Los dardos que lanzó las últimas horas el abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, tras el revuelo que generó la decisión del tribunal de dejarlo en prisión preventiva, sigue marcando la agenda.
Este jueves, tras visitar a su hermano y defendido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber -donde cumplió su primera noche-, Hermosilla confirmó que ya solicitó los registros del celular de su hermano. “Lo que hemos pedido al Ministerio Público es que nos pasen copia de todos los antecedentes”.
Esto, en línea con lo que había adelantado este miércoles cuando emplazó a que se abrieran “todos los llamados telefónicos y los mensajes que recibió Luis de jueces, ministros (de la Corte de Apelaciones y Suprema), miembros del Poder Judicial y fiscales”. Y fue aún más directo cuando señaló: “¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido a él favores también?”
La Fiscalía Oriente aseguró que no existe impedimento para que ella (Parra) investigue y reveló que la Fiscalía Nacional fue puesta en conocimiento desde un inicio de la existencia de esas conversaciones pasadas.
Ante la interpelación, desde la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente salieron la tarde de este jueves a respaldar el trabajo de sus persecutores y aseguraron que el equipo comandado por la fiscal Lorena Parra ha trabajado “con la máxima rigurosidad, objetividad, celeridad y reserva que exigen los delitos imputados en esta causa, no dejando espacio para arbitrariedades y/o politización de los hechos como ha señalado el defensor de Luis Hermosilla”.
En su declaración, aseguraron que Parra conoció a Luis Hermosilla en el marco del juicio donde la persecutora logró la condena del sacerdote John O’Reilly por delito de abuso sexual y que, si bien existieron contactos vía WhatsApp entre ambos en aquella época, “esto bajo ningún punto vista inhibió a la Fiscal Regional y a su equipo para investigar a los imputados involucrados en el Caso Audio”.
Añadió que no existe impedimento para que ella investigue y reveló que la Fiscalía Nacional fue puesta en conocimiento desde un inicio de la existencia de esas conversaciones pasadas.
En ese contexto, la sede oriente del Ministerio Público enfatizó que “rechazamos cualquier tipo deamedrentamiento o acción para inhabilitar y desacreditar a nuestros fiscales y su laborinvestigativa que continua con la misma reserva, rigurosidad y respeto de garantías exigidas pornuestro ordenamiento penal”.
La posición del Ejecutivo
La declaraciones cruzadas entre el Gobierno y Hermosilla continuaron luego de que el abogado cuestionara en duros términos la postura pública que tuvo el Presidente Gabriel Boric y algunos de sus ministros tras conocerse la medida cautelar.
Ante las críticas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, señaló en Radio Duna, que “eludir por parte del Ejecutivo tener opinión, respetando la situación procesal en la cual se encuentra en la actualidad el caso, me parece que es medio inevitable por las razones de interés público y cómo compromete otra serie de cuestiones como la fe pública, el sistema de justicia, la profesión legal”.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó una politización como acusó Hermosilla y ejemplificó que en otras causas, como la de Daniel Jadue y Democracia Viva, el Presidente Boric se ha expresado de la misma manera y “no ha sido para prejuzgar, ha sido para hacer referencia a causas en que la confianza pública está comprometida”.
Visión del gremio
El Colegio de Abogados también se refirió a la polémica. El presidente de la entidad, Pedro Pablo Vergara, descartó en Radio Infinita intervencionismo del Gobierno “porque ya está formalizada la investigación”, pero dijo que “hay un exceso y una imprudencia”.
Para Vergara, no corresponde que el Presidente “haga comentarios respecto a las decisiones de otro poder del Estado como el Poder Judicial, porque así como hoy le gustó la decisión, el día de mañana le podría cargar”.
Audiencia
Tras dos sesiones de declaración judicial del imputado por el Caso Factop, Rodrigo Topelberg, este jueves se dio inicio a la discusión de la prisión preventiva del investigado, la que cumple en Capitán Yáber por el Caso Factop.
Durante más de tres horas, el defensor de Topelberg y socio de BACS, Alejandro Awad, reiteró la tesis de que su el imputado no se habría involucrado ni habría conocido los hechos delictivos investigados al factoring.
En su intervención, argumentó que las imputaciones contra el socio de Factop se habrían debilitado en los casi cinco meses de investigación formalizada, mientras que se basarían en frases o contextos generales, como ser socio de Ariel y Daniel Sauer.
Añadió que Topelberg colaboró sustancialmente con la investigación, a través de, por ejemplo, sus dos declaraciones ante la Fiscalía y el más reciente testimonio judicial de esta semana. Además, destacó el pago de $ 400 millones al tribunal bajo el concepto de reparación.
Dentro de los nuevos antecedentes aportados, Awad reveló un chat entre los hermanos Cindy y Daniel Sauer de enero de 2024, en los que habrían conversado un plan para adjudicar responsabilidad a Topelberg dentro del caso.
La audiencia de revisión de cautelares continuará este viernes, donde se esperan las intervenciones del Ministerio Público y las partes querellantes.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
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