Alerta de prescindencia: las primeras bajadas de La Moneda para asegurar que sus ministros cumplan la normativa

La primera reunión de la Mesa de Voto Informado -que tiene la misión de coordinar la campaña informativa del Gobierno, lanzada oficialmente hace unos días- estuvo presidida ayer por la ministra de la Segpres, Giorgio Jackson y su compañera de la Segegob, Camila Vallejo, en La Moneda. Lo hicieron acompañados de los subsecretarios macarena lobos (Segpres) y Valeska naranja (Segegob) con el objetivo de dar las primeras rebajas formales a los diferentes gabinetes ministeriales en cuanto a los límites de prescindencia, que deberán respetar de cara al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre.

El jueves, alrededor de las 15:00 horas, llegaron a Palacio Presidencial los enlaces designados por cada ministerio para integrar el espacio -coordinado por Margarita Maira– que tiene la función de transmitir permanentemente información a los gabinetes de sus ministros y sus colaboradores para evitar que incumplan las instrucciones impartidas por el Contralorel 28 de abril pasado.

En el Ejecutivo explican que, en esta primera reunión, Jackson, Vallejo y los subsecretarios dieron cuenta de las principales instrucciones que ha dado el ente de control y que -en general- señalan a los funcionarios del Gobierno no pueden hacer campaña por ninguna de las opciones que se plebisciten durante su jornada laboral y que tienen prohibido utilizar los recursos públicos para esos fines.

“Se realizó una reunión con diversos representantes de todos los ministerios para capacitar sobre el desconocimiento que rige la acción pública, tanto de autoridades como de funcionarios, en relación a las campañas políticas en general y en particular en torno al plebiscito de salida en septiembre, en consonancia con los dictámenes de la Contraloría y las instrucciones gubernamentales de la Presidencia”, aseguró el subsecretario Naranjo.

Pero más allá de las cuestiones formales, las declaraciones del Ministro de Hacienda, Mario marcel, el miércoles. Tras finalizar la cuenta pública, el secretario de Estado aseguró -en entrevista con CNN- que ya decidió que votará Apruebo en el referéndum. Según los presentes en la reunión, se citó el ejemplo del encargado de las arcas fiscales señalando que sus declaraciones No violaría lo dispuesto en la normativa vigente ya que se enmarca dentro de su libertad de expresión.

Pese a ello, las palabras de Marcel no pasaron desapercibidas entre sus compañeros de gabinete aquel miércoles en Valparaíso. Sobre todo, porque minutos antes, en su mensaje al Pleno del Congreso, el Presidente Gabriel Boric había evitado hacer gestos que podrían ser considerados como un llamado a favor de una de las alternativas.

“Pese a enfrentar una pandemia, con un clima difícil de polarización política y crisis institucional, en el marco de un amplio proceso de debate y deliberación democrática, se ha avanzado en la redacción de una nueva Constitución. Quiero decir que no es poco. Ha habido tropiezos, ha habido errores y, también, muchos aprendizajes en el camino. Pero si hoy podemos evaluarlos, y esto es quizás lo más importante de nuestra experiencia reciente, es precisamente porque en el momento más crítico de nuestra historia reciente, optamos por resolver nuestras diferencias con más democracia y no con menos”, dijo en su discurso.

Y para disipar cualquier guiño, subrayó: “El 4 de septiembre vamos a enfrentar una decisión trascendental: aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución. Quiero decir muy claramente que ambas opciones son legítimas y el gobierno tiene el deber de garantizar que los ciudadanos se expresen libremente en las urnas de manera informada”.

En Palacio aseguran que la decisión del Jefe de Estado no fue casual y ocurre en momentos en que la Convención Constitucional aborda las normas transitorias que son críticas para instituciones como el Congreso, que serán clave para viabilizar sus reformas. De hecho, ante la tensión permanente, particularmente con el Senado, La Moneda ha insistido en la necesidad de una transición gradual.

La campana “hagamos historia” que debutó el pasado fin de semana, con motivo del Día del Patrimonio, también formó parte de la conversación en la Mesa de Voto Informado.

El video de menos de un minuto -que, según La Moneda, fue financiado con recursos y equipos propios sin la mediación de organismos externos-, fue considerado por la oposición como un gesto de intervención en las elecciones de septiembre a favor del Apruebo. alternativa.

En ese marco, según explicaron los presentes, los representantes del Ejecutivo reiteraron lo que ya había dicho públicamente la vocera Camila Vallejo: que hiciera lo que hiciera la derecha, ella los iba a acusar de intervencionismo y que, bajo su mirada, la campaña no habría incurrido en Infracción alguna a las instrucciones de la Contraloría. Pese a ello, sostuvieron que están atentos al pronunciamiento que hará el organismo luego de que Chile Vamos y el Partido Republicano presentaran dos requerimientos de fiscalización.

A su vez, el Gobierno informó a los enlaces ministeriales que, además de la ofensiva en ese sector, existe un recurso de amparo contra la campaña impulsada por La Moneda, que -en todo caso- ya fue declarado improcedente.

La reunión del jueves también se dio en un contexto en el que el gobierno espera pasar a una segunda etapa de la campaña, donde la apuesta es que cada ministerio asuma los temas sectoriales y los despliegue por todo Chile para informar a la ciudadanía sobre el contenido. del texto que propondrá la Convención Constituyente. Para este próximo ciclo, de hecho, la Segegob ya lanzó dos concursos públicos para que agencias externas asuman su implementación y despliegue.

Uno de ellos, según Mercado Público, asciende a 726 millones de pesos y tiene como objetivo contratar “servicios para la creación y ejecución de un plan nacional de medios para informar al electorado sobre el proceso de votación obligatoria”.

La segunda licitación, que tiene un costo de 260 millones de pesos, busca generar un “concepto creativo y producción audiovisual” con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía las características del proceso plebiscitario.