La Fiscalía de Polonia ha anunciado este jueves la detención de un hombre de ciudadanía polaca sospechoso de tener vínculos con la Inteligencia rusa y ayudar a la preparación de un posible ataque contra el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El detenido, identificado como Pawel K., se enfrenta hasta a ocho años de prisión por espionaje en virtud del artículo 130 del Código Penal polaco. El sospechoso ha informado de que tiene intención de colaborar con la investigación abierta por las autoridades, según ha informado la Fiscalía en un comunicado.

El Ministerio Público polaco ha pedido al tribunal de distrito de la capital, Varsovia, que emita una “medida preventiva en forma de arresto temporal” contra el sospechoso. “La investigación está en curso”, ha agregado.

El hombre estableció contacto con ciudadanos de Rusia “directamente involucrados en la guerra de Ucrania” y sus tareas consistían en recopilar y proporcionar información a la Inteligencia rusa sobre la seguridad del aeropuerto de Rzeszów-Jasionka a fin de atentar, en un momento dado, contra la vida de Zelensky.

“La Fiscalía General de Ucrania transmitió a la Fiscalía polaca información sobre la posibilidad de que Pawel K. hubiera cometido un delito. Luego, durante la investigación, se obtuvieron pruebas clave del lado ucraniano como parte de la asistencia jurídica”, ha indicado en un comunicado.

Por su parte, el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, ha destacado en la red social X que la detención es “resultado de la profesionalidad y cooperación” tanto de los fiscales como de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en ambos países.

“Este caso subraya la persistente amenaza que Rusia representa no sólo para Ucrania y los ucranianos sino para todo el mundo libre. El régimen criminal del Kremlin intenta constantemente socavar la seguridad europea y global”, ha agregado.

Kostin ha trasladado su agradecimiento a los fiscales, investigadores y agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania por su “eficaz” trabajo, así como al Ministerio de Justicia polaco y “personalmente” a su titular, Adam Bodnar.

Debido a la lamentable situación de estudiantes que aún se encuentran sin matrícula, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) ha sido sometido a un fuerte escrutinio por parte de algunas voces que han llamado a modificarlo totalmente o, incluso, a eliminarlo. Ciertamente, todas las políticas públicas deben ser evaluadas en términos técnicos y sociales, especialmente por la ciudadanía, en base a lo cual las autoridades deben realizar ajustes. Sin embargo, para que esta discusión sea genuina y apunte a mejorar la experiencia de las familias en su proceso de postulación a escuelas, se requiere que los argumentos se presenten de manera honesta en el debate público.

Sobre el SAE, hay controversias desde su diseño e implementación paulatina en 2016. El objetivo de terminar con la selección, el copago y el lucro en el sistema escolar con financiamiento público enfrentó resistencias políticas y técnicas de distintos sectores, pero también concitó el respaldo de quienes mostraban preocupación por la creciente segregación socioeconómica de nuestro sistema escolar. Algunos de esos discursos opositores a esta política educacional ahora sostienen que la falta de matrículas se relaciona con el funcionamiento del SAE. Sin embargo, sabemos que éste solamente asigna las vacantes disponibles en las escuelas, no puede crear cupos adicionales en zonas saturadas ni mucho menos asignar a estudiantes en escuelas con sobredemanda.

El SAE fue construido teniendo a la vista un horizonte de justicia educacional. El sistema centraliza las postulaciones de forma transparente y evita las discriminaciones arbitrarias a las que eran sometidas las familias, ampliando así sus posibilidades de elección. De esta manera, resguarda la libertad de enseñanza y asegura el cumplimiento del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Sus resultados son, hasta ahora, positivos y un alto porcentaje de las familias (más del 70%) logra un cupo en alguna de sus preferencias.

No obstante, existen aún preocupaciones legítimas de las familias, las que deben ser atendidas por los distintos actores. Por ejemplo, en investigaciones realizadas en la Universidad de Chile, hemos detectado que para muchos padres y madres el sistema de postulación online se hace impersonal, a veces estresante y que la información es escasa o confusa. Sin embargo, las familias valoran la igualdad de oportunidades al momento de postular y perciben que efectivamente están ejerciendo el derecho de educar a sus hijos e hijas. También existen observaciones de especialistas en educación sobre el funcionamiento de la plataforma o sobre la necesidad de considerar la distancia a escuelas alternativas en caso de comunas rurales, entre otros aspectos, los que pueden ser incorporados en la discusión sobre cómo mejorar el SAE. Además, persiste la necesidad de informar oportuna y correctamente sobre el proceso, para que las familias puedan sacar el mejor provecho de su postulación y, así, dotar de legitimidad social al sistema.

Nada de lo anterior se relaciona, entonces, con la actual falta de cupos en escuelas, concentrada especialmente en la transición de octavo básico a primero medio y en determinadas zonas del país. Según cifras oficiales, hay actualmente 880 estudiantes que aún no encuentran una vacante en un colegio. Ellos y sus familias merecen rápidamente una solución, pero esa respuesta no llegará demoliendo una política pública, simplemente porque no se comparte su fundamento de justicia educacional.

Por Alejandra Mizala, Ingeniería Industrial y CIAE, U. de Chile, y Cristián Cabalin, Instituto de Estudios Avanzados en Educación y CIAE, U. de Chile