Pasadas las 13.00 horas, parte de la atención de La Moneda se concentró en la decisión de la jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Mariana Leyton, quien este martes determinó fijar como medidas cautelares la prisión preventiva para la abogada María Leonarda Villalobos y el penalista Luis Hermosilla, formalizados por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, en el caso Audio.

En particular, la concentración se posó sobre el abogado quien, hasta hace solo unos meses, defendió al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (FA), en el marco del caso Lío de platas. El sociólogo frenteamplista fue solo uno de sus clientes, ya que las redes de poder de Hermosilla se extienden en el amplio espectro del mundo político.

El caso ha sido objeto de reflexión al interior de los equipos de La Moneda. Su alta connotación y la conmoción que generó -cinco jornadas de formalización- son elementos que han llevado a las autoridades a emitir comentarios al respecto y a ser requeridos por la prensa. En esos espacios, los ministros de Estado han visto una oportunidad para poner en la primera línea su agenda de probidad y de recalcar su mensaje de que la justicia es “caiga quien caiga”.

Pero, al mismo tiempo, en Palacio se ha optado, según reconocen en privado, por usar el caso con fines políticos, lo que ha trascendido de forma pública con declaraciones como las que emitió este martes el mismo Presidente Gabriel Boric, quien durante la jornada interrumpió una actividad por educación en Lo Prado para referirse al tema, sin que le preguntaran al respecto, mencionando solo a Luis Hermosilla.

“Acaban de enviar a la cárcel, en prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, señor Hermosilla. Es importante decirle a todo el pueblo de Chile que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado; a la corrupción al narcotráfico, al tráfico de influencias también hay que enfrentarlas con mucha dureza. Acá no puede haber ciudadanos de segunda clase y acá la justicia y la ley debe ser igual para todos. Por eso es bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”, afirmó el Mandatario, despertando los aplausos del público presente.

En la misma línea profundizó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien desde el Congreso indicó que “los antecedentes que se han conocido por todos son tan graves para nuestra democracia, que no es una sorpresa que se haya decretado por parte de la magistratura su prisión preventiva (…). Esto es un avance importante, es una señal política importante. No hay superpoderosos”.

“La decisión de los tribunales de decretar prisión preventiva a Luis Hermosilla es una señal para la ciudadanía”, agregó la secretaria de Estado en sus redes sociales, para reforzar el punto.

La semana pasada, desde La Moneda se entregaron directrices a los partidos políticos del oficialismo para referirse a la formalización de Hermosilla. El mensaje, que se plasmó en una minuta de autoría de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) que dirige Pablo Paredes, se recalcó a los partidos que “los fraudes implicados en el caso Hermosilla han provocado importantes perjuicios fiscales al país” ($ 801 millones, según el Servicio de Impuestos Internos).

El texto insiste en la tesis de que “en Chile nadie puede estar sobre la ley. El caso debe investigarse hasta el final y continuar fortaleciendo las herramientas para combatir los abusos”.

“La responsabilidad de todos es que no exista impunidad y contar con todas las herramientas para que estos delitos no se repitan”, añade la misma minuta a los partidos.

El texto apunta también a que las vocerías oficialistas refuercen la agenda legislativa para el combate de delitos económicos: “El gobierno del Presidente Boric ha avanzado proponiendo cambios y dando herramientas al Estado para identificar, prevenir y sancionar de mejor manera abusos como este. Se ha promulgado la Ley de Delitos de Cuello y Corbata, que incorpora la posibilidad cierta de que los culpables de delitos económicos paguen con penas de cárcel”.

Por ahora, los dardos de La Moneda no se dirigieron explícitamente contra la derecha, un camino que sí siguieron los partidos que sustentan al gobierno del Presidente Boric, quienes, tras anunciadas las medidas cautelares, desplegaron inmediatamente una estrategia que apuntó contra el exministro del Interior Andrés Chadwick.

De hecho, Vallejo fue consultada al respecto, ante lo que respondió: “Efectivamente en el caso Hermosilla se ha hecho mención a varios personeros, uno de los más importantes efectivamente es el exministro Chadwick y además con ciertos antecedentes que ha aportado el propio Ministerio Público de funciones en el marco del trabajo como asesor para el exgobierno del presidente Sebastián Piñera, pero si se configuran delitos es algo que la justicia tiene que determinar”.

Hoy dentro del oficialismo no esconden que la caída en desgracia de Luis Hermosilla puede ser utilizada en la campaña electoral que iniciará este miércoles, de cara a las próximas elecciones de octubre. Este tema, de hecho, ya fue usado en la cruzada del “En contra” en el último plebiscito constitucional.

En ese contexto, una vez se conoció la prisión preventiva para Hermosilla, el diputado Luis Cuello (PC) anunció que la bancada de su partido había ingresado una solicitud de sesión especial -pensada para el 3 de septiembre- con la intención de citar al exministro Chadwick para que explique el origen de los fondos con los que se financió la defensa que le brindó el hoy penalista en prisión preventiva, en el marco de la acusación constitucional a la que fue sometido en diciembre de 2019.

El caso Audio ha sido parte del debate que han realizado las altas esferas comunistas. De hecho, estuvo presente en la comisión política que se sostuvo el jueves pasado en la sede del partido.

Desde el Frente Amplio también hubo una ofensiva, y quien se encargó de transparentarla fue el jefe de la bancada, Jaime Sáez, quien señaló que “es relevante que los partidos de Chile Vamos que están involucrados a través de su exministro del Interior, exdiputado y exsenador, puedan dar una explicación al país respecto a cómo es posible que la defensa ante una acusación constitucional sea pagada con platas provenientes de eventuales lavado de activos, platas negras, truchas”.

“Ad portas de una campaña electoral tan relevante es muy importante que se puedan hacer emplazamientos en términos de aprobar leyes que favorezcan la probidad en todo su sentido”, complementó Sáez.

Desde el PS, el jefe de la bancada, Daniel Melo, aseguró que “el Congreso debe ejercer sus atribuciones constitucionales (…), esperamos que la UDI y la Cámara de forma transversal se sume a conocer toda la verdad y se cite al señor Chadwick”.

Además del titular del comité, quienes alzaron la voz fueron los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes son querellantes en la indagatoria.

El primero, afirmó que “todo el círculo se empieza a estrechar hacia el exministro Chadwick. El señor Chadwick recibió $ 190 millones de pesos por parte del señor Hermosilla”.

La diputada, en tanto, aseguró que “al señor Hermosilla se le pagó plata por parte del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transportes, horas antes que terminara el gobierno del señor Piñera. Es importante que sepamos si es que efectivamente se prestaron esos servicios”.

El jefe de la bancada del PPD, Jaime Araya, apuntó directamente a la UDI, pidiendo que desde el gremialismo “haya cierta consecuencia del caiga quien caiga, y aquí Andrés Chadwick”.

Y añadió: “La bancada completa de la UDI debe estar a completa disposición de esclarecer estas circunstancias”.