En el salón principal de la Escuela de Carabineros de Chile, General Carlos Ibáñez Del Campo, se llevó a cabo un acto donde el Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco y el Inspector de la Policía Antidisturbios de los Estados Federales Alemanes, General Andreas Backhofellos firmaron elMemorándum de Entendimiento: Plan de Trabajo Conjunto 2022-2023″.
El documento es un acuerdo de colaboración recíproca y su objetivo es “la protección del orden público y la seguridad de los ciudadanos de nuestro país”. Así, el acuerdo busca intercambiar experiencias en materia de control del orden público.
“Para Carabineros de Chile, suscribir esta declaración es motivo de orgullo, porque entendemos que la colaboración recíproca es fundamental para seguir creciendo y avanzando en este camino hacia nuestro centenario”, dijo el General Yáñez.
“Este flujo de conocimientos y visitas recíprocas nos ha permitido complementar y fortalecer nuestros protocolos de actuación, destacando entre algunas cosas la incorporación de agentes de diálogo”, agregó el director de Carabineros.
Además, el uniformado aseguró que este acuerdo “es un hito más en nuestro proceso de reforma. Es un paso más en una serie de esfuerzos para hacer tangible nuestra voluntad y compromiso con el país. Es un ejemplo más de progreso, en directa sintonía con las necesidades de la sociedad. Es la prueba de que somos una Institución viva y activa, que camina con paso firme hacia su centenario”, resaltó el General Yáñez.
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Imputado. Esa es la calidad que tiene el diputado Mauricio Ojeda Rebolledo (independiente, que integra la bancada de republicanos) en la investigación que lleva adelante el fiscal de Alta Complejidad Carlos Cornejo por un millonario fraude a recursos del Gobierno Regional de La Araucanía, que se indaga en medio del denominado ‘caso Convenios’ o ‘líos de platas’. Ahí se pesquisan más de $730 millones que se habrían desviado por parte de dos fundaciones: Folab y Educc.
Una de las situaciones que alertaron a los investigadores ocurrió el año pasado. El 16 de octubre, cuando funcionarios de la PDI le solicitaron la entrega voluntaria de su móvil, el parlamentario accedió sin que mediara orden judicial. ¿El problema? Es que su abogado Carlos Tenorio escribió que el celular no estaba en las mejores condiciones. “Es del caso comentar, respecto del equipo móvil, que el mismo sufrió daños el pasado día 12 de octubre, fecha en la cual el hijo de tres años de edad lo tomó y lo destruyó en medio de una jugarreta”, explicó la defensa.
Quienes conocen de los peritajes de la PDI sostienen que más que una caída casual de un teléfono, el aparato parecía haber sido arrollado por un vehículo, ya que estaba completamente destruido.
Una situación que en su momento no causó mayor alerta. Hasta que declaró en Fiscalía Miguel Ortiz, hermano de Rinett y Juvenal Ortiz -representantes de Folab-, quien dio pistas de cómo el parlamentario habría coordinado cómo enfrentar al Ministerio Público y, además, sugerido quemar los celulares.
En una reunión, dice el testigo, en la que participó junto a sus hermanos, “el diputado nos explicó qué es lo que debía hacer mi hermana: dijo que él se iba a autodenunciar, y que mi hermana debía hacer lo mismo, debiendo reconocer que ella había malversado fondos públicos y que así se podía hacer un acuerdo entre ella y Fiscalía. Después explicó un segundo punto, sugiriendo que mi hermana pidiera su quiebra”.
En su declaración además sostiene que “finalmente, habló sobre las personas que podían verse afectadas por este asunto, ya que mi hermana había sido apoyada por gente del GORE, que ellos tenían familia y que se podían ver gravemente comprometidos. Que eso nosotros lo teníamos que tener en consideración. Luego nos indicó que mi hermana debía hacer desaparecer su teléfono, y que él recomendaba que lo mejor era quemarlo, y que él sugería que para justificarlo “mi hermana debía decir que como ella estaba muy afectada, con tratamiento psiquiátrico, y la prensa y la gente la llamaban mucho, ella decidió quemarlo””.
