Combatir la corrupción en la sociedad chilena requiere de un enfoque integral que aborde tanto las causas estructurales y jurídicas como los factores culturales que permiten su proliferación. Un aspecto clave en este sentido es el fortalecimiento institucional, es decir, la existencia de instituciones sólidas, independientes y transparentes. Estos deben ser eficaces para prevenir y castigar prácticas corruptas y, para ello, independientes del poder político y económico.
Al mismo tiempo, es crucial aumentar la trazabilidad y la claridad en los procesos gubernamentales. Esta tarea puede aprovechar el uso de tecnologías para hacer que los contratos públicos, las licitaciones y los movimientos financieros del Estado en plataformas sean accesibles a todos los ciudadanos. La Ley de Transparencia, que ya existe, se puede fortalecer para garantizar que el acceso a la información sea más amplio y que las agencias respondan más rápidamente a las solicitudes de los ciudadanos.
Asimismo, es necesario seguir perfeccionando el marco legal que regula la corrupción, una línea de acción que podría incluir endurecer las sanciones por actos corruptos, como el soborno, e implementar reformas judiciales que aseguren que jueces y fiscales sean verdaderamente independientes y capaces de actuar sin presión externa. Avanzar en la transparencia en el nombramiento y evaluación de ellos también parece vital en este ámbito.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción nunca puede limitarse únicamente a leyes y medidas administrativas; Requiere ante todo un cambio cultural esencial. Los programas educativos enfocados en la ética y la ciudadanía, desde la educación básica hasta la universitaria, ayudarían a fomentar una ciudadanía que valore la integridad. Como complemento y continuidad de este esfuerzo de capacitación, es fundamental que los sectores empresarial y gubernamental establezcan principios de acción y códigos de ética claros, considerando la capacitación constante a todos los miembros de estas organizaciones y la aplicación efectiva de sanciones en caso de incumplimiento. .
Este conjunto de medidas, de llevarse a cabo de manera efectiva y coordinada, podría contribuir significativamente a la reducción de la corrupción en Chile, promoviendo una cultura ética y ayudando a restaurar la debilitada confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Sin desmerecer lo anterior, hay que tener en cuenta tres aspectos esenciales, no mencionados hasta ahora. Este es el aporte insustituible que deben hacer las familias en materia de formación; la que el Estado debe actuar con urgencia contra el narcotráfico y la criminalidad, y la convicción ejemplar con la que deben comportarse los líderes de la sociedad. ¿Cuán preparadas y dispuestas están actualmente cada una de estas entidades para cumplir con sus respectivas responsabilidades en esta área?
Por Álvaro Pezoadirector Centro de Ética Empresarial y Sostenibilidad, ESE Business School, U. de los Andes