Literalmente, no existe. Mientras los ciudadanos estamos expuestos a crueles crímenes, las autoridades a cargo se dan bandazos, anuncian medidas débiles y exasperantes por su inutilidad. Esto solo podría ocurrir en un país sin Estado de Derecho o en crisis irrecuperable por su falta de aplicación. El primer encargado -por mandato constitucional- de velar por la seguridad es el Presidente de la República, pero éste ha rehuido asumir su responsabilidad persistentemente. El país, en esta materia, se le escapó de las manos (si alguna vez lo tuvo). De nada sirve que una norma especial (artículo 32 Nº 17), le ordene disponer de las fuerzas necesarias y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional.
Las bandas de delincuentes que asolan Chile están vinculadas a la droga. Como ha ocurrido en otros países, su poder se extiende por etapas. Primero, las luchas territoriales que dejan innumerables muertos, sean de sus grupos o inocentes; luego, tras ese flagelo, las ciudades se entregan a su control a fin de evitar más fallecidos; a continuación, corrompen las instituciones del Estado y, finalmente, gobiernan. Queremos creer que en este camino Chile se encuentra al comienzo del itinerario. Esta es la única etapa del eslabón que aún permite que las autoridades intervengan con cierta eficacia. Por ello es tan importante que el Presidente asuma de una vez por todas el liderazgo que la urgencia reclama como imperativo y obligatorio. Nosotros, los ciudadanos, no podemos decirle qué hacer; él tiene las herramientas que la Constitución le entrega. Algo, sí, sabemos con certeza: de no actuar como le ordena la Carta Fundamental, debe responderle al país. Aunque no están muy lejanas las elecciones de alcaldes y gobernadores, no es suficiente en absoluto que se propinen derrotas unos candidatos a otros ofreciendo lo que carecen, que es la autoridad para combatir la delincuencia.
La pregunta, entonces, es bien clara: ¿quién va a tomar decisiones al respecto? La Constitución faculta a que un grupo de no menos de 10 y no más de 20 diputados presenten una acusación constitucional en contra del Presidente de la República “por haber comprometido gravemente la seguridad de la nación”. De esta acusación conoce el Senado y la resuelve como jurado. ¿Está comprometida la seguridad de la nación?, ¿ha tomado medidas eficaces la máxima autoridad para enfrentar y resolver el problema? Como la respuesta es evidente, ¿qué esperan los parlamentarios que pase para hacer uso de sus facultades y forzar a que la inseguridad sea resguardada con las fuerzas que la Constitución establece?
Es muy lamentable que los ciudadanos comunes tengamos que clamar para que las autoridades políticas dejen de dar entrevistas y vociferen mientras día a día muchos compatriotas caen víctimas de balas asesinas. Los siguientes eslabones de la cadena delincuencial están a la vuelta de la esquina.
Luego de que se conociera que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, entregó su teléfono formateado, con los archivos borrados, en la indagatoria que se sigue en su contra tras un polémico chat que habría mantenido con el esposo de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, afirmó la noche de este miércoles que se realizarán nuevas diligencias para tratar de rescatar la información.
Según una publicación de Ciper, un informe pericial emitido el pasado 19 de agosto determinó que el celular que el fiscal Palma entregó al Ministerio Público fue “reseteado”, tras ser requerido en la indagatoria por un ofrecimiento que le habría hecho a Palma la pareja de la ministra Vivanco, Gonzalo Migueles, en el último proceso de elección del fiscal nacional.
De acuerdo con la investigación, la conversación habría aparecido en un pantallazo obtenido desde los chats del abogado Luis Hermosilla, quien arriesga una pena de 18 años tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del caso Audio.
Migueles habría ofrecido a Palma de un doctorado y de la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cambio de que el fiscal de Aysén le endosara su apoyo a José Morales, el candidato que ya había sido designado por La Moneda y que requería la ratificación del Senado.
Ante esto, la Fiscalía Nacional decidió abrir una causa para esclarecer los hechos, la que quedó a cargo de la fiscal Wittwer, indagatoria que se abría complicado por la imposibilidad de recuperar los chats del fiscal Palma desde su teléfono móvil. “No se pudo llevar a cabo la extracción de evidencia digital forense, ya que el dispositivo se encuentra restablecido a sus ajustes de fábrica, lo que imposibilita que el software extraiga algún tipo de dato”, señala el informe.
Y esta noche, en declaraciones a CNN, la la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer se refirió al caso.
“En primer lugar, es una investigación que está reservada para otras personas que no sean los propios imputados en primer lugar. Solo puedo señalar que, a raíz de esa situación, de la incautación de los celulares de los imputados en esa causa, he tenido que sumar nuevas diligencias para obtener, en definitiva, la información que nosotros necesitamos y que ha sido requerida a través de la incautación de los teléfonos”, indicó la persecutora.
La madrugada de este jueves, se reportó el fallecimiento de un hombre en medio de los saqueos registrados en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.
El deceso del hombre ocurrió en medio de desmanes registrados durante la noche en la Región Metropolitana el marco de la conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado.
De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de Lo Errazuriz con Pedro Lagos, en momentos en que un grupo de antisociales participaba en saqueos realizados a diferentes locales comerciales instalados en el sector.
Los primeros antecedentes dan cuenta que mientras un grupo de personas intentaba ingresar a un local de venta de sushi a través del techo, uno de ellos cayó desde una altura aproximada de cuatro metros, falleciendo en el lugar. La víctima tendría alrededor de 50 años.
Por orden de la Fiscalía, el procedimiento quedó a cargo de la PDI.
El Ejército de Corea del Sur informó sobre la detección este jueves del lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance desde Corea del Norte hacia el mar de Japón, siendo la primera vez que realizan este tipo de acción desde el pasado 1 de julio y que coincide con la continua escalada de tensiones que vive la península coreana desde hace meses.
El Estado Mayor Conjunto surcoreano alertó sobre el incidente, tras lo que ha asegurado estar “en total preparación” y colaborando con las autoridades de Estados Unidos y de Japón, según la agencia de noticias Yonhap.
Las autoridades han detectado el lanzamiento en torno a las 7.10 horas (local) desde la zona de Pyongyang y aún se encuentran determinando las especificaciones de los proyectiles y la información sobre el rango de su alcance.
El último lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte se produjo como respuesta a unos ejercicios militares llevados a cabo de forma conjunta entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, cuando los proyectiles llegaron a volar 600 kilómetros y 120 kilómetros, respectivamente.