El 14 de agosto el parlamentario había acudido al Ministerio Público expresando que quería declarar voluntariamente al verse involucrado en el caso. Esto debido a la intervención que hizo a favor de una de las ONG investigadas. Según expuso la semana pasada la Fiscalía, Ojeda mientras ejercía su labor de funcionario público y autoridad legislativa, entre los meses de junio y agosto de 2022 habría mantenido comunicaciones con la imputada Rinett Ortiz, quien le habría informado que la Fundación Folab -en la que ella era directora y representante legal- tenía problemas financieros. Fue ahí donde el congresista, según el ente perseguidor penal, en base a la amistad que lo unía con la mujer decidió asistirla mediante aportes económicos propios y de terceros.
Pero no fue lo único. El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, expuso en la audiencia de la semana pasada que junto con estos préstamos, “por otro lado, también como parte de las acciones en beneficio económico de Fundación Folab, el diputado Ojeda realizó diversas acciones, durante los meses de junio a septiembre de 2022, para obtener financiamiento y liquidez para Folab. Así las cosas, tomó contacto con el jefe de gabinete del Gobierno Regional de La Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepin, respecto de quien conocía su calidad de funcionario público y cargo, a quien le dio a conocer la existencia de la fundación, sus actividades y su amistad con la directora de la entidad privada”.
Fue así como la ONG en cuestión se adjudicó millonarios aportes estatales para la realización de cursos de “masoterapia”, “peluquería” y “manicura”, los cuales nunca fueron realizados, ya que dicho dinero se desvió para pagar deudas.
El día de su declaración, el congresista expuso que “tomé conocimiento de que estaría involucrada directamente en una defraudación por medio de su fundación, doña Rinett Ortiz Rivera, a quien conozco desde el año 2006 aproximadamente, cuando yo me desempeñaba como periodista de TVN Red Araucanía, siendo doña Rinett nuestra maquilladora. Es así como se generó entre nosotros una relación de confianza y afecto, que ha permanecido en el tiempo, sin perjuicio que no somos amigos ni tampoco nos frecuentamos”.
Junto con esto aseguró que “mediante una comunicación telefónica que efectué a doña Rinett cuando se confirmó la situación de su fundación Folab, ella muy afectada emocionalmente me confirmó que era efectivo lo que ocurría, que el dinero de la fundación lo había utilizado para pagar otras deudas que mantenía de arrastre, entre ellas algunas producidas por sus cursos SENCE, manifestándome que su mala situación económica venía desde la pandemia. Esta comunicación debe haber sido la primera semana de agosto, ya que fue coetáneo al momento en que GORE presenta su querella por este caso”.
Fue ahí cuando Ojeda detalló a la Fiscalía los aportes económicos que hizo para Folab. “El inconveniente que produjo para mí esta situación es que anteriormente, en el mes de agosto de 2022, yo gestioné un crédito de consumo para ayudar a doña Rinett, por un monto de $40.000.000, ya que ella me manifestó en aquel momento su desesperación por deudas que la aquejaban, pidiéndome que le ayudara económicamente con $70.000.000, que era el monto que requería para cubrir algunas deudas, mencionándome que era para cubrir sus obligaciones con organismos del Estado, creo que uno de ellos era Sence”, sostuvo.
Junto con esto, expresó que “por mi parte, considerando la cercanía que mantenía con doña Rinett así como la desesperación que ella tenía en ese minuto, es que accedí a facilitarle dinero. Como yo no contaba con ese monto requerido, gestioné un crédito de consumo con Banco Santander, accediendo a facilitarle en préstamo la suma de $40.000.000. Además, para ayudar económicamente con el saldo que doña Rinett requería, contacté a un amigo, de nombre Patricio Esparza, con quien conseguí la suma de $30.000.000, quien transfirió directamente a doña Rinett esa suma de dinero”.
