En los últimos días se ha consolidado una idea que hasta hace poco parecía lejana: la dependencia digital ya no es sólo un problema técnico, sino un riesgo estratégico. La advertencia es correcta, pero está incompleta.
Chile ha construido una de las economías digitales más avanzadas de América Latina. Con altos niveles de conectividad, adopción tecnológica y servicios digitalizados, el país aparece en clasificaciones internacional como líder regional. Sin embargo, esta fortaleza es, al mismo tiempo, su principal vulnerabilidad: la mayor parte de esta capacidad descansa en infraestructuras, plataformas y servicios que no controlamos.
La analogía con la crisis del petróleo de los años 1970 es pertinente. En ese momento, el mundo entendió que la dependencia energética podía paralizar economías enteras. Hoy, la dependencia digital de los datos, la infraestructura de la nube, las plataformas y la inteligencia artificial reproduce esa misma lógica, pero con un alcance aún más profundo. No se trata sólo de producción o transporte, sino del funcionamiento cotidiano del Estado, la economía y la sociedad.
El diagnóstico es claro: Chile está avanzado digitalmente, pero es estructuralmente dependiente.
Este debate no puede quedarse sólo en la confirmación del riesgo o en la aspiración a una mayor soberanía tecnológica. Porque la soberanía, por sí sola, no resuelve el problema de fondo. El verdadero desafío es otro: cómo generar poder en la era digital.
El debate mundial ya ha avanzado en esa dirección. Estados Unidos, la Unión Europea y China no sólo están invirtiendo en infraestructura o promoviendo la innovación. Están diseñando arquitecturas de poder. Esto implica integrar, de manera coherente, tres dimensiones que hasta ahora han sido tratadas por separado: infraestructura digital, ciberseguridad y gobernanza tecnológica.
Primero, la infraestructura. No basta con desplegar centros de datos o atraer inversiones. Es necesario entender qué capas son críticas, como la conectividad a través de cables de fibra óptica (terrestre y submarina); la capacidad de cálculo, la gran cantidad de energía necesaria para ello; y asegurar que su operación responda a intereses estratégicos nacionales.
En segundo lugar, la ciberseguridad. No como complemento técnico, ni de gestión de riesgos, sino como función estructural del Estado. Un país que no puede proteger sus sistemas, datos e infraestructura no es soberano, incluso si los tiene dentro de sus fronteras.
En tercer lugar, la gobernanza tecnológica. Las reglas que determinan cómo se utilizan los datos, cómo operan los modelos de inteligencia artificial y quién toma decisiones en situaciones de crisis. Aquí es donde, en última instancia, se define la capacidad de un país para actuar de forma autónoma.
Estas tres dimensiones no son paralelas. Son interdependientes. Y su integración define lo que hoy debemos entender como poder digital.
Desde esta perspectiva, la dependencia de los servicios en la nube o de los proveedores de tecnología no es sólo un problema de mercado. Es un problema arquitectónico. Y por lo mismo no se resuelve sólo con más inversión o alianzas regionales, aunque ambas son necesarias, sino con una visión estratégica de largo plazo.
Chile tiene las condiciones para avanzar en esa dirección. Tiene talento digital y cibernético, estabilidad institucional y experiencia en políticas públicas digitales que han permitido impulsar leyes marco mediante la creación de nuevas instituciones como las dos agencias, una de Ciberseguridad y otra de Protección de Datos Personales, pero aún le falta un elemento clave: un entendimiento compartido de que lo digital no es un sector más de la economía, sino una dimensión estructural del poder del Estado.
El papel del Estado, en este contexto, tampoco puede limitarse a ser un catalizador. Debe ser arquitecto. No reemplazar al sector privado, sino definir las reglas, estándares y capacidades que aseguren que el desarrollo digital contribuya efectivamente a la autonomía estratégica del país.
Esto no implica aislamiento ni proteccionismo. Por el contrario, en un mundo multipolar, la cooperación tanto regional como global será esencial. Pero la cooperación sin capacidades propias sólo profundiza esta dependencia.
La advertencia es oportuna: la próxima interrupción del servicio, el próximo conflicto geopolítico o la próxima crisis tecnológica no se harán esperar. Por eso: más importante que reaccionar es anticiparse.
En el siglo XXI los países no se diferencian sólo por su territorio, su economía o su defensa tradicional. Se definen por su capacidad para construir y ejercer poder en el ámbito digital.
Ese poder no se puede comprar ni arrendar. Se diseña y luego se construye.
Por Kenneth Pughexsenador y experto en ciberseguridad y poder digital, www.thedigitalpower.org
