El martes en La Moneda la detención en prisión preventiva del exdirector general de la PDI Sergio Muñoz, a quien se le imputaron 12 delitos de violación de secreto, fue vista como una oportunidad de endurecer el tono contra la oposición. El análisis en los equipos internos era que los antecedentes expuestos en la formalización, con figuras de la derecha incluidas, como el exministro del Interior Andrés Chadwick y el excanciller Andrés Allamand, permitían ser tajantes en los juicios del caso.
“Se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”, dijo la ministra Camila Vallejo en la primera vocería oficial del gobierno después de la formalización.
La intención de esa vocería era que quedara clara y explícita la condena del gobierno. Incluso recalcó que esta posible red de corrupción implica “no solamente al exdirector general de la PDI, una institución sumamente relevante, sino que también a expersoneros de gobierno y líderes políticos, hasta el momento, de la oposición”.
Es más, mencionó algunos ejemplos: “Estamos hablando del caso Dominga, que involucraba posibles delitos tributarios de cohecho y soborno; del caso Enjoy, que involucraba posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible; estamos hablando también de un caso asociado al exdirector de la PDI Héctor Espinosa, y también el caso Guevara por negociación incompatible, entre otros casos”.
El tono de la vocera de gobierno fue abordado horas después por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien buscó marcar límites de la investigación. “Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa (…) La investigación está vigente, no puedo entregar información sobre el particular, pero me remito a los hechos de la formalización que hoy día se han hecho públicos”, dijo en entrevista con Meganoticias.
Las palabras del fiscal obligaron a la vocera a aclarar sus dichos. En Radio Universo dijo que lo “que hemos señalado desde el gobierno es que aquí hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, dados los propios antecedentes que se han presentado en la audiencia de formalización, y que terminaron además con la prisión preventiva del exdirector general de la PDI”.
Y agregó: “Si tuviéramos nuevos antecedentes, los vamos a poner inmediatamente a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía es la que investiga y los tribunales son los que van a determinar”.
Tras los dichos del fiscal, la ministra del Interior, Carolina Tohá, salió a respaldar a la vocera: “Lo que el gobierno tiene y que la ministra Vallejo planteó es una preocupación que compartimos todos los chilenos y chilenas. Al conocer antecedentes de la gravedad que hemos sabido, vinculados en un primer momento al caso que hemos llamado “audios”, ligado al abogado Hermosilla, pero que a esta altura se extiende a otros ámbitos. Y vemos que incorpora, o está en investigación la incorporación de la participación del exdirector de la PDI, ciertamente esto provoca una preocupación en la ciudadanía. Ciertamente esto abre interrogantes respecto al alcance que tiene”.
También respaldó los dichos de Vallejo sobre la oposición, afirmando que “la vocera no es la que ha nombrado a la oposición, son las noticias de prensa que han publicado antecedentes de este caso y que han mencionado a personas de la oposición. Y lo que corresponde cuando eso pasa, al menos la actitud que tenemos cuando se menciona a personas del oficialismo, es exigir que se investigue a fondo”.
“Al menos en el Ejecutivo eludimos siempre cuando sale nombrado alguien de nuestras filas decir ‘esto es una operación política’ o es un aprovechamiento. Lo que decimos es que se investigue, que se esclarezca y si hay delitos que se sancionen. Uno esperaría que cuando son personas de oposición se haga lo mismo”, añadió la jefa de gabinete.
Quien también habló del tema fue el titular de Justicia, Luis Cordero, quien indicó desde el Congreso que “lo clave, la ministra Vallejo también se refirió a eso, es dar garantías a todos de que el Ministerio Público está cumpliendo su función. (…) Las instituciones deben funcionar normalmente, a mí lo demás me parece que hay distintas aproximaciones para poder contribuir a que las investigaciones avancen”. “Tomo las palabras del fiscal, sencillamente, como el compromiso que todos tenemos de entregar antecedentes, no le doy más importancia que esa”, agregó el secretario de Estado.
En La Moneda la revelación de conversaciones privadas del abogado Luis Hermosilla no pasaron desapercibidas, ya que fue el penalista elegido por el jefe de asesores, Miguel Crispi (RD), como su representante en la investigación del caso Democracia Viva. El jefe del Segundo Piso se desligó de esa representación tras el estallido del ‘caso Audios’. Hoy lo representa en esa causa el abogado Francisco Chahuán.
De todas formas, la oposición aprovechó las dudas que generaba el nexo Crispi-Hermosilla para salir a responder a la vocera.
El presidente de la UDI, Javier Macaya, escribió en su cuenta de X: “Más allá de la caricatura de que en el segundo piso no se use ni cuello ni corbata, la ministra Vallejo juega con fuego al llevar el caso Hermosilla a La Moneda. Parece olvidar quién era el abogado del jefe de asesores del segundo piso. Dejemos que las instituciones funcionen y no las tratemos de manipular en beneficio de un interés político. En palabras del propio fiscal nacional: “Si efectivamente tiene información de la existencia de una red, debería informarla a la fiscal que lleva la causa”.
Mientras que el diputado republicano Cristián Araya escribió en X: “¿Por qué Miguel Crispi contrató a Luis Hermosilla como abogado defensor frente a la querella en su contra por el caso convenios? Quizás la Ministra Vallejo tiene información que nos pueda guiar…”.
A las 14.14 horas, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, se posicionó en el hall “El Pensador” del Congreso y lanzó los dardos más duros de su sector contra el fiscal nacional, Ángel Valencia.
“Respaldo por completo las palabras de la ministra Vallejo. (Ella) es una política, habla de política, su función es hablar de política y esa no es la función del fiscal Valencia. Parte de nuestras funciones (como diputados) es tener un debate político. Esa no es su función, si usted quiere, fiscal Valencia, hablar de política, comentar las salidas políticas o poner calificativos, atacar o no a un partido u otro, perfecto, presente su candidatura en el Servel y sea candidato a diputado o senador. ¿Sabe qué? Creo que lo haría bien”, partió diciendo el parlamentario, quien, pese a salir en solitario, representa a su bancada.
“El mismo fiscal nacional, que también tenía este gusto para hablar de política, para Democracia Viva parecía William Wallace y ahora, con el caso Hermosilla, parece Buda, que pide tranquilidad y mesura”, lanzó también el diputado Winter.
Previo a esto, su compañero y presidente de Convergencia Social -colectividad del Presidente Boric-, Diego Ibáñez, manifestó en redes sociales que “es preocupante que el Fiscal Valencia entre en polémica en medio de un caso de corrupción tan grave. Lo que debería primar acá es el rechazo y la condena a lo que hemos conocido, sin matices”.
Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, manifestó, en tanto, que “no perdamos de vista lo relevante. La ministra fue bastante precisa en sus palabras. No hay suposiciones al aire; hay audios, WhatsApp y vínculos conocidos entre personas, información entregada por la misma Fiscalía”.
La diputada del mismo partido, Maite Orsini, agregó que “que no se le olvide al fiscal nacional que el encargado de recabar la evidencia es el Ministerio Público y no la ministra Vallejo”.
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