Él Ministerio de Relaciones Exteriores Se encargará de formar una comisión que evalúe la posibilidad de que Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un enfoque anunciado por el Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Aranadurante su presentación en el Congreso para recibir el voto de confianza.
Esto fue indicado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántaraquien argumentó que su sector ya ha traído la ruta para llevar a cabo el grupo de trabajo que es responsable de analizar esta posibilidad. Dijo que, por competencia, este trabajo corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Hoy, a través del informe de un sector, se ha elaborado la ruta para la formación de la Comisión que evaluará la posibilidad de que Perú se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En este caso se ha establecido que Compete se ha establecido. Consejo de Ministros.
Acercarse
El 28 de julio, el jefe de la Gabinete ministerial criado antes que él Parlamento La creación de una comisión especial para evaluar la continuidad del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, algo que consideró “un aspecto de gran interés para el Congreso de la República y ciudadanía en general. “
Arana no especificó las razones exactas para plantear esta iniciativa, que ocurre en un contexto de crisis debido al aumento de la delincuencia a nivel nacional. Dado esto, Dina Boluarte planteó la aplicación de la pena de muerte.
Él Sistema intermericano de derechos humanos Está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR), con sede en Washington DC, y el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos (Tribunal de IDH), con sede en San José, Costa Rica.
En uno de sus últimos pronunciamientos con respecto a nuestro país, el IACHR expresó su grave preocupación después de que el gobierno promulgó la ley que modifica la creación de la Agencia de Cooperación Internacional Peruana (APCI), considerando que las nuevas regulaciones “podrían ser desproporcionadas, para constituir un obstáculo para el funcionamiento de los defensores de los derechos humanos y afectar la libertad de asociación y la expresión”.
“La Comisión expresa su preocupación por la información recibida por las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los pueblos indígenas, los defensores de mujeres y las personas LGBTI, así como representantes de víctimas y familiares de violaciones graves de los derechos humanos, dado el impacto que la implementación de esta nueva ley tendría en sus actividades de defensa de los derechos humanos”, dijeron.
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