El aumento de los casos de crimen organizado en Chile han significado una mayor actividad para la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la entidad encargada de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile. Así lo confiesa Carlos Pavez, quien lleva dos años a cargo de la institución que además de hacer inteligencia, tiene como una de sus funciones capacitar a entes públicos y privados para que detecten operaciones sospechosas y las informen debidamente. La colaboración con el Ministerio Público se ha estrechado y hoy forman parte de muchas de las reuniones con los fiscales de las diferentes macrozonas del país y entregan capacitación a los Consejos Regionales de Crimen Organizado, las entidades creadas a partir de la Política Nacional para combatir a estas mafias.
Hoy ya son casi 8.800 los sujetos, entre públicos y privados, obligados a informar a la UAF cada vez que detectan alguna anomalía en el comportamiento de sus clientes o beneficiarios, y cada año se incorporan nuevos informantes. Por lo mismo, no es de extrañar que en 2023 se haya registrado una cifra récord de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS): 13 mil, un aumento de 11,2% respecto a 2022.
Aquellos privados que no informan, son fiscalizados por la UAF y eventualmente sancionados. El año pasado, la entidad inició 117 procesos sancionatorios, un aumento de 125% respecto a 2022, por incumplimientos en su deber de informar, y de esos la mayoría se concentró en empresas de factoring, de transferencia de dinero, administradoras de fondos de inversión, casas de cambio, firmas de gestión inmobiliaria y notarios.
Pavez se muestra satisfecho con el trabajo realizado, pero reconoce que aún queda mucho camino por delante tanto a nivel mundial como local para prevenir el lavado de dinero. “Hay cifras que hablan que a nivel internacional el lavado de activos es entre 2% y 5% del PIB global, pero menos del 1% de eso se logra recuperar. En general, estamos todos los países al debe”, dice.
Fotos: Verónica Ortíz
Narcotráfico y corrupción
-¿Cuáles son los fenómenos más relevantes para Chile en el lavado de activos? -La mayor cantidad de condenas por lavado de activos que hemos constatado en nuestro país, tienen que ver con el delito de narcotráfico y con corrupción. Y ha ido adquiriendo mucha más importancia el crimen organizado que también se interpone porque las organizaciones criminales hoy, entrecomillas, tienen varias líneas de negocio. Operan en el tema de tráfico de drogas, de personas, de inmigrantes. Las preocupaciones crecientes hoy, es que están aumentando mucho los temas de extorsión y secuestro. Y en términos de financiamiento de terrorismo, de acuerdo a nuestras evaluaciones, el riesgo es más bajo y tiene que ver con temas bien locales que están identificados.
-¿Cómo han ido aumentando los casos vinculados a corrupción? Siempre se ha hablado de que Chile es un país poco corrupto ¿Ha cambiado eso? -Yo diría que sí, ha habido un aumento importante. Se ha ido ratificando como el segundo delito precedente más importante desde el punto de vista de lo que es el lavado de activos. Y le estamos dando la importancia a través de la Estrategia Nacional de Integridad, donde es un tema central. Tenemos un trabajo muy interesante con la Contraloría General de la República que nos ha permitido levantar antecedentes para analizar casos relacionados a delitos de corrupción.
-¿Ha ido cambiando la composición desde donde provienen los reportes que reciben? -Los bancos siguen siendo el sujeto obligado que más reportes generan y envían a la UAF. Y ahora, los notarios y los conservadores de bienes raíces se han transformado en sujetos relevantes en los reportes de operaciones sospechosas, porque una forma de lavar activos es a través de la adquisición o venta de bienes raíces.
-¿Qué nuevas prácticas para lavar activos han identificado? -Un fenómeno relativamente nuevo, pero que ha ido adquiriendo más importancia, es la utilización de activos virtuales, todo lo que tiene que ver con monedas virtuales, no solamente bitcoin. Particularmente en el ámbito del crimen organizado es un tema que hoy genera preocupación y está en el foco de atención de todos los que formamos parte de este sistema.
Ruta del dinero
-¿Cuáles son las áreas donde la UAF todavía está al debe? Desde la evaluación que nos hacen los organismos internacionales, en este caso Gafilat (el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) en 2021, estamos con un foco muy importante en el desarrollo de un sistema que permita identificar beneficiarios finales, es decir, las personas que están detrás de las estructuras de sociedades. Y hay un proyecto de ley que está creando una institucionalidad que se hará cargo de crear un registro de esos beneficiarios finales. Es un tema prioritario. Otro punto es que hay que incorporar a ciertas personas o entidades que hoy día no son sujetos obligados, como los abogados y los contadores, que en Chile no tienen obligación de entregar informaciones sospechosas.
