El conflicto jurídico entre los principales intercambios de las criptomonedas en el mercado con gran parte de la banca debido a la apertura de cuentas corrientes que se viene realizando desde 2018 en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aún ha dejado espacio para nuevas discusiones.
La disputa comenzó luego de que una serie de bancos cerraran o negaran la apertura de cuentas corrientes a Buda.com, CryptoMKT y OrionX.
Buda.com fichó para su defensa a dos expertos que son las abogadas Carolina Veas y Rebeca Zamora. Ambos produjeron un informe de 121 páginas que presentaron al Tribunal antes de fin de año reforzando la posición de la fintech.
Los juristas señalaron al TDLC que los bancos han invocado la regulación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo “para justificar el cierre o la negativa a abrir cuentas, aun cuando ello haya sido expresamente desaconsejado por dicho marco normativo y por la propia Fiscalía Nacional Económica (FNE)”.
En el documento que presentaron, acusaron que “los bancos prefieren dar una lectura diferente a las normas sectoriales y alegan que no están preparados para hacerse cargo de los riesgos que implica la actividad de las bolsas porque, o bien no estarían regulados, o porque las transacciones que facilitan conllevarían un alto riesgo de lavado que no se puede gestionar”.
Siguiendo esta línea argumental, afirmaron que las entidades financieras “no pueden tener como clientes a quienes se dedican al comercio de joyas, relojes, vehículos de todo tipo, obras de arte o antigüedades, entre otros bienes que son universalmente reconocidos como medios posibles”. por el lavado de activos -y que, además, están regulados por ser sujetos obligados en el derecho comparado, pero no en el derecho chileno”.
Por ello, comentaron que hay que cuestionar si el banco ha hecho uso de la normativa “como excusa para realizar una acción anticompetitiva”.
Agregaron que los bancos “cierran o niegan la apertura de cuentas sin dar razones más allá de no querer operar con el intercambiosni tener una política comercial, pública, objetiva y no discriminatoria basada en un enfoque de riesgos -eso no va a cambiar de la noche a la mañana-”.
Señalaron que “una decisión de esta naturaleza -careciendo de un protocolo o método que permita a un tercero imparcial verificar su legitimidad y validez- nos impide evaluar si la negativa a abrir o cerrar una cuenta corriente responde a un objetivo y razonable- ya sea en la normativa LA/FT u otra- o si, por el contrario, tiene un fin anticompetitivo”.
En ese contexto, acusaron que “Los bancos adoptan políticas comunes, lo que se ilustra en este caso con el hecho de que las decisiones de cerrar y negarse a abrir cuentas por parte del 79% del mercado podrían concentrarse en un período de apenas tres meses”.
La defensa del banco
El Banco BICE respondió a las acusaciones de Buda.com afirmando que tres años antes de que comenzara el juicio, definió que no operaría con empresas que vendan monedas virtuales, salvo la existencia de una debida diligencia exhaustiva y la aprobación expresa del Comité de Ética y Prevención. de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La empresa vinculada a la familia Matte señaló que el conflicto legal con la intercambios se podria solucionar con “El desarrollo de un protocolo es más que suficiente”.
Por otro lado, Banco Security aseguró que la actividad económica de las plataformas que venden criptomonedas “Todavía no tiene la regulación necesaria para prevenir adecuadamente estos riesgos y tampoco la tendrán en el corto plazo”.
Aeropuerto de Viña recibirá vuelos comerciales. El Presidente Gabriel Boric anunció la ampliación y mejoramiento del Aeródromo Viña del Mar en Torquemada, lo que habilitará el recinto para la operación de vuelos comerciales nacionales e internacionales desde 2027. En la actividad también estuvieron presentes representantes de las líneas aéreas Sky y JetSmart.
Grupo CAP entra al negocio de las tierras raras. Con la suscripción de más de 18,7 millones de nuevas acciones ordinarias en la compañía REE Uno, equivalentes al 20% de la propiedad, y por un monto de US$ 29,1 millones pagados al contados y otros US$ 9,7 millones quedando pendientes, el 16 de abril el Grupo CAP concretó su alianza con Aclara Resources, que desarrolla en Penco un proyecto de tierras raras.
¿Cómo sigue el dólar? En medio de un fuerte avance del cobre y tras nuevos signos de fortaleza laboral en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 967,18 lo que implica una caída de $ 10,67 respecto al cierre del miércoles. Por su parte, el cobre Comex aumentaba 1,56% a US$ 4,43 la libra, un nuevo máximo desde mediados de 2022.
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Un total de 66 procesos sancionatorios por no declarar operaciones sospechosas, los cuales afectaron principalmente a bancos, administradoras generales de fondos (AGF) y empresas de transferencias de dinero, aplicó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante 2023.
De esa cantidad sólo uno fue absuelto, nueve archivados, tres recibieron amonestación escrita y 53 fueron afectados con multas a beneficio fiscal por UF 4.155, lo que equivale a unos $ 159 millones aproximadamente.
El monto, que representa un aumento de 493% respecto del año anterior, es el resultado de las fiscalizaciones en terreno que realiza la UAF para verificar el cumplimiento efectivo de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo por parte de las personas naturales y jurídicas conocidas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, o sea aquellas que resulten inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente.
