Álvaro Saieh presenta demanda por difamación por caso CGB

Un nuevo frente legal se sumó en el conflicto que desde hace meses enfrenta al grupo Saieh con los antiguos inversionistas del bono de CorpGroup Banking (CGB).

En esta ocasión, fue el turno del empresario Álvaro Saieh, quien el mes pasado presentó una demanda ante el 28° Juzgado Civil de Santiago acusando “difamaciones y calumnias” que habrían ejercido en su contra un grupo de 40 personas naturales y jurídicas. El escrito del empresario fue presentado por sus abogados Gonzalo Cisternas y Samuel Donoso.

En específico, en la demanda se menciona una entrevista que concedió el abogado Carlos Cortés a “El Mercurio”, el 16 de abril de este año, en calidad de representante de varios personeros que habían presentado querellas en contra de Saieh acusándolo de haber implementado un esquema de vaciamiento patrimonial de CGB, para luego invocar su insolvencia.

“Así, usado y abusado de los medios de comunicación para formular acusaciones temerarias, y falsas, que afectan la honra de nuestro representado, además de buscar instalar un prejuicio en el sistema de justicia, hemos definido el ejercido acciones civiles frente a ese actuar irresponsable y artero”, señalan los abogados del empresario.

Esta situación habría generado, según los querellantes, que en 2020 CGB incumpliera sus compromisos financieros con los titulares de un bono por US$ 500 millones que vencía en marzo de 2023.

El desenlace de esto fue el ingreso de CGB -en junio de 2021- a un proceso de reorganización judicial ante el Tribunal de Quiebras de Delaware, tras acogerse al Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, proceso que concluyó un año después con la aprobación de un plan de liquidación de activos de CGB. Los bonistas han acusado que recuperaron cerca del 6% del capital invertido.

Ahora, Saieh respondió a esta seguidilla de querellas con esta demanda por difamación, en contra del propio abogado Cortés (ver recuadro); y varios de sus querellantes, como los socios de MBI, Jorge del Puerto y Arturo Claro.  Mientras que por el lado de las personas jurídicas aparecen apuntadas MBI, Nevasa, una empresa ligada al grupo Indumotora, como también sociedades de inversión con domicilio en el extranjero.

Los argumentos de Saieh

Los abogados del empresario, Gonzalo Cisternas y Samuel Donoso, explicaron a DF los fundamentos de la demanda asegurando que los querellantes, “valiéndose de los medios de comunicación han difundido expresiones falsas, difamatorias, mendaces, con respecto al proceso y al señor Saieh”.

Cisternas y Donoso afirman que los querellantes dicen que son  “víctimas de un robo de millones de dólares, olvidando su concurrencia al proceso de reorganización en Estados Unidos y las negociaciones en dicho proceso. Pretenden desconocer los efectos de dicho proceso y sostienen que es intimidación tratar de hacer cumplir lo pactado en dicha corte”.

Los representantes de Saieh aseguran que el “abogado de los querellantes sostiene que CGB ‘no ha podido defenderse de la imputación de fraude y vaciamiento patrimonial’, lo que es falso, son los querellantes quienes no han probado ser efectivamente titulares de bonos, ni han probado la existencia del delito de vaciamiento, olvidando convenientemente los cuantiosos aportes de capital del señor Saieh a la sociedad. Luego, termina sosteniendo ‘nuestro caso es muy sólido y así se lo ha tomado el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia’, queriendo informar alguna definición del Ministerio Público y de los Tribunales, que no existen, lo que es absolutamente falso”.

“Han señalado que el señor Saieh mantiene una ‘vida faraónica’, lo que es falso e irónico considerando que algunos de los querellantes viven de manera similar si no mejor a como lo hace el señor Saieh”, añaden.

“Así, usado y abusado de los medios de comunicación para formular acusaciones temerarias y falsas, que afectan la honra de nuestro representado, además de buscar instalar un prejuicio en el sistema de justicia, hemos definido el ejercido acciones civiles frente a ese actuar irresponsable y artero, a objeto que la justicia establezca el actuar ilícito de los querellantes”, terminan señalando los abogados.