Ojeda además explicó que ese préstamo fue saldado por Ortiz, pero que no recordaba si le transfirió desde su cuenta personal o la de la ONG. Y que fue un poco más de lo que le había aportado. “El monto transferido por doña Rinett como devolución del crédito es de $42.400.000, ya que ella además de devolverme el capital, me canceló también los intereses que generó el crédito y una tarjeta de crédito”.
Fue ahí cuando el fiscal lo detuvo y le leyó sus derechos. El diputado ya no era testigo, sino que había pasado su calidad a imputado.
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Este martes, durante su viaje a Calama, el Presidente Gabriel Boric compartió, entre otros integrantes de su gabinete, con las ministras del comité político, Carolina Tohá (Interior) y Camila Vallejo (Segegob). Con ellashabló largamente de contingencia internacional, producto de las declaraciones del lunes del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pero también sobre las palabras de la ministra de Seguridad de Argentina, la excandidata presidencial Patricia Bullrich, quien aseguró que en Iquique se había visto presencia del Hezbolá iraní, afirmación que también han difundido autoridades de Estados Unidos.
Los equipos de las ministras, y también de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), elaboraron reportes sobre el tema y también indagaron en el Ministerio Público si es que había información sobre la declaración de la autoridad trasandina. Pero no encontraron nada.
Lo único público que revisaron fue un comentario de la analista Paz Zárate en radio Biobío donde afirmó que Hezbolá estaba en el norte de Chile y que su fuente fue una columna de opinión en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) de Alejandro Salas que, según los reportes que se difundieron en el gobierno, “carece de fuentes oficiales”.
Además, en el gobierno recordaron internamente que es una polémica antigua por acusaciones sobre comerciantes con posibles vínculos, pero que fueron desestimadas por falta de pruebas.
Por lo mismo, en las conversaciones entre el Presidente y sus ministros -también estuvo en contacto con el canciller Alberto Van Klaveren- tomaron la decisión de elevar el tono. ¿El espacio? Radio María Reina de Calama.
“La ministra de Seguridad del gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que un grupo terrorista llamado Hezbolá estaría con presencia en el norte de Chile y otros países de la región. Yo le exijo a la ministra de Seguridad de Argentina que si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al ‘tuntún’ y a la rápida sin probar absolutamente nada”, aseguró Boric para cerrar su entrevista y sin que el periodista le haya consultado sobre el tema.
Esto, ya que fue una decisión política que el Jefe de Estado fuera la encargada de marcar los límites.
El Mandatario en su intervención también exigió “respeto hacia nuestro país” y anunció que enviarán una nota de protesta mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada de Argentina, lo que se hizo durante esta jornada.
Según informaron desde el Ejecutivo, se le entregó a Javier Lareo, jefe de Cancillería de la embajada de Argentina en Chile. La gestión la hizo el jefe de la División de América del Sur, el embajador Christian Hodges-Nugent.
Previamente ya había abordado el tema la ministra Tohá. “Cuando una autoridad tiene sospecha o antecedentes de temas delicados en esta materia, el canal para hacer esas observaciones es a través de la colaboración de inteligencia y la colaboración policial. No es a través de puntos de prensa que se discuten los temas de inteligencia”, dijo la jefa de gabinete. Y afirmó: “En este momento Chile no tiene amenazas de ataques de Hezbolá”, indicó la secretaria de Estado.
El asunto es que la dureza de Boric para enfrentar a Argentina -sin que se haya pronunciado su par de ese país, Javier Milei– contrastaron rápidamente con sus declaraciones previas sobre Venezuela. Respecto a eso, el Jefe de Estado si bien había exigido colaboración de Caracas en el marco del asesinato de Ronald Ojeada, ayer moderó su tono y mostró su disposición a dialogar con Nicolás Maduro, luego de que éste lo emplazara a solucionar el tema conversando.
