Carolina Fuensalida, asesora en el proyecto antievasión y elusión: “Este proyecto tributario, si se aprueba, será un muy buen legado que dejará el Gobierno”
Si hay alguien que conoce de reformas tributarias, es Carolina Fuensalida. La abogada de la Universidad Católica y con una maestría en la Universidad de California en Berkeley ha tenido roles en las discusiones sobre impuestos a lo menos desde 2010, como asesora de parlamentarios de la derecha o coordinadora de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda en los dos gobiernos de Sebastián Piñera.
En esta oportunidad, fue parte de una comisión técnica que dio sustento a las indicaciones que terminó de ingresar Hacienda esta semana al proyecto de cumplimiento tributario. La especialista compartió la instancia con Manuel Alcalde y Sebastián Guerrero por la oposición, y Alfredo Ugarte, Michel Jorratt, el co-coordinador tributario de Hacienda, Diego Riquelme, y la subsecretaria del ramo, Heidi Berner, por el lado del oficialismo.
“No creo que el Gobierno haya cedido mucho. Hay que pensar que el Gobierno ha perseverado en un proyecto que pudo haber sido rechazado en el Congreso”.
Revisión de circulares por un consejo externo: “Esto fue bueno porque se permite avanzar en certeza y seguridad jurídica. Y esto es bueno para cualquier sector político”.
– ¿Se siente satisfecha con el resultado final de esta negociación?
– Me siento tranquila en lo personal, porque di todas las batallas sobre cada uno de los temas que me parecían relevantes. Ahora, algo que he aprendido con los años es que en los procesos de negociación, justamente porque se trata de entregar y ceder, no siempre queda el 100% del contenido como me hubiese gustado, pero también es parte de un proceso de negociación el saber transar, el saber ceder y, por lo tanto, creo que se alcanzó un buen acuerdo.
– ¿Hubo momentos en que haya corrido riesgo un acuerdo?
– No, porque el protocolo que firmaron los senadores junto al ministro Marcel permitió que ambas partes tuviéramos las reglas del juego muy claras, y eso es muy positivo.
– Hubo varios puntos donde había mucha distancia. Por ejemplo, Norma Antielusiva, denunciante anónimo, secreto bancario. ¿Dónde fue más difícil acercar posiciones?
– En las materias que usted indica había una distancia sideral, pero el protocolo ayudó mucho a que se acotara y nos hiciera más llano el camino a la conversación.
Por ejemplo, en el secreto bancario la mirada estaba bastante desarrollada en el protocolo. Eso logró que los técnicos pudiéramos tener conversaciones que fueran más fáciles. El protocolo fue bastante claro en denunciante anónimo y hay un avance, pero a mí todavía me hace mucho ruido.
En la Norma General Antielusión hubo un avance relevante en el protocolo, pero en la mesa técnica se pudo llegar a un equilibrio en un tema donde había distintas miradas, que fueran los Tribunales Tributarios quienes pudieran determinar si existe o no elusión; y por su parte, que Hacienda lograra ciertos puntos relevantes, como dejar claro cómo se iba a contabilizar la prescripción. Probablemente, ninguna de las partes considera que es perfecto, pero se llega a una suerte de equilibrio.
– De afuera uno tiene la sensación que el Gobierno cedió mucho. Se acota el denunciante anónimo y se mantienen en sede judicial la NGA y el secreto bancario. ¿En qué cedió la oposición?
– No creo que el Gobierno haya cedido mucho. Hay que pensar que el Gobierno ha perseverado en un proyecto que pudo haber sido rechazado en el Congreso, en la Cámara de Diputados o en el Senado, donde teníamos los votos.
Por lo tanto, creo que ellos, bajo ninguna perspectiva, debieran considerar que terminaron cediendo puntos intransables. Este es un proyecto que tiene una mirada relevante para el país y, en ese sentido, reconozco muchísimo el trabajo que Hacienda hizo en pos de tratar de escucharnos.
