La Cámara de Diputados despachó este miércoles y de manera unánime el proyecto de ley que buscar mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. En términos generales, el objetivo de la iniciativa fue establecer una reforma integral del sistema penal, con miras a una aplicación real de las penas.
En concreto, la iniciativa que llegó desde la comisión mixta con el Senado y que ahora será enviada a trámite de promulgación, modifica el Código Penal. En este sentido, una de las indicaciones ingresadas señala que si un delito juzgado es cometido por una persona que está cumpliendo una condena, que es reincidente o que ya fue condenado por un delito similar, el tribunal excluirá el grado mínimo de dicha pena.
Esto último tendrá exclusión en caso de una colaboración “sustancial” en el esclarecimiento de los hechos. En la situación de que la persona se encuentre en la segunda condena, la pena será aumentada en un grado.
Otra de las disposiciones del proyecto señala que se dará por entendido que existe peligro de fuga del imputado cuando no se conozca su identidad. Al igual que cuando se carezca de documentos que corroboren de manera fidedigna la identidad o haya negación para entregar dicha documentación.
Además, en el Código Procesal Penal se introducen medidas especiales de protección de fiscales. Esto, con miras a situaciones de amenazas, agresiones o potencial afectación a la integridad del profesional o de sus familias. Entre las opciones está la asistencia a las audiencias por vía remota y la reserva de identidad del fiscal o abogado asistente.
Algo parecido se concreta para jueces que participen en la persecución penal. En especial, apunta a casos que involucren a una asociación delictiva o criminal. Acá, se podrá solicitar la reserva de la identidad y se regula los procedimientos a seguir frente a dicho evento.
En juicios orales, el juez de garantía podrá decretar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas, por motivos calificados o de seguridad. La petición deberá formularse hasta siete días antes de la fecha fijada para la audiencia. Igual medida será aplicable en juicios orales.
Durante la discusión previa a la votación, varios parlamentarios se manifestaron a favor de la iniciativa. Uno de ellos fue Andrés Longton (RN), quien señaló que le parece “un proyecto relevante para reducir la impunidad” porque se castiga “fuertemente a los reincidentes”.
Asimismo, Luis Sánchez (Rep.) dijo que se sabe que las cifras de reincidencia en nuestro país “son altas”. De esta manera, apuntó a que este proyecto “acerca más a las soluciones” con respecto a la crisis de seguridad.
Desde el Frente Amplio, la diputada Maite Orsini (RD) sostuvo que las normas del proyecto son “sólidas y fortalecen la persecución penal y esta es una respuesta correcta y necesaria al problema de seguridad ciudadana que nos convoca y se trata de una de las reformas al sistema procesal penal más importante de la última década”.
En tanto, la diputada comunista Alejandra Placencia destacó “el rol del Ministerio Público, el papel de la Defensoría y del gobierno”, resumiendo que el proyecto aprobado significa “un avance”.
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