Abogado de profesión y domiciliado políticamente en Renovación Nacional, Bruno Baranda (59) forma parte de la treintena de candidatos vinculados a la comunidad que se postulan para el Consejo Constituyente, órgano que tendrá una nueva oportunidad de redactar una carta fundamental para proponer a el país.
Y su énfasis es claro. “Emprendimiento, desarrollo social y económico, donde haya igualdad de derechos y deberes en los que podamos convivir”, señala quien fue concejal de la comuna de Santiago durante 2008 y 2010 y luego de renunciar- saltó a la esfera gubernamental para asumir la Subsecretaría del Trabajo en la administración del presidente Sebastián Piñera hasta 2013 y, posteriormente, la titularidad del Ministerio de Desarrollo Social durante los últimos meses de gobierno.
“Debemos asumir la responsabilidad histórica, y bastante extraordinaria, viéndola como una nueva oportunidad no para vivir un proceso fallido como el anterior, sino como la construcción de una propuesta constitucional que satisfaga a 2/3 de esa población”.
Cuatro años después, el hermano de Benito Baranda y una de las principales letras de Chile Vamos en la Región Metropolitana, asumió como presidente del directorio de TVN hasta diciembre de 2019.
– Hablando del papel del sector privado y del Estado, ¿cómo cree que la nueva Constitución puede sentar bases?
– A nivel constitucional, el papel del Estado debe tender a promover, asegurar y contribuir activamente a la búsqueda del bien común y a la generación de oportunidades, para que las personas puedan participar y funcionar, respetando siempre el impulso privado, sin sustituirlo. o prohibiéndolo. de la Constitución, en las áreas de desarrollo, emprendimiento e iniciativa, siempre resguardándola y debida vigilancia.
Por otra parte, la Constitución no puede transformarse en un catálogo de políticas públicas maximalistas de preferencia ideológica de quienes estamos llamados a redactarla, sino en un marco para que los órganos del Estado funcionen de manera equilibrada y desde el principio. . Entre ellos, en lo económico, que se reconozcan la libertad y los derechos de propiedad, y que se generen instituciones, incentivos y promoción suficientes para que haya desarrollo humano y progreso material.
– ¿Cómo podría influir la nueva Carta Magna en la autonomía del Banco Central y la Contraloría?
– En mi opinión, la Constitución debería contemplar la autonomía de determinados órganos. Entre ellos, el Banco Central, que ha jugado un papel muy fundamental en la estabilidad y desarrollo del país. A continuación, la Contraloría General de la República, y muchos otros organismos.
La discusión sobre el Ministerio Público, por ejemplo, o sobre la defensa pública, hay muchas instituciones que en Chile deberían tener un carácter particular, que les permita ser autónomas de contingencias y dogmatismos políticos.
-¿Espera ver una Fiscalía Nacional autónoma?
– Propongo mayor autonomía en la Fiscalía, por ahora, el proceso de designación del Fiscal Nacional tiene su origen en una discusión y aprensiones políticas.
– Usted menciona que uno de los temas prioritarios es la seguridad. ¿Cómo cree que debe contribuir la Constitución en este ámbito?
– Tiene que ser una Constitución de libertades, que promueva el emprendimiento, las certezas y la seguridad, y lo digo en un sentido amplio cuando me refiero a estos conceptos.
En cuanto a la seguridad, obviamente incluye la seguridad pública, la reacción a los actos de violencia, la no tolerancia a la impunidad, pero también incluyo, en este concepto general de seguridad, la seguridad social. El Estado debe jugar un papel importante de la mano del sector privado para promover oportunidades y un desarrollo sostenible que considere a los más vulnerables.
– ¿Qué opinas del proceso anterior?
– Sinceramente, creo que fue una oportunidad perdida. Ahora bien, lo que más rescato de ese proceso, paradójicamente, es el resultado del plebiscito de salida. En mi opinión, el 62%, casi 2/3 de los ciudadanos que votaron, rechazaron la propuesta de Constitución y eso es un fundamento extraordinario, es un dato muy relevante para volver a discutir un proyecto de Constitución.
Cualquiera que sea la motivación y el origen del voto, fue un voto de rechazo a la propuesta del gobierno y de extrema izquierda. En consecuencia, debemos asumir la responsabilidad histórica, y bastante extraordinaria, viéndola como una nueva oportunidad no para vivir un proceso fallido como el anterior, sino como la construcción de una propuesta constitucional que satisfaga a las 2/3 partes de esa población.
-¿Cuál es su visión respecto a la configuración y legitimidad de este nuevo proceso?
– Me parece que es un proceso legítimo y bien estructurado, se puede discutir si se podría haber agregado algún elemento o cambiado alguna característica, sin embargo, está bien desarrollado en mi opinión.
En primer lugar, la legitimidad de origen, que es 2/3 del rechazo de septiembre pasado; en segundo lugar, también es legítimo porque el procedimiento, las características y el marco normativo surgen y nacen de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas del país; y, en tercer lugar, normas jurídicas evidentemente dictadas por legisladores elegidos popularmente. Y creo que esta estructura de observadores y expertos va a permitir y tolerar una discusión racional.
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