Más que cesión de espacios, lo que se buscó fue un equilibrio en pos de un buen legado. Yo creo que este proyecto, si se aprueba, será un muy buen legado que va a dejar este Gobierno. Haber instaurado temas que antes nunca se discutieron, como la gobernanza del SII.
– El director Etcheberry puso algunas aprensiones sobre la mesa en ese tema.
– Todavía hay un proceso que hay que seguir perfeccionando. Escuchaba al director en sus aprensiones extremadamente legítimas, y son cosas que a veces uno no ve porque no tiene la mirada de él.
– ¿Por qué crear una nueva gobernanza? La NGA y el secreto bancario siguen en sede judicial.
– Me parece interesante haber planteado cosas que parecían bastante excepcionales en Chile. Primero, en Chile sucedía que, teniendo un SII de excelencia, me hacía ruido que en un caso tan bullado como los impuestos a las bebidas terminara siendo regulado o reglamentado a través de una circular.
– ¿Por qué cree que ocurría?
– Porque las circulares no son sometidas a revisión de ninguna entidad, no están sometidas a la la Contraloría General de la República, ni al Congreso ni a los tribunales.
Por eso, era válido hacerse la pregunta, más aún en un marco en que se le daban muchas atribuciones al servicio (…) Y esto es bueno para cualquier sector político. No es que sea bueno para la derecha o para los empresarios, sino que es bueno también para la institucionalidad del Estado mostrar máxima transparencia y juridicidad en la elaboración de las normas.
– ¿Con esta nueva gobernanza se evitan estos excesos?
– No quiero ser injusta al hablar de grandes excesos, porque eso no ha sido la tónica habitual. Pero sí permitirá que todos sintamos, tanto los funcionarios del SII como los contribuyentes, que no hay una sola mirada detrás de esa circular. Porque el servicio tiene un rol de fiscalización y recaudación, y los ciudadanos necesitamos sentir que hay contrapesos.
– ¿Crear esta nueva institucionalidad, con el comité ejecutivo y el consejo tributario, no puede terminar ralentizando y burocratizando muchas decisiones?
– Hay que distinguir dos cosas. El comité ejecutivo que se institucionaliza ya existe y sí tomaba ciertas decisiones, no todas las que se le darán ahora por ley. Eso sí, permitirá que pueda haber nuevas miradas, nuevos integrantes.
El consejo tributario tiene dos funciones súper acotadas, como revisar el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario y opinar sobre las circulares, que a su vez son pocas las que se emiten cada año. No creo que vaya a dar espacio a una ralentización. Al revés, permitirá que las circulares salgan con características incluso más robustas, con una mirada más integral del derecho.
– ¿Cómo ve la opción de que el director de SII no participe del comité ejecutivo y que haya mayores inhabilidades para que participen asesores de empresas en el consejo tributario?
– En relación a la primera pregunta, me pareció que era un punto interesante el que planteaba el director del SII. Me parece atendible.
Y respecto a las inhabilidades, lo entiendo desde su visión de considerar altamente incómodo que un asesor cualquiera se siente en un consejo si ha estado asesorando a otros contribuyentes. Pero, desde el minuto en que se sienta ahí, tiene que inhabilitarse si analiza una circular que regula un caso que a él le ha tocado mirar indirectamente. Entonces, no sé si establecería una inhabilidad ex-ante y una ex-post, porque lo mismo uno podría decir respecto de exdirectores o funcionarios del SII que quieran participar en este consejo.
“No es necesariamente bueno tener una reforma tributaria en un programa de Gobierno”
La especialista lamenta que en los últimos años haya habido demasiados cambios impositivos, dependiendo del color del Gobierno de turno.
– ¿Los temas donde no hubo acuerdo, como el 27 bis y los cambios a herencias y donaciones, debieran abordarse en el proyecto de impuesto a la renta?
