En 2017, el ex presidente Ricardo Lagos dijo: “La tarea número uno de Chile es crecer, todo lo demás es música”. Sucede que cada punto de crecimiento adicional son miles de personas que encuentran empleo, millones de dólares de recolección adicional del estado para el gasto social, la mejora de los salarios y muchos otros efectos positivos.
La pregunta entonces es ¿cómo avanzamos en esa tarea? El ruido de la política hace que sea difícil responder a esa pregunta. El que como oponente fue crítico, en su papel oficial se convierte en una auto -matanza, y viceversa. Los datos laterales y laterales vuelan en una guerra de quién trae un antecedente que mejor se adapta a su historia.
Si recientemente, el presidente celebró el alto iMacec de diciembre, que aumentó 6.6% en comparación con el mismo mes de 2023, otros responden que el crecimiento promedio en su gobierno es el más bajo desde el regreso a la democracia. Si se celebra la caída en el desempleo del último trimestre, hay quienes señalan que la tasa de desempleo promedio de 2024 de poco más del 8% es la más alta de los últimos 15 años. Finalmente, mientras el Ministro de Economía celebra la alta inversión extranjera directa, otros aclararon que ha logrado recuperarse en este gobierno, con caídas de 1.1% y 1.3% entre 2023 y 2024, respectivamente.
En este último debe detenerse, porque está muy conectado con el crecimiento económico. El FBKF, el que se traduce en la generación de nuevos activos que contribuyen a que nuestra economía pudiera producir más y mejores bienes y servicios, fue durante los tiempos de la bonanza en Chile el motor principal del crecimiento económico, hasta el punto de que desde el Volver a la democracia hasta 2013 no hizo nada más que crecer. Hoy está estancada, de hecho, todavía estamos en niveles similares a los de 2013 cuando dejó de crecer.
Pero esto no es todo. De esta baja inversión existente, la que crece es la asociada con la adquisición de “maquinaria y equipo”, y la “construcción y obras” está estancada. ¿Cómo interpretar esto? Una posible lectura es que la inversión se concentra cada vez más en mejorar la productividad de las actividades existentes, y cada vez menos en la creación de nuevos proyectos.
¿Qué podría estar detrás de esta dinámica? Como es el caso, no hay una sola razón que lo explique todo. Sin embargo, hay uno que tiene cada vez más prominencia en el debate público y que explicaría el comportamiento dispar de la inversión en Chile, más asociado con mejorar la productividad de lo que ya es y no crear cosas nuevas: permisos. Parece que cuando el zapato se aprieta más en la creciente incapacidad de nuestro país para generar las condiciones que permiten construir proyectos a gran escala.
Algunos dirán que esto es conocido durante mucho tiempo, que la permisología es el gran problema del país y que hay facturas que se hacen cargo. Lo que sucede es que, dependiendo de la crudeza del diagnóstico, el tipo de receta generalmente varía. Y dado que la evaluación de los proponentes es la autocomplante, las soluciones propuestas caen (muy) cortas. Bajo este aspecto de Pivotes, somos escépticos de que los proyectos de ley que se discuten hoy pueden reactivar la inversión. El proyecto que modifica el sistema de permisos ambientales, con mucho, el más relevante en esta área, contribuye a los márgenes y, como tal, puede ser valorado por algunos usuarios actuales del sistema, pero no traerá los cambios que esas inversiones que no llegan que no están llegando.
La iniciativa legal modifica el régimen de desafío del proyecto, para el cual elimina el comité de ministros y corrige las reglas de procedimiento para procesar una inversión a través de un solo recurso. También aumenta el número de proyectos que pueden ser anfitriones de un proceso de emergencia y, por lo tanto, reducen su proceso legal de procesamiento, entre otros cambios. Estas modificaciones, ¿mejoramos lo que tenemos? Definitivamente. Sin embargo, no evitarán casos como el que vivió por el Proyecto Dominga, donde la incertidumbre con respecto a los aspectos centrales se mantiene después de años de evaluación ambiental, en una llegada de recursos judiciales y administrativos. Tampoco evitarán que docenas de servicios públicos que participen en el proceso de evaluación pueden llenar el titular de las solicitudes de información excesiva y, a menudo, irracional. Esas son las cosas que disuaden la construcción de grandes proyectos a la velocidad y la escala que necesitamos.
¿Qué reformas podrían moverse la aguja? Certidumbres en las etapas iniciales del proceso de evaluación ambiental, al menos para el procesamiento de grandes trabajos de inversión. Estabilidad regulatoria con respecto a los aspectos centrales de un proyecto a gran escala: impuestos y el estatuto aplicable para el uso de recursos naturales y bienes públicos. Finalmente, un incidente y un proceso de evaluación de políticas públicas serias, que nos permite rebelarse contra los casi 500 permisos existentes, manteniendo solo aquellos que son necesarios, en lugar de generar un orgánico completo para reducir estos días de burocracia kafkiana.
Estos son ejemplos de reformas que apuntan al problema subyacente, la incapacidad de atraer inversiones productivas, para que podamos crecer más, generar más bienes y servicios, tener más competencia, generar más empleo. La alternativa actual puede hacer felices a algunos sindicatos, pero no cambiará lo que se ha transformado de un tiempo a esta parte en la semilla del declive de la que alguna vez fue el “Jaguar de América Latina”, y por cierto, No va a permitirnos ver que vemos los “brotes verdes” deseados.