-Y respecto al aumento del crimen organizado ¿qué desafíos trae para la UAF? -Hay bastante consenso de la importancia que tiene este instrumental de lavado de activos para combatir criminalidad de base. Cuando persigo el lavado de activos, lo que quiero es combatir el tráfico de drogas u otro delito y otra de las recomendaciones es que haya autonomía entre los delitos. Es decir, que yo pueda sancionar por lavado de activos, aún cuando no haya todavía acreditado el delito base. Y eso tiene que ver con seguir la ruta del dinero e impedir la utilización de esos recursos.
Ley de Inteligencia Económica: acceder a información catalogada como secreta
“El proyecto de Ley de Inteligencia Económica lo que busca es crear este subsistema de inteligencia económica, que nosotros podamos compartir, con mayor libertad, la información o los datos a los que vamos a tener acceso, con otros organismos del Estado que van a formar parte de este subsistema. En principio con las unidades que se crearían en el Servicio de Impuestos Internos, en Aduanas y con el sistema Central de Inteligencia del Estado, de inteligencia civil”. Esa colaboración, plantea Pavez, es uno de los ejes del proyecto de ley que se tramita en el Congreso desde fines de mayo de 2023 y que según el director de la UAF “debería estar tramitado este año”.
¿Qué otras atribuciones entregaría este proyecto a la UAF? – Por ejemplo, poder acceder a información que está catalogada como secreta o reservada de otros servicios en Chile. Nosotros podemos pedir el levantamiento del secreto bancario con autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones, pero esa información después no la podemos compartir con nadie, salvo con el Ministerio Público. Así también, hay información que es muy relevante para nuestros procesos, que tiene que ver con secreto tributario o secreto aduanero que hoy no nos pueden compartir. Lo que busca este proyecto de ley es poder balancear mejor eso.
– ¿Incorpora la ley la obligatoriedad de reportar a organismos públicos que hoy no lo hacen? – Llama la atención que de las 375 municipalidades, solo hay 76 registradas, pero también nos pasa con otros servicios públicos. Hay algunos que no participan y lo que buscamos es que se aclare la obligatoriedad de registrarse también con este proyecto de ley.
“La verdad es que, en Latinoamérica, a las grandes empresas las pilló en un mal momento. Un momento en el que aún estamos definiendo qué es la Transformación Digital. Un momento en el que no queremos invertir mucho en tecnología, sino más bien en reducir costos y fortalecer las acciones comerciales”.
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El mercado de oficinas en Santiago centro sigue deteriorándose. Los metros cuadrados disponibles siguen aumentando, pese a la vuelta a la presencialidad tras la pandemia. Así, el listado de empresas que han dejado el casco histórico no para de crecer.
Según el último reporte de la firma CBRE sobre el mercado de las oficinas clase A (alto estándar) a junio de este año, el submercado Santiago centro volvió a experimentar un incremento en su tasa de vacancia tras concretarse la salida de arrendatarios hacia la zona oriente.
“La demanda gubernamental se ha mantenido, lo que ha amortiguado levemente el alza de la vacancia, que cerró el segundo trimestre con un 15,99% de disponibilidad, lo que se tradujo en 2,18 puntos porcentuales por sobre el cuarto anterior”, explicó Ingrid Hartmann, gerenta de Estudios de CBRE.
Siguiendo al oriente, Providencia también registró un alza en la vacancia, con un 17,53%, equivalente a 2,41 puntos porcentuales por sobre el trimestre previo. Las liberaciones de espacio se situaron en el sector poniente de este submercado, el que tiene un reducido stock de inmuebles clase A, ya que el principal usuario es clase B y de oficinas más pequeñas.
En la otra vereda, la actividad de arriendo del submercado de El Golf destacó en el segundo trimestre, pues, a pesar de registrar el ingreso de un nuevo edificio con alto porcentaje de vacancia, logró mantener relativamente estable su tasa, cerrando con un 9,60%, 72 puntos base por sobre el cuarto anterior, con una absorción de 3.474 metros cuadrados.
“El Golf lleva una racha de dos años con absorción positiva. En similar medida, Nueva Las Condes también destacó en su actividad con una absorción de 3.232 m2 y una caída de 82 puntos base, cerrando en un 6,28%”, destacó la ejecutiva de la intermediadora.
En términos agregados, la vacancia general del mercado clase A registró un alza de 76 puntos base, cerrando el trimestre con un 10,18%, lo que es aún efecto de la migración de usuario desde el centro a la zona oriente, y de la nueva oferta, añadió.
“De todos modos, la lectura anual del indicador nos permite entender que la recuperación del mercado sigue una trayectoria positiva. Al segundo trimestre de 2023 (11,13%), la tasa era 95 puntos base superior a la actual”, dijo Hartmann.
En el periodo analizado, se registró el ingreso de un nuevo proyecto en el submercado El Golf por 10.560 m2, quedando el stock total para el segmento clase A en 2,01 millones de metros cuadrados. Actualmente, hay en construcción 173.052 m2, donde el 83% se ubica en Las Condes.
