Una nueva alerta se ha levantado en torno al futuro de una iniciativa considerada clave en el segmento de transmisión. Se trata del proyecto interregional “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue-S/E Hualqui” de la empresa Mataquito Transmisora de Energía S.A. -perteneciente al grupo Celeo Redes Chile- que involucra a 20 comunas de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, y contempla una inversión de US$ 324 millones. Además, permitiría transportar la energía de 18 nuevos proyectos de generación renovable.
La iniciativa de Celeo (de origen español), vista como crucial para elevar la calidad de suministro y confiabilidad del sistema eléctrico en las regiones mencionadas y que se erige como el segundo proyecto más grande en transmisión en el país en estado de tramitación, enfrenta días decisivos en su evaluación ambiental iniciada hace cuatro años y que cuenta con tres participaciones ciudadanas: el viernes se emitió el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) donde se recomendó el rechazo de la línea de transmisión.
Lo anterior, en virtud de observaciones tendientes a la salvaguarda del bosque nativo identificado en dos de las 1.387 torres que se consideran en el trazado de 395 kilómetros.
En el documento de 592 páginas, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomienda rechazar el EIA del proyecto, basándose en que, “el proyecto no cumple parcialmente con la normativa de carácter ambiental vigente contenida en el numeral 10 del presente informe”. Se añade que el titular “no acreditó el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental de los permisos ambientales sectoriales establecidos en los artículos 132, 138, 140, 146, 148, 149, 151 y 160 del Decreto Supremo Nº40 de 2012 (…), en virtud de persistir observaciones por parte de los respectivos órganos competentes sobre los contenidos técnicos y formales necesarios para otorgar los permisos antes referidos”.
También, se plantea que el titular “no aportó la información suficiente que permitiera acreditar que las medidas de mitigación, reparación y/o compensación propuestas se hagan cargo adecuadamente de los impactos significativos del proyecto sobre los componentes flora y vegetación”, y que “no aportó la información suficiente que permitiera descartar la generación de riesgo para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre recursos naturales renovables y alterción del patrimonio cultural”.
Pero además, se argumenta que el titular “no aportó la información suficiente que permitiera descartar la aplicabilidad del permiso ambiental sectorial establecido en el artículo 150”. En el detalle, en el documento se recoge que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) sostiene que “no es posible descartar la intervención y alteración de hábitat para los bosques nativos de preservación y para las especies declaradas como monumento natural” dado que estima que no se justifica científicamente ni técnicamente la propuesta.
“Lo anterior sumado a lo señalado en las observaciones de línea base, en cuanto a la intervención de bosques nativos de preservación en las torres 75 del ramal que va desde la S/E Hualqui a la S/E Chiguayante, y torre 86-DH, y alteración de hábitat para la formación BNP-37, BNP-18 y posiblemente a BN-65, por lo cual esta Corporación considera que el proyecto no cumple con la legislación ambiental y no presenta el permiso ambiental sectorial correspondiente”, se consigna de lo señalado por la Corporación.
La iniciativa forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal decretado por el Ministerio de Energía.
Gremios reconocen preocupación
Las alertas se activaron en los gremios. Desde Transmisoras de Chile aseguraron que “los impactos de un eventual rechazo en esta tramitación son tremendamente preocupantes”. Según explicaron, “se trata de una línea clave para la estrategia nacional de descarbonización, el segundo proyecto más grandes después de Kimal-Lo Aguirre (línea de transmisión que busca unir Antofagasta y Santiago), a partir del cual se habilitaría la conexión de más de 3.700 MW de energía renovable, mejorando las condiciones de seguridad de suministro eléctrico para 20 comunas de tres regiones que hoy están en condiciones sistémicas muy precarias”.
“El tema de fondo es que no está existiendo un balance adecuado entre los beneficios sistémicos y ambientales que se generan a partir de la puesta en marcha de un proyecto de este tipo, y sus posibles consecuencias, a las que se les está asignando un peso mayor en su evaluación a pesar de que pueden estar condicionadas a soluciones alternativas, como ocurre en este caso”.
Mientras, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), mostró su “profunda preocupación” por la marcha del proceso de evaluación ambiental del proyecto. En una declaración, detallaron que la iniciativa busca mejorar la calidad del suministro eléctrico para el abastecimiento de energías limpias y baratas, de hogares y consumidores de energía, “toda vez que en la actualidad, el sistema eléctrico de esas comunas se encuentra muy exigido, lo que provoca interrupciones de suministro, mala calidad de servicio y la imposibilidad de agregar nuevos usuarios, afectando con ello el desarrollo del comercio y la industria en general y, por ende, el crecimiento de nuestra economía”.
Acera destacó que la materialización del proyecto resulta fundamental, tanto para la integración a la red eléctrica de proyectos de energía renovable y de almacenamiento por un total de 3.700 MW, equivalentes al 11% de la capacidad instalada de generación de energía en Chile, valorizados en US$ 4.000 millones de inversión, como para la creación de más de 10.000 empleos, asociados a la construcción de los mismos.
Y afirmaron: “Estamos ciertos que existen mecanismos institucionales vigentes para el cumplimiento de los estándares ambientales exigibles a los proyectos de transmisión, o a cualquier otro, los cuales deben ser aplicados oportuna y eficientemente. Por esta razón, esperamos que luego de una larga tramitación, se realicen todos los esfuerzos para la aprobación de este proyecto, incorporando las condiciones que sean necesarias para su correcta ejecución, y así no retroceder ni empantanar el acceso a tarifas eléctricas más baratas y al desarrollo sustentable de Chile.
Tras la publicación el 19 de abril del ICE, el SEA tiene un mínimo de cinco días hábiles para resolver y como máximo el 14 de mayo. Al ser un proyecto interregional, lo resuelve la dirección del SEA. Si la iniciativa se rechaza, queda una ventana de reclamación ante el Comité de Ministros. De lo contrario, sería -comentan fuentes- comenzar desde cero.
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