– Sí, o en cualquiera que sea el nombre de otro proyecto. Entiendo que también en algún momento había interés de mirar exenciones, beneficios tributarios. Pero yo creo que las ocasiones para hacer buena política pública siempre van a existir. Pero lo que sí, al menos en mi aprendizaje a lo largo de años participando en política pública, es que en materia tributaria se tiene que legislar sin prisa. Se tiene que legislar con mucha cautela, con mucho conocimiento, con el tiempo que amerita una buena política pública y sobre todo, teniendo una mirada país. Para mí eso es lo clave. Y eso en tres semanas es imposible. Requiere miradas más integrales y, a veces, también hay que reconocer que uno no tiene el expertise en todas las materias y que se requieren también alimentarse de otras miradas.
– Una vez aprobado el proyecto de cumplimiento tributario, el Gobierno ingresará uno con cambios al impuesto a la renta. ¿Esa debiera ser la última reforma tributaria en un buen tiempo?
– En lo personal, algo que me encantaría es que en algún minuto nos pudiéramos sentar abogados especialistas en materia tributaria, contadores, economistas de distintos sectores, y decir “bueno, ¿qué realmente necesitamos, cuáles son nuestros lados más débiles, qué objetivos queremos lograr?”.
Lamentablemente, algo que ha sucedido en los últimos años es que se va legislando según el color del gobierno de turno. Y algo que ha pasado a ser central en cada programa de Gobierno es una reforma tributaria, cualquiera que sea su contenido. Nadie sabe mucho ni qué dice ni en qué consiste, pero es como una obligación tener una reforma tributaria como parte del programa de gobierno. Y creo que eso no es necesariamente bueno.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
Codelco, la mayor productora mundial de cobre, informó que logró un acuerdo anticipado para un nuevo contrato colectivo con los trabajadores de su mina Ministro Hales y cinco sindicatos de su división más productiva, El Teniente.
Una negociación anticipada disipa las posibilidades de una huelga en el yacimiento, en medio de los esfuerzos de Codelco por reimpulsar su producción propia, que cayó a su menor nivel en 25 años en 2023.
En el caso de su división El Teniente, Codelco acordó un nuevo contrato con cinco sindicatos que agrupan a los cerca de 3.150trabajadores y trabajadoras. Se trata de las agrupaciones N° 5, Caletones, El Teniente, N° 7 y Sewell y Mina Unificado, que aprobaronla propuesta de la empresa.El nuevoconvenio colectivo tendrá una vigencia de 36 meses, desde 2024 a2027, a partir del 1 de noviembre.
Producción de Codelco volvió a caer en julio mientras que la de Escondida se disparó, según cifras de Cochilco
En esta mina subterránea, la más grande del mundo, las organizaciones de trabajadores lograron un reajuste de 1,5% y el bono de fin de conflicto de $ 22,5 millones más un crédito blando de $ 3 millones por 36 meses sin reajuste ni interés. Para aquellos que tienen cuentas en el Banco BCI, los pagos se realizarán a partir de mañana jueves 12 de septiembre y los otros bancos, el viernes 13 de septiembre, explicó el presidente del sindicato unificado Sewell y Mina, Amador Pantoja. Los operarios tienen también beneficios en salud y educación, señaló.
“Este proceso logró cautelarresponsablemente la viabilidad del negocio y mejorarla posición competitiva de la división, introduciendo, además,prácticas laborales que apuntan a elevar la productividad de la empresa”, afirmó Andrés Music, gerente general de El Teniente.
“Este instrumento colectivonos va a permitir concretar la puesta en marcha de los proyectos que dan continuidad a la división y consolidar las jornadas laborales que reducen los impactos en el entorno yaportan a la calidad de vida de las personas” concluyó Music.
Históricamente la producción de El Teniente se sitúa cerca de las 450 mil toneladas anuales, aunque 2023 concluyó con una baja, a 351.900 toneladas anuales.
En el caso de Ministro Hales, el nuevo contrato, que abarca 600 trabajadores, se extenderá por 36 meses desde el 1 de diciembre, precisó la firma sin dar a conocer las condiciones económicas de cierre.
“El acuerdo se basa en la búsqueda conjunta de acciones y planes de trabajo que permitan dar sustentabilidad a la división en el mediano y largo plazo”, dijo el gerente general del yacimiento, Gonzalo Lara, citado en un comunicado.
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