Alcaldes de la RM solicita a Valencia poder usar casas narco

Un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana realizó este lunes una solicitud al fiscal nacional, Ángel Valencia, que instruya a cada fiscal para que en coordinación con las municipalidades, se pueda pedir la la destinación provisional ante tribunales, de casas vinculadas al narcotráfico.

La iniciativa tiene origen en un caso implementado en Cerro Navia, donde una casa vinculada al narcotráfico fue destinada provisionalmente a la municipalidad y se convirtió en una base de operaciones para la seguridad comunitaria. El alcalde de la comuna, Mauro Tamayo (Ind.) explicó a 24 Horas que en el inmueble “se traficó drogas durante treinta años. La Fiscalía le pidió al tribunal -de forma provisional- entregarnos esta casa y finalmente hoy se transforma en un espacio de seguridad, parte del plan cuadrante municipal”.

Asimismo, precisó que la entrega provisional de las casas sucede “mientras dure la investigación, mientras se determina si la casa fue obtenida con recursos del narco (…) No se requiere una sentencia definitiva, pueden pasar muchos años y los ciudadanos quieren respuestas hoy. Si el fiscal nacional lo considera, basta una instrucción de él a nivel nacional”.

El alcalde de Macul, Gonzalo Montoya (Ind.) valoró la iniciativa y estimó que “es absolutamente replicable a nivel nacional, solicitando al fiscal nacional que instruya a los fiscales regionales”. “En Macul tenemos casas que fueron decomisadas, pero en la sentencia se dice que la casa pasa a nombre del Estado (…) pero no quedó claro a quién pasa la casa en concreto. Tenemos cinco casas decomisadas sin poder inscribirlas a nombre de una institución del Estado y esas casas fueron nuevamente tomadas por los narcos”, agregó.

Cristóbal Labra (Ind.), jefe comunal de San Joaquín destacó la medida como una solución a un inmueble vinculado al tráfico de drogas que existe en el sector. “En la comuna tenemos una casa que ha sido allanada tres veces por la policía, esta cerca de un colegio y sigue en manos del narco. Hemos hablado con la PDI, con la Fiscalía, con el OS7 y no existe la respuesta. Acá la tenemos”.

Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS) afirmó que “muchas veces los vecinos denuncian puntos Gustavo Toro e drogas, tiroteos, fuegos artificiales y vivir con eso es un infierno”. En ese sentido, aseguró que “esa propiedad se puede utilizar de buena manera, en este caso como un punto de seguridad, pero puede ser una sede comunitaria, de cultura”.

“Yo creo que también debiéramos avanzar a las propiedades que se utilizan para la transacción de drogas, no necesariamente haber sido adquirida con plata del narco, sino aquellas que se utilizan para la transacción pudiesen estar en manos de las municipalidades”, añadió.

Adicionalmente, hubo alcaldes que advirtieron sobre otros aspectos en los que se debe avanzar. El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), aseveró que faltan implementos para las policías, aunque destacó “lo que se ha hecho, porque en estos dos últimos años han llegado bastantes vehículos, se nota un avance importante”. No obstante, puntualizó que se deber “seguir apuntando hacia allá porque el crimen organizado y la delincuencia se ha desatado en muchos sectores”.

En tanto, Paulina Bobadilla (Ind.), jefa comunal de Quilicura hizo el punto en que “no podemos pedir más carabineros, porque todos sabemos la situación que hay. Una mayor coordinación con la Fiscalía es fundamental, porque muchas ocasiones estamos trabajando con Carabineros pero al llegar al tribunal vemos que hay algunos detenidos que ya han tenido más de 50 detenciones y eso no puede ser”.

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos (Ind.) manifestó que “hay una desconfianza de los vecinos porque al final todos saben dónde viven los narcotraficantes pero no pasa nada por años”. Olmos, además, destacó la creación del Equipo del Crimen Organizado y Homicidios, pero instó a que hay que “avanzar en otras medidas como disminuir y endurecer lo relacionado con el control de armas, para que no hayan armas en la calle y tiroteos en los que muera gente y en segundo lugar la persecución del patrimonio narco (…) de manera que el control territorial de ellos no crezca”.

La iniciativa fue apoyada, además, por otros jefes comunales: Felipe Muñoz (Estación Central), Ítalo Bravo (Pudahuel) Pudahuel, Claudia Pizarro (La Pintana), Gonzalo Durán (Independencia), y Maximiliano Ríos (Lo Prado).