De hecho, se espera que se produzca una llamada entre ambos en los próximos días.
En el Ejecutivo hacen la distinción y transmiten que la intervención del Presidente en Argentina se justificó porque la información que entregó la ministra de Seguridad no era precisa y estuvieron fuera de lugar. Por lo mismo, para darle notoriedad a la materia, se decidió que fuera Boric -quien conversó previamente con Van Klaveren- el que hiciera el punto.
Sobre la diferencia con el tono usado para Venezuela, insisten en que el motivo es estratégico para conseguir colaboración y la extradición de los responsables del asesinato de Ojeda, quien tenía calidad de refugiado en el país.
Dentro del mundo diplomático generó sorpresa la diferencia en el tono del Presidente Boric con el gobierno argentino y el de Venezuela.
“Lama la atención la diferencia. Puede explicarse bajo el prisma de que Chile necesita que Venezuela coopere para esclarecer el caso del Teniente Ojeda y para ello debe evitar que se produzcan más fricciones entre ambos gobiernos. Ahora, bajo mi mirada, es difícil que ello se concrete. En el caso de Argentina, más allá de las declaraciones públicas y sorpresivas de la minsitra Bullrich, no hay que sobrerreaccionar. Hay que encauzar la información por los canales diplomáticos correspondientes, manteniendo la racionalidad. Argentina es un país vecino, y que además, es una de nuestras prioridades absolutas en materia de política exterior”, sostuvo a este medio Carolina Valdivia, exministra de Relaciones Exteriores.
La también exsubsecretaria de Relaciones Exteriores agregó que “en estos temas tan delicados es preferible agotar todos los pasos previos antes de exponer a los presidentes. La declaración de una ministra de seguridad se responde mediante nuestras autoridades en la materia, como lo hizo la Ministra Tohá y luego lo abordó el canciller Van Klaveren. Si fuera declaraciones del Presidebte Milei, por cierto, amerita que responda nuestro Presidente. No antes”.
El senador Matías Walker (Demócratas) fue más duro. “Tal parece ser que la nota de protesta a Argentina fue una nueva imprudencia apresurada de nuestro gobierno en materia de relaciones internacionales. Es difícil que Patricia Bullrich haga una aseveración como la que hizo sin tener algún antecedente”, escribió en su cuenta de X.
Mientras que el diputado Diego Schalper (RN), parte de la comisión de Relaciones Exteriores, dijo que “lo que el Presidente tiene que exigirle a la ministra Bullrich y al gobierno argentino es que más que hacer declaraciones por la prensa, entreguen información a través de los canales que corresponden. Eso es lo que necesita el país, saber que información podría manejar eventualmente de esta naturaleza y si esa información no existe o no son capaces de entregarla, ahí si decir con mucha claridad que lo que ha hecho la ministra es irresponsable. Pero lo primero es recabar los antecedentes y velar por la seguridad de nuestros compatriotas”.
Lo mismo opinó el diputado Stepahn Shubert (independiente del comité Republicano), quien también integra la comisión. “El Presidente Boric en lugar de molestarse creo que lo que debe hacer es buscar un trabajo colaborativo”, manifestó.
Por el otro lado, en el oficialismo respaldaron al gobierno. “Como dijo el Presidente nuestro país exige respeto, no podemos aceptar imputaciones delirantes de autoridades de otros países, muy adecuada y pertinente la nota de protesta”, aseguró la diputada Carmen Hertz (PC).
Mientras que el excanciller Heraldo Muñoz (PS) señaló que le “pareció un despropósito la aseveración de la ministra Bullrich sobre Hezbollah en Chile. Hace muchos años hubo un rumor añejo de que Hezbollah podía estar generando financiamiento en Iquique y la Zofri. Nunca hubo evidencia para sustentar ese rumor. Y que ahora la ministra Argentina levante el tema irresponsablemente, lo cual amerita una nota de protesta”.