De los 56 sujetos sancionados con amonestación escrita o multa, 55 son de la Región Metropolitana y uno de la Región de Los Lagos.
De acuerdo con las facultades legales, la UAF puede ejecutar acciones de supervisión in situ o remotas en cualquier momento, utilizando un criterio de seguimiento de las entidades reportantes del sector privado, según los riesgos identificados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a los que se exponen las actividades a las que pertenecen.
Al desglosar, siete sectores económicos concentraron el 72% de las supervisiones del año: 31 fueron a notarios, 27 a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 14 a administradoras de fondos de inversión, 14 a casas de cambio, 11 a empresas de transferencia de dinero, nueve a casinos de juego, y nueve a usuarios de zonas francas.
Las restantes 44 fiscalizaciones se concentraron en otros 10 sectores.
En el caso de los bancos multados, se trata de Santander Chile y BancoChile por el reporte no oportuno de operaciones sospechosas relacionadas con el caso Verde Austral (Pacogate), a los que se les impuso el tope legal de 800 UF (infracción leve).
Junto con las sanciones, la UAF resolvió iniciar el año pasado 118 procesos sancionatorios administrativos, lo que implicó un alza de 127% anual. Un 22% de ellos fue a empresas de factoring; un 14% a aquellas de transferencia de dinero y a las AGF; un 11%, a casas de cambio; un 9,3%, a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria y un 6,8%, a notarios.
Alzas en el registro
El director de la UAF, Carlos Pavez, destacó que las cifras de 2023 revelan que el Registro de Entidades Reportantes sumó 8.729 personas naturales y jurídicas inscritas, 4,2% más que hace un año. De estas, 8.257 pertenecen del sector privado y 472 son instituciones públicas.
Así, la entidad recibió 12.902 informes de sujetos obligados privados y públicos, un 13,2% anual).
El aumento respondió a la mayor cantidad de entidades inscritas en el servicio y el mayor reporte de bancos e instituciones públicas.
En los últimos cinco años, la UAF ha recibido 45.039 ROS.
El año pasado, además, la Fiscalía envió 184 requerimientos de información a la UAF sobre 1.681 personas naturales y jurídicas.
Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) extranjeras hicieron 35 consultas a su par local, relacionadas con 184 personas naturales y jurídicas. En el año, la UAF remitió 23 solicitudes de información, sobre 137 personas. Todos estos intercambios de información se realizaron a través de la Red del Grupo Egmont. En 2019-2023, la UAF ha recibido 150 consultas de las UIF extranjeras sobre 1.775 personas.
El deterioro del empleo tuvo sus efectos sobre el número de personas que cotizan en las AFP en 2023.
En los primeros meses de 2024 la caída se ha seguido observando ya que el número de cotizantes llegó a 5.867.854 en febrero, lo que implicó un retroceso de 0,3% respecto de los 5.885.841 que ahorraban para su pensión en el mismo mes de 2023.
Con ello, el número de cotizantes acumula 13 meses de retrocesos, tendencia que comenzó en febrero de 2023, teniendo su último aumento interanual en enero de ese año.
Sin embargo, la baja de los últimos meses ha sido más paulatina que las que se vieron durante 2023, lo que a juicio de los expertos, podría estar mostrando signos de que los próximos meses se produciría una recuperación.
La investigadora de Clapes UC, Carmen Cifuentes, aseguró que la disminución de febrero se traduce en aproximadamente 18.600 cotizantes menos que en el segundo mes de 2023.
“Aunque estos números indican un retroceso en comparación con el mismo período del año anterior, es importante destacar que la magnitud de la disminución es la menos pronunciada de este periodo de retrocesos”, señaló.
¿Cambio de tendencia?
La economista vislumbró un eventual cambio de tendencia en los meses que vienen, aunque con cautela. “Esto sugiere que podría haber mejoras en los próximos meses. Sin embargo, otros indicadores relacionados con el empleo asalariado muestran señales mixtas”, advirtió.
Por ejemplo, la investigadora detalló que los datos de la Dirección del Trabajo (DT) revelaron un aumento interanual de un 21,9% en los despidos por necesidades de la empresa en febrero. Esta alza llevó el total a más de 86 mil en los dos primeros meses de 2024, la cifra más alta desde 2020.
“Es necesario analizar con cautela las cifras del INE, que mostraron un repunte en la creación anual de empleos asalariados para el trimestre de diciembre de 2023 a febrero de 2024, ya que los registros administrativos, tanto de la DT como de la Superintendencia de Pensiones, indican que esta recuperación aún no es completamente clara”, planteó.
La economista recordó que si bien las proyecciones de crecimiento para este año son mejores que las de 2023, “aún son moderadas”.
Además, recordó que el Banco Central pronosticó una disminución en la inversión privada para este año, lo que afectará negativamente la creación de empleos formales, especialmente en el sector privado.
“Aunque se esperan mejores datos de actividad económica en el futuro, la recuperación del mercado laboral probablemente será gradual y paulatina, dado que este suele responder con cierto rezago a los cambios en la actividad económica”, concluyó Cifuentes.
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