se defendió diciendo que nunca tuvo acceso a información privilegiada. También afirmó que está financieramente “arruinado” y que debe a los bancos 2.102 millones de dólares. Explicó que su única función era obtener capital de los inversionistas, utilizando información contable auditada y aprobada por los comités de directores, y que siempre estuvo al margen de las tareas administrativas.
Por su parte, Nicolás Ramírez Solicitó que se desestime la demanda y que se condene en costas al demandante. Señaló que los fondos de pensiones no han sufrido daños patrimoniales resarcibles, porque tienen derechos de indemnización frente a AFP Provida. Además, afirmó que no tenía conocimiento de las prácticas irregulares contables y financieras mencionadas, por lo que no pudo haber proporcionado información falsa ni a la Superintendencia ni al mercado.
Pablo Mayor También pidió que se desestime la demanda. Primero, porque el demandante participó en un acuerdo judicial preventivo, aceptando nuevas condiciones de pago, que habrían extinguido la responsabilidad principal de La Polar y la de la demandada. En segundo lugar, porque los daños reclamados no serían claros ni determinados, ya que no se sabe a qué precio se compraron las acciones y no se consideraron las ganancias obtenidas ni el riesgo inherente al mercado de valores.
Grange, Ramírez y Alcalde contaron con la asesoría legal de German Ovalle, Mario Rojas y Guillermo Chahuanrespectivamente.