Y añadió: “La ministra parece haberse hecho eco de las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio al respecto, que fueron respondidas por un subsecretario del Departamento de Estado que valoró la cooperación en materia de seguridad entre EEUU y Chile. Lo que se escucha más frecuentemente es la posible presencia del grupo terrorista en la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, asunto más cercano a la ministra trasandina”.
El próximo jueves Tohá y Bullrich coincidirán en Enade y ambas participarán a las 13.00 en un foro llamado “Recuperar un país seguro”, el que también estará integrado por Iván Duque, expresidente de Colombia.
La jefa de gabinete además sostendrá una reunión con la ministra trasandina que, según dicen en Interior y en la embajada de Argentina, estaba coordinada desde antes que escalara el conflicto.
Todo ello en medio de el aumento de la tensión diplomática. “De manera bastante casual, durante los últimos días, algunos senadores estadounidenses y la ministra del Interior argentina (Patricia Bullrich) han reflotado temas en materia de organizaciones terroristas. De manera muy casual, muy coincidente, incluso pareciera muy articulada. Entonces uno se pregunta si el objetivo de esa provocación es la seguridad del continente o es dañar la imagen del país”, manifestó este miércoles el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Sus palabras fueron difundidas por el Mandatario.
En un punto de prensa durante esta jornada, Tohá intentó dar por superado el conflicto.
“A propósito de esto quiero señalar que hace poco rato recibí una llamada de la ministra Patricia Bullrich que expresó sus excusas por la forma en que esto se planteó. Dejó claro que no hay antecedentes de alguna amenaza inminente para el país en esta materia y quedamos, además, de acuerdo en que como vamos a coincidir la próxima semana, vamos a profundizar ahí la conversación respecto a cómo podemos afiatar una mayor colaboración entre los países para enfrentar los desafíos de la seguridad y el crimen organizado. Lo damos por superado, he aceptado esas excusas. Lo damos por cerrado el tema”, aseguró.
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Quiñenco vive una renovación iniciada en 2023. El año pasado Andrónico Luksic Craig renunció al directorio y a la presidencia de la matriz de los negocios familiares y cedió su puesto en la mesa a su hermana Paola Luksic Fontbona y la presidencia de la testera a Pablo Granifo, presidente del Banco de Chile..
El siguiente cambio fue la renuncia de la periodista Carolina García de la Huerta, quien fue reemplazada a inicios de este año por el exministro de Energía, Minería y Obras Públicas, Juan Carlos Jobet.
Y la próxima semana se producirá otro cambio, en la junta anual ordinaria de accionistas: saldrá el ingeniero comercial Matko Koljatic, director de Quiñenco desde hace exactas dos décadas, y lo reemplazará casi con seguridad otro insigne hombre de negocios: Ignacio Guerrero Gutiérrez, 71 años, empresario, socio y director ejecutivo de CMB Prime, director de empresas y uno de los mejores amigos del ex presidente Sebastián Piñera. Guerrero era uno de los cuatro tripulantes del helicóptero que cayó en el Lago Ranco el 6 de febrero, accidente en el que falleció en ex mandatario. Ingeniero comercial UC con un Master en Administración de Empresas en Harvard, Guerrero ha ocupado cargos en Codelco, ING Bank y Citibank, ambos en Estados Unidos, Citicorp Chile y Banco de Chile.
La llegada de Ignacio Guerrero debe ser oficializada en la junta de accionistas del próximo 26 de abril. Pero aquello será un trámite, creen personas involucradas en la designación. Aunque es postulado por accionistas minoritarios, entre ellos Consorcio Financiero, Guerrero casi no tendrá oposición. De hecho, la familia Luksic presentó esta vez siete candidatos para los ocho asientos de la mesa. Y tradicionalmente los Luksic, presentaban ocho candidatos para todo el directorio. Así ocurrió en la última elección, en abril de 2023, cuando el grupo controlador, que tiene el 82,9% de la propiedad, presentó a los ocho candidatos que resultaron electos, incluido el candidato independiente, Matko Koljatic, quien por primera vez en veinte años no estará ahora en la papeleta de votación.
