El 11 de agosto del 2021 la Municipalidad de Recoleta firmó un convenio de colaboración con la Municipalidad de Estación Central. Ese sería el origen de un presunto nuevo hecho de corrupción, según denuncia el exconcejal de la comuna del norte de la capital Mauricio Smok (UDI), quien es querellante en el denominado caso de las Farmacias Populares y en el cual apunta nuevamente al alcalde Daniel Jadue (PC).

Lo anterior fue dado a conocer por Smok, a través de su abogado Cristián Espejo, a la fiscal Giovanna Herrera, por medio de una denuncia que ingresará en la misma causa en la que se investiga a Jadue por presuntos hechos de corrupción mientras encabezaba la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Si bien este caso no guarda relación con las farmacias populares, a juicio de Smok sí responde “al mismo modus operandi”, ya que Jadue -actualmente en prisión preventiva- habría firmado dicho convenio, al igual que con la creación de Achifarp, para “asumir el control de la Dirección de Obras Municipales de Estación Central”. Todo “a través de una persona de su total confianza”.

Y es que según la denuncia enviada por Espejo a la Fiscalía Centro Norte para que se investiguen presuntos delitos, están recogidos de una acusación ingresada ante la Contraloría.

Consultado respecto a esta denuncia, el abogado Cristián Espejo asegura a La Tercera que tras la detención de Jadue varias personas les han entregado antecedentes, lo que a su juicio “estarían demostrando que desde Recoleta se amplió una red de corrupción que claramente debe investigarse”.

Entre los antecedentes adjuntados por el abogado, a los cuales tuvo acceso La Tercera, se da cuenta que tras la firma del convenio, el arquitecto y funcionario de la Dirección de Obras Municipales de Recoleta Juan Hernández fue enviado en noviembre del 2021 en “comisión de servicio” a encabezar la misma dirección en Estación Central en un cargo subrogante. Lo anterior, pese a que en ese municipio había profesionales con la experiencia necesaria para asumir esa subrogancia.

Ante esto, el querellante en el caso Jadue le pide a la fiscal Herrera que se investigue un presunto enriquecimiento ilícito, luego de que este funcionario -del “círculo cercano de Jadue, según afirma- habría recibido sueldo en ambos municipios.

Junto con eso, sostiene que tras el arribo de Hernández al municipio del centro de la capital, cargo en el que permaneció hasta finales del 2023, los proyectos inmobiliarios de la comuna se vieron afectados “particularmente con el excesivo atraso y demora en los plazos de otorgamiento, tanto de las modificaciones de permisos como de las recepciones definitivas, infringiendo los términos establecidos en la Ley”.

A juicio de los denunciantes, aquello se habría realizado con el objetivo de presionar a las inmobiliarias. Ante este escenario, afirma que “aparecía en escena” el abogado Rodrigo Aros, quien representaba a Estación Central en las causas judicializadas “para negociar extrajudicialmente con las empresas inmobiliarias un acuerdo que les permitiera obtener a estas últimas las ansiadas recepciones finales de sus proyectos”. Para lo cual citan un caso revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago y en el cual el abogado representaba al municipio encabezado por Muñoz.

Todo lo anterior, a juicio del abogado Espejo, constituye el delito de exacción ilegal, ya que los funcionarios “han exigido un beneficio económico para el municipio de Estación Central por ejecutar un acto propio de su cargo, como lo es la entrega de recepción final de un proyecto”. Situación de la cual, a su juicio, “ha estado en perfecto conocimiento del alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz”.

Además de eso, también se suma la denuncia por el delito de prevaricación administrativa, ya que a juicio de los denunciantes el funcionario Hernández dilató las recepciones de obras.

“Si se llega a comprobar, como creemos nosotros, que efectivamente desde Recoleta se actuó con una intención más allá de solamente cooperar con algunos municipios, sino que de buscar determinados nichos, como las direcciones de obras, en el caso más preciso, con una intención que debe ser lo que va a ser materia de investigación”, afirma Espejo.

El documento enviado recientemente a la fiscal Herrera también da cuenta de la existencia de presuntos delitos de violación de secreto, ya que también apuntan al superior jerárquico de Hernández, el director de la Dirección de Obras de Recoleta, Alfredo Parra, quien también tendría conocimiento de lo ocurrido y que habrían mantenido comunicaciones respecto a las labores que realizaban, lo que constituiría el delito.

En esa línea, la acusación también expone que Parra es hermano del director de Desarrollo Comunitario de Estación Central, Germán Parra. “En la denuncia ante Contraloría en análisis, don Alfredo Parra también tuvo alguna participación en las negociaciones con empresas inmobiliarias con proyectos en Estación Central”, señala el texto enviado al Ministerio Público.

Por último, Smok denuncia que en toda esta situación se constituye el presunto delito de asociación ilícita, que es otro de los ilícitos que solicita a Herrera que se investigue. Ya que a su juicio “estamos frente a una verdadera organización criminal establecida con la finalidad de cometer delitos y obtener beneficios económicos, valiéndose de los cargos públicos que detentan algunos de sus miembros”.

“Estoy convencido de que, por medio del convenio ideado entre los alcaldes de Recoleta y Estación Central, se ha buscado controlar la Dirección de Obras Municipales de este último municipio, para bajo extorsión y presión obtener beneficios económicos de las empresas inmobiliarias que poseyeran proyectos en la comuna de Estación Central, valiéndose al efecto de personas de su absoluta confianza del alcalde Jadue, todo ello con acuerdo del alcalde Muñoz”, concluye el requerimiento.

Este martes, el concejal Ivo Pavlovic (UDI) expuso la denuncia de Espejo durante el Concejo Municipal de Estación Central, sosteniendo que lo que le preocupa “tiene que ver con qué se hizo y cuáles fueron las medidas y cuáles fueron los resultados que tuvo el convenio firmado entre Recoleta y Estación Central”.

En esa línea, el edil solicitó al alcalde Muñoz “si me pueden hacer llegar la nómina completa de funcionarios de Recoleta que prestaron servicio en Estación Central o que prestan servicio en Estación Central”.

Ante esto, el alcalde aseguró que respecto a esta denuncia, la cual calificó como “infamia”, ya que no tiene fundamentos, no se iba a referir. “Vamos a responder nosotros conforme a una querella, vamos a analizar desde la perspectiva legal cómo se responde ante una infamia de estas características”, aseguró Muñoz.