Asociaciones de funcionarios del Senado expresan su “rechazo completo y total” al proyecto de reforma de “supersueldos”

Durante esta semana, entre los funcionarios del Senado, el nerviosismo ha reinado.

Esto, porque el presidente de la rama del Congreso, Manuel José Ossandón (RN) ha estado socializando un borrador de un proyecto de ley que reforma el “reemplazo” del personal de poder legislativo.

Incluso Ossandón le pidió al presidente Gabriel Boric por ayuda, a través del ministro Secres, Macarena lobos– Para el patrocinio de la iniciativa, ya que necesariamente requiere la Venia del poder ejecutivo, ya que afecta la administración y las finanzas de la nación.

En ese contexto, los funcionarios del Senado enviaron una carta en la que detallan que en una asamblea extraordinaria entre las tres asociaciones y, por la unanimidad de los presentes, acordaron “expresar su rechazo completo” al borrador de la iniciativa legal de la presidencia de la presidencia del Senado

Junto con esto, reprochan que la iniciativa “no tiene asesoramiento legal especializado, que presenta serios problemas de diseño legislativo, lo que ignora las particularidades del trabajo de los funcionarios del Congreso Nacional y carece de antecedentes técnicos para fundar una medida que, claramente, afecta y afectan seriamente la remuneración de los funcionarios de la Cámara de los Deputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional”.

Más tarde, agregan que “el borrador del proyecto de ley presentado por la presidencia del Senado hace comparaciones incorrectas en diferentes funciones públicas, la función política y el profesional estatal, que se basan en diferentes mecanismos de selección, sujetos a sus estándares de control y orientados por diferentes principios diametralmente diferentes, por lo que no se basan y no se pueden comparar como el borrador de los borradores en sus cotizaciones”.

Finalmente, acusan que el contenido de que Ossandón socializó “no está sujeto al mecanismo de trabajo acordado”.

Esta situación, en consideración de los funcionarios “ha causado un debilitamiento de los fideicomisos necesarios que deben existir en las relaciones bilaterales entre las asociaciones y la autoridad política de la corporación”.

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