Sin embargo, ahora hay nueve candidatos para ocho cupos. Además de los siete que presentan los Luksic y la candidatura de Ignacio Guerrero, se sumó el inversionista Paul Fontaine, quien ha lanzado públicas críticas a Quiñenco y otras compañías por la remuneración variable de sus cúpulas directivas. Sin embargo, es difícil que resulte electo sin el respaldo implícito que, en este caso, los Luksic entregan a Ignacio Guerrero al no presentar competencia. Además, por la condición de candidato independiente de Guerrero, es el único postulante al que podrían apoyar las AFP. Los directores independientes deben tener el patrocinio de accionistas que tengan al menos un 1% en la propiedad. Al 28 de marzo, las AFP tenía un 0,84% de Quiñenco.
También la familia Piñera, cercana a Guerrero, tenía acciones de Quiñenco. En los reportes del fideicomiso del ex presidente, de marzo de 2022, el mandato de Moneda contabilizaba 3.750.000 acciones de Quiñenco: la cifra equivale a solo un 0,24% del total de acciones.
Los otros siete postulantes de los Luksic al directorio ya estaban en la mesa y cuatro de ellos llevan el apellido Luksic. Está Jean Paul Luksic Fontbona, el más antiguo director de Quiñenco, desde 1993, y su vicepresidente desde hace 10 años. También entró en 2023 su hermana Paola Luksic Fontbona, en reemplazo de Andrónico Luksic Craig, el mayor de los hijos del patriarca del clan. El tercero es Nicolás Luksic Puga, hijo del fallecido Guillermo Luksic Craig, en Quiñenco desde 2013. Y Andrónico Luksic Lederer, hijo del mayor de los integrantes de la segunda generación, en el holding desde 2014.
Quienes se renovarán por parte del grupo controlador son Pablo Granifo, en la mesa desde 2019, y Hernán Büchi, el segundo más antiguo en Quiñenco: el exministro de Hacienda integra el directorio desde 1996. El último en incorporarse fue Juan Carlos Jobet, en enero de este año.
La elección de directorio no será lo único que votarán los accionistas la próxima semana. También debatirán sobre un cambio en las remuneraciones de la mesa. Según la propuesta del directorio, cada integrante recibirá una dieta de 150 UF al mes y el doble para su presidente por sesión, con un pago máximo de una al mes. El año pasado, esa dieta fija era de solo 6 UTM. Pero además se redujo el pago variable: “una participación para el directorio en su conjunto, del uno por ciento (1,0%) de los dividendos mínimos obligatorios y, en su caso, provisorios o adicionales, que se repartan con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio 2024″, dice la propuesta. El año pasado, ese indicador era de 1,5% de los dividendos.
“Al formular esta proposición a la Junta, el directorio tuvo en consideración, entre otros factores y métricas, los sistemas de remuneración adoptados por sociedades comparables en los últimos años, y la evolución histórica de la remuneración del directorio que ha regido en la sociedad”, dice el documento sobre las materias a votar que Quiñenco puso a disposición de los accionistas.
El tema ya fue debate el año pasado y fue planteado precisamente por uno de los candidatos a mesa: Paul Fontaine expuso en 2023 que la dieta variable no estaba alineada con los intereses sociales de la firma y que eran superiores incluso al promedio pagado por las empresas listadas en el S&P 500, de Estados Unidos.
Habrá otro cambio, además, tras la salida de Andrónico Luksic Craig de la presidencia. El directorio propuso eliminar un pago que estuvo vigente hasta 2023 para el presidente del directorio, equivalente a una remuneración mensual ascendente a 330 UTM (unos $ 21,5 millones actuales). El cargo lo ocupa ahora Pablo Granifo, quien como como presidente del Banco de Chile y director de Quiñenco y CCU recibió el año pasado más de $ 3.600 millones.
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