A eso de las 12.30 de este jueves, el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, junto con la presidenta y también senadora de Demócratas, Ximena Rincón, acusaron que el Ministerio de Salud les canceló una reunión que tenían agendada para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación” de la ley corta de isapres, la cual durante la jornada de ayer fue despachada desde la comisión de Hacienda de la Cámara y será votada la próxima semana en Sala.

En concreto, los diputados de la Comisión de Hacienda hicieron pocos ajustes al proyecto antes de enviarlo a sala. La ley corta de isapres del gobierno que se tramita actualmente en el Parlamento busca implementar el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores.

El proyecto llegaría el 29 de abril al Senado. En el caso de que dicha rama del Congreso no acoja el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados, recaería en una comisión mixta, conformada por diputados y senadores, instancia que revisaría la iniciativa entre el 6 y 12 de mayo.

Para esta jornada, los tres senadores de Chile Vamos integrantes de la Comisión de Salud del Senado: Javier Macaya -quien preside esa instancia-, Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI), además de la timonel de Demócratas, tenían agendada una reunión con la titular de Salud, Ximena Aguilera. Sin embargo, según señalaron Macaya y Rincón, el encuentro fue suspendido.

“La reunión fue suspendida unilateralmente por el ministerio”, era para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación”, dijo Macaya en un punto de prensa realizado en las dependencias del exCongreso Nacional.

“Creemos que la actitud del Ministerio de Salud es una actitud de una irresponsabilidad gigantesca. Es una falta de respeto para con una reunión que había sido agendada con antelación”, acusó el senador.

La suspensión de la cita, -que según cercanos a los parlamentarios- había sido coordinada por Macaya este martes al salir de la comisión de Salud de la Cámara Alta, causó molestia. De hecho, el timonel gremialista advirtió que “por lo menos desde la oposición nosotros anticipamos que el problema es del Ejecutivo. Con nuestros votos no van a contar para avanzar en esta vía de solución”.

“y si finalmente no hay ley, es una responsabilidad que recae en los hombros del Ejecutivo, no de nosotros”, agregó.

Por su parte, la presidenta de Demócratas sostuvo: “Es lamentable no haber podido tener esta reunión con la ministra, el poder entregar propuestas, construir caminos de solución a un tema que no tiene que ver con la industria de isapres, tiene que ver con las personas, con nombre y apellido”.

“Es importante que entienda el gobierno que (…) (la ley corta) tal como está, va a ir una mixta, porque en el Senado no vamos a avalar lo que venga de la Cámara de Diputados y lo que venga de la mixta”.

En esa línea, la senadora también hizo su advertencia: “yo quiero anticiparle al gobierno, no voy a votar en contra, pero tampoco voy a votar a favor, que el gobierno se haga cargo, porque ellos son los únicos que tienen potestad en materia de seguridad social”.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para dictar instrucciones de carácter generar en relación a los convenios entre prestadores médicos e isapres. En concreto, la FNE pidió instruir a los médicos a negociar individualmente los valores de sus aranceles con las isapres, a menos que exista una integración previa, real y efectiva de sus operaciones.

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El TDLC apuntó a que no es necesario reiterar a través de instrucciones de carácter general “deberes de conducta que son propios del funcionamiento del libre mercado, como sería determinar individualmente los precios o aranceles de sus prestaciones”, manifestó la institución, declarando que todos los actores deben definir de manera independiente el precio que cobran por sus servicios.

La institución también señaló que excluir como excepción a la individualidad a los agentes que cuenten con integración de sus operaciones es innecesario, puesto que “si existiera una integración previa, real y efectiva de operaciones se estaría ante una sola entidad constituida por médicos individuales que, en realidad, no compiten entre sí”, explicó el TDLC.

En casos de integración menor, el tribunal determinó que se debe analizar caso a caso el mérito competitivo de las asociaciones, además de sus justificaciones, eficiencias y los resguardos que contemplan para proteger la libre competencia. De esta forma, concluyó que tampoco es necesario dictar instrucciones de carácter general en esta materia.

Desde FNE manifestaron que se encuentra analizando la resolución del TDLC y que “dada la importancia de este mercado, seguiremos monitoreando su funcionamiento y ejerciendo las atribuciones que nos confiere la ley para resguardar la libre competencia”, señaló el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.

Nahuel Arenas, jefe regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR), advirtió que, aunque casi la totalidad de los latinoamericanos tienen acceso a energías, pareciera estarse fortaleciendo la utilización de combustibles no renovables. “Las inversiones en proyectos e infraestructura de combustibles fósiles están aumentando, algunas podrían incluso consolidar el uso de combustibles fósiles en la región durante los próximos 30 a 40 años”, dijo este jueves durante su intervención en el VII Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible 2024, organizado por Cepal en Santiago.

La situación ocurre en medio de una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos con altos costos económicos para la región. Según Arenas, un alza de la inversión en combustibles fósiles podría acarrear mayores pérdidas económicas por desastres. “América Latina y el Caribe aporta solo el 10% de las emisiones mundiales de GEI (Gases de Efecto Invernadero), pero es la segunda región del mundo más propensa a desastres”, explicó en su participación en la “Mesa 3, ODS 13: Acción climática” del evento.

Sólo entre 2019 y 2022 hubo un incremento de casi un 40% de personas afectadas por tormentas y un 20% por inundaciones en las Américas y el Caribe. “Hoy, en el mundo, el 90% de los desastres tiene un origen climático. Pero para nuestra región las consecuencias son particularmente alarmantes. En las Américas se dan el 53% de las pérdidas económicas mundiales por desastres”, señaló el jefe de la UNDRR.

De hecho, seis de los diez países con mayores pérdidas económicas por desastres respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se encuentran en la región. “Estas pérdidas ocurren en un contexto regional de espacio fiscal reducido para invertir en adaptación y resiliencia”, precisó.

En la instancia, donde fue anunciado el Informe de Evaluación Regional 2024 (RAR24) de la UNDRR, también ha participado la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. “Conviene efectivamente invertir en resiliencia, en preparación, antes de pagar los costos de los impactos (de la crisis climática)”, aseguró la secretaria de Estado.

A pesar de la evidencia de que la inversión en reducción del riesgo de desastres es efectiva para proteger los avances del desarrollo, el financiamiento destinado a esta área representa apenas un 0.92% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe la región. Esta baja inversión en prevención y resiliencia aumenta las vulnerabilidades y mantiene a muchos países en un estado constante de recuperación ante desastres, de acuerdo con la UNDRR.

El informe de evaluación regional de este año resalta algunas conclusiones, entre ellas que los daños y pérdidas por desastres están superando las capacidades de respuesta, especialmente afectando a los más excluidos y vulnerables. “La gestión integral de la RRD es esencial y requiere la participación activa de todos los actores, así como inversiones significativas en gestión correctiva y prospectiva (…) Es necesario cambiar el enfoque de respuesta a desastres hacia la gestión del riesgo, reconociendo la relación intrínseca entre la RRD y el desarrollo sostenible”, añade.

El RAR24 indica que, pese a los desafíos, existe una vía hacia un futuro más resiliente y sostenible. “Al invertir en la reducción del riesgo de desastres y fortalecer la resiliencia, se protegen no solo comunidades y economías, sino también avances en el desarrollo”, concluye.