Avanza proyecto de ley de cumplimiento tributario

Un paso adelante tuvo este miércoles el proyecto de ley de cumplimiento tributario, o de antievasión y elusión. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la idea de legislar la iniciativa, lo que significa que contó con los votos de la oposición.

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Así, Miguel Mellado (RN), Sofía Cid (bancada RN), Guillermo Ramírez (UDI), Gastón von Mühlenbrock (UDI) y Agustín Romero (Republicano) apoyaron discutir el proyecto.

Y del oficialismo, contó con los votos de la presidenta de la instancia, Gael Yeomans (Convergencia Social) y de los diputados Jaime Sáez (Revolución Democrática), Camila Rojas (Comunes), Eric Aedo (DC), Nelson Venegas (PS), Tomás Lagomarsino (Radical), Carlos Bianchi (Independiente) y Boris Barrera (PC).

Pero para que se lograra esa unanimidad, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y los legisladores acordaron conformar una mesa técnica para abordar los temas más conflictivos de la iniciativa. Entre ellos, la figura del denunciante anónimo, la aplicación de la norma antielusión por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el rol del consejo consultivo, entre otros..

Esta mesa comenzará a trabajar el lunes de manera paralela a la votación de algunos temas donde hay más consenso, como lo es las modificaciones al código tributario, acordándose iniciar la votación en particular en la misma jornada, en una sesión convocada para las 15:00 horas.

Para el titular de las finanzas públicas, “este es un muy buen paso. Es el primer paso institucional en la tramitación de esta iniciativa y, a partir de lo que se ha conversado con los diputados y diputadas de la Comisión, se irá avanzando paralelamente en votar algunos de los temas que son de más fácil despacho, junto con una mesa técnica que buscará consensuar indicaciones para el resto de estas materias. Todo esto con la idea de que la votación se pueda completar a comienzos del mes de abril”.

Durante su exposición, el ministro Marcel señaló que el gobierno está abierto a eliminar la compensación económica para el denunciante anónimo, sin que ello signifique eliminar la figura y sin incrementar las sanciones a las denuncias maliciosamente falsas, dado que no existiría proporcionalidad. Esto, teniendo presente que la redacción asegura que el anonimato solo ocurre cuando se entregan antecedentes relevantes.

Respecto de la Norma General Antielusiva (NGA), el secretario de Estado explicó que el Ejecutivo contempla hacer algunas innovaciones en el proyecto al regular “expresamente la carga de la prueba, señalando que es el fiscalizador, o sea el Servicio de Impuestos Internos, quien debe acreditar que se cumple el presupuesto de abuso o simulación, pero le corresponde al contribuyente acreditar la existencia de efectos económicos relevantes distintos de los tributarios o que su operación está dentro de las opciones razonables que entrega la legislación tributaria. Es decir, dar mayor claridad que en el procedimiento se prueban hechos positivos”.

En cuanto a las dudas que surgieron respecto a la doble tributación que podría producirse en las donaciones revocables, también existe la disponibilidad de abordar la norma de una manera que no ocurra un doble pago de impuestos, pero la autoridad recalcó que no existen argumentos de peso para liberar de impuesto a estas donaciones.

Asimismo, acotó Marcel, “si uno libera del impuesto las participaciones en sociedades, bastaría con incorporar todos los activos propios de una herencia en una sociedad para que simplemente no se pagara impuesto y eso sería un poco la muerte del impuesto a la herencia. Y por supuesto, hay gente que no le gusta el impuesto a la herencia, pero esa es otra discusión. Aquí estamos hablando de cómo hacer cumplir el pago de los tributos”.

Este proyecto de ley busca recaudar 1,5% del PIB a través de siete ejes temáticos: Modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros; Control de la informalidad; Delitos tributarios; Planificación tributaria agresiva; Nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente; Regularización de obligaciones tributarias; Fortalecimiento institucional y probidad.

De acuerdo a Hacienda, con los recursos que provengan de esta iniciativa se podrá financiar más de la mitad de los compromisos establecidos en el pacto fiscal, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, incrementar el financiamiento para seguridad pública, reducir los tiempos de espera en salud y desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados.