A nueve meses de estallar el denominado Caso Audios, ya hay fecha para uno de los principales hitos de la investigación del Ministerio Público.
Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 21 de agosto la audiencia de formalización para cinco imputados en la causa, incluyendo al penalista Luis Hermosilla y la abogada María Leonarda Villalobos.
La diligencia se agendó luego de que la tarde de este lunes, el persecutor jefe de la Fiscalía de Las Condes, Felipe Sepúlveda, solicitó al tribunal establecer una fecha para la imputación de cargos a los investigados.
“Habida consideración de la gravedad de los delitos, es el tipo de situación en que los fiscales suelen pedir una prisión preventiva”.
Fiscal Nacional, Ángel Valencia.
“El delito de cohecho es muy grave” y en este caso, “podría llegar a pena de crimen, porque es reiterado”.
jefa de asesoría jurídica y vocera de la fiscalía oriente, Pamela Valdez.
Según el documento enviado por el fiscal, Hermosilla será formalizado por la participación y responsabilidad que le cabe como posible autor de delitos consumados y reiterados de soborno y declaraciones tributarias maliciosamente falsas, y por el delito consumado de blanqueo de capitales.
Por su parte, a Villalobos se le imputan los delitos consumados y reiterados de eventual soborno y declaraciones tributarias falsas, así como blanqueo de capitales consumados.
Además, será formalizado otro de los nombres que aparecieron en torno al caso durante los últimos meses: el cónyuge de Villalobos, Luis Angulo, a quien se le imputan delitos tributarios reiterados y blanqueo de capitales consumado.
En tanto, los delitos se habrían originado desde las oficinas de Hermosilla en el sexto piso del edificio en Alonso de Córdova, en los últimos cinco años. “Todos los delitos que comprende esta solicitud de formalización tienen principio de ejecución en calle Alonso de Córdova N°5320, piso 6, comuna de Las Condes y se perpetraron desde el 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2023”, detalló el texto.
Dos funcionarios públicos
Para esta diligencia, se revelaron más implicados cuyos nombres no habían llegado al ojo público. Además de Hermosilla, Villalobos y Angulo, el Ministerio Público también solicitó a Tribunales formalizar a dos funcionarios públicos.
Se trata del trabajador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías, y del empleado público de la Tesorería General de la República, Renato Robles. Ambos serán formalizados por el posible delito consumado de cohecho.
Mejías, el más joven de ambos, alcanzó el cargo de fiscalizador tributario al interior del SII. En tanto, Robles ingresó a la Tesorería en 1983, y su último puesto conocido dentro de la repartición fue de ejecutivo de gestión de cobro de la Región Metropolitana.
Fiscal nacional y eventual prisión preventiva
Durante la jornada del martes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, adelantó que, dada las imputaciones del Ministerio Público, podría darse el caso de que se solicite la prisión preventiva de los imputados como medida cautelar.
“Si los fiscales están pidiendo audiencia de formalización es porque efectivamente tienen antecedentes sólidos que están en condiciones de sostener ante el tribunal para pedir una cautelar importante”, señaló en conversación con Radio Bío Bío.
Agregó que, “habida consideración de la gravedad de los delitos por los cuales se está pidiendo formalizar investigación en su contra, el hecho que son delitos reiterados, es el tipo de situación en las cuales los fiscales suelen pedir una prisión preventiva”, apuntó.
Más tarde, a la salida del Congreso, Valencia ahondó que las diligencias que se están realizando van a seguir en curso.
“Esta es una investigación abierta, no estamos ni cerca de estar terminando, o sea, los fiscales ahora están dando el paso de formalizar la investigación, pero luego de eso viene una etapa de investigación judicializada. Estamos avanzando, esto es un paso importante, pero los fiscales siguen”, afirmó.
Fiscalía Oriente: “Un hito importante”
Por su parte, la jefa de asesoría jurídica y vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, destacó el agendamiento de la diligencia.
“Para nosotros es un hito importante, tras nueve meses de ardua investigación en este caso, hemos podido solicitar formalización para cinco imputados”, valoró.
Además, subrayó que también se logró la imputación de cargos al exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.
Consultada si la Fiscalía solicitará la prisión preventiva de los imputados del caso, aclaró que “ese es un tema que tienen que evaluar los fiscales de la causa”.
La vocera añadió que “el delito de cohecho es muy grave” y que, en este caso, “podría llegar a pena de crimen, porque es reiterado”.
En cuanto a los funcionarios imputados del SII y la Tesorería que serán formalizados, reconoció que se habrían recibido pagos, pero explicó que “no solamente el cohecho se atribuye a dinero, también puede ser con otros medios” o prestaciones.
Finalmente, proyectó que esta formalización no significa que no puedan aparecer más imputados en la causa. “(La causa) podría dar otras aristas, otros hechos que a futuro podríamos estar formalizando”, adelantó Valdés.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
Codelco, la mayor productora mundial de cobre, informó que logró un acuerdo anticipado para un nuevo contrato colectivo con los trabajadores de su mina Ministro Hales y cinco sindicatos de su división más productiva, El Teniente.
Una negociación anticipada disipa las posibilidades de una huelga en el yacimiento, en medio de los esfuerzos de Codelco por reimpulsar su producción propia, que cayó a su menor nivel en 25 años en 2023.
En el caso de su división El Teniente, Codelco acordó un nuevo contrato con cinco sindicatos que agrupan a los cerca de 3.150trabajadores y trabajadoras. Se trata de las agrupaciones N° 5, Caletones, El Teniente, N° 7 y Sewell y Mina Unificado, que aprobaronla propuesta de la empresa.El nuevoconvenio colectivo tendrá una vigencia de 36 meses, desde 2024 a2027, a partir del 1 de noviembre.
Producción de Codelco volvió a caer en julio mientras que la de Escondida se disparó, según cifras de Cochilco
En esta mina subterránea, la más grande del mundo, las organizaciones de trabajadores lograron un reajuste de 1,5% y el bono de fin de conflicto de $ 22,5 millones más un crédito blando de $ 3 millones por 36 meses sin reajuste ni interés. Para aquellos que tienen cuentas en el Banco BCI, los pagos se realizarán a partir de mañana jueves 12 de septiembre y los otros bancos, el viernes 13 de septiembre, explicó el presidente del sindicato unificado Sewell y Mina, Amador Pantoja. Los operarios tienen también beneficios en salud y educación, señaló.
“Este proceso logró cautelarresponsablemente la viabilidad del negocio y mejorarla posición competitiva de la división, introduciendo, además,prácticas laborales que apuntan a elevar la productividad de la empresa”, afirmó Andrés Music, gerente general de El Teniente.
“Este instrumento colectivonos va a permitir concretar la puesta en marcha de los proyectos que dan continuidad a la división y consolidar las jornadas laborales que reducen los impactos en el entorno yaportan a la calidad de vida de las personas” concluyó Music.
Históricamente la producción de El Teniente se sitúa cerca de las 450 mil toneladas anuales, aunque 2023 concluyó con una baja, a 351.900 toneladas anuales.
En el caso de Ministro Hales, el nuevo contrato, que abarca 600 trabajadores, se extenderá por 36 meses desde el 1 de diciembre, precisó la firma sin dar a conocer las condiciones económicas de cierre.
“El acuerdo se basa en la búsqueda conjunta de acciones y planes de trabajo que permitan dar sustentabilidad a la división en el mediano y largo plazo”, dijo el gerente general del yacimiento, Gonzalo Lara, citado en un comunicado.
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