“En el segmento de oficinas, la mayor ocupación de espacios se viene dando desde 2023 de manera consistente, apuntando a un producto de mayor calidad, tipo premium, que presenta una propuesta atractiva en cuanto a ubicación, cercanía a servicios y amenities. Por lo general, en su gran mayoría corresponde a plantas completas, cuya mayor demanda se sitúa sobre los 900 m2”, dijo Rosario Meneses, subgerente de Investigación de Mercado de Cushman & Wakefield.
“Esperamos que, dadas las señales de recuperación que estamos observando durante estos primeros meses del año, se presenten nuevas iniciativas de proyectos de oficinas clase A, los cuales podrían agregar nuevos metros desde 2025”, añadió.
Precios al alza en Las Condes
En su análisis, CBRE detalló que la absorción del período fue negativa, con 5.691 m2, lo que se presenta como escenarios contrapuestos por la positiva actividad de la comuna de Las Condes versus Santiago y Providencia. Entre ambas comunas, este indicador alcanzó los 11.936 m2.
“Se logró mantener un equilibrio, y el mercado de oficinas clase A en su totalidad acumula una absorción positiva de 5.967 m2 en la primera mitad del año, precisó Hartmann.
Respecto a los precios, la experta dijo que estos se mantuvieron estables, promediando, al igual que el trimestre anterior, las 0,474 UF/m2. Sin embargo, al realizar la apertura por submercados, se evidenciaron fluctuaciones.
El barrio El Golf experimentó un leve aumento, principalmente por el nuevo proyecto que ingresó al stock, subiendo el promedio a 0,562 UF/m2, equivalente a un alza de 3,17%.
No obstante, el resto de los submercados registraron una leva baja en sus valores, lo que provocó que el promedio final de la clase A se mantuviera. La caída más relevante se evidenció en Providencia, pasando de 0,438 UF/m2 a 0,426 UF/m2, equivalente a una disminución de 2,6% en sus precios de lista. En Santiago centro, los valores bajaron 0,16% entre el primer y segundo trimestre del año, hasta las 0,34 UF/m2.
Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, incluyendo pasos por el BBVA y Banco Estado, en 2019 Natalia Toledo se unió a Credicorp Capital. En la actualidad, se desempeña como directora de ventas y estructuración de Renta Fija de la entidad.
En conversación con DF, la ejecutiva afirmó que el apetito por invertir en renta fija está resurgiendo en el mercado local, impulsado principalmente por los recortes de la tasa de interés realizados por el Banco Central.
La semana pasada, el ente emisor redujo en 25 puntos base (pb) la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su reunión mensual de junio.Así, el interés rector se ubica en 5,75%.
Respecto a los clientes de banca privada sostuvo que “se ha evidenciado por primera vez, en varios años, un incremento en el volumen que están operando y cómo han ido, de a poco, haciendo crecer de nuevo sus carteras en renta fija”.
“Los inversionistas locales estuvieron muy retirados de la renta fija local durante bastante tiempo. Diría que post estallido social, y tras los retiros de las AFP, fue un mercado que perdió mucha profundidad. Los volúmenes operados en renta fija disminuyeron de manera súper drástica desde 2019 hasta 2023”, afirmó Toledo.
Nuevo punch
Sin embargo, sostuvo que desde fines de 2023 el interés por la renta fija local se ha incrementado. “Con el tema de las tarifas eléctricas, que están bien en boga, que daría un nuevo punch a la inflación, hemos visto que se ha ido volviendo ese interés por la renta fija”.
Agregó que, “desde el punto de vista de los clientes institucionales, por primera vez tenemos devengos positivos”. sostuvo.
Recuperación
Toledo afirmó que el mercado de renta fija experimentó una gran sequía de emisiones de bonos corporativos luego de los retiros de los fondos de pensiones.
La ejecutiva explicó que esto se debió a que “no había compradores de emisiones de deuda; los principales eran las AFP y compañías de seguros, y con los retiros ya no tenían la intención” de adquirir esta deuda.
Sin embargo, indicó que durante el primer semestre se observó una recuperación en la cartera de emisiones y anticipó que “el segundo semestre va a venir harto más nutrido que los años anteriores”.
En tanto, afirmó que en los clientes de banca privada “se ha evidenciado por primera vez en varios años, un incremento en el volumen que están operando y cómo han ido de a poco, haciendo crecer de nuevo sus carteras de renta fija”.
Toledo afirmó que en un panorama marcado por el recorte de tasas, los depósitos a plazos dejaron de ser “los reyes de la fiesta” y afirmó que los bond picking (selección activa de bonos individuales) comienzan a ser cada vez más relevantes.
Los activos bajo gestión (AUM, por su sigla en inglés), en fondos mutuos de renta fija, con una duración de hasta un año en UF, alcanzaron un máximo (desde enero de 2019) de UF 300 millones administrados durante mayo de 2024.
También aseguró que en el mercado se han vistos movimientos en los fondos de deuda corporativa de corto y mediano plazo en UF.