El ministro de Justicia, Luis Cordero, fue claro y premonitorio cuando en marzo, al referirse a la investigación que llevaba adelante el Ministerio Público por el denominado “Caso Audios” indicó: “el celular de Luis Hermosilla puede ser una caja de Pandora”.
Y así fue. La caja se abrió y de ella salieron una serie de datos y situaciones, varios de los cuales podrían dar pie a nuevas imputaciones en las próximas semanas.
Todo quedó en evidencia en el proceso de formalización de Luis Hermosilla, de María Leonarda Villalobos y su marido Luis Angulo. En los tres días de audiencias –que seguirán la semana que se inicia- se expuso un extenso el contenido de los WhatsApp del famoso abogado, que datan desde 2014. Esto tiene a muchos nerviosos porque, al parecer, la caja de Pandora no se ha cerrado.
Esa es la sensación que existe en el ambiente. De hecho el Fiscal Nacional, Angel Valencia, indicó este viernes que la investigación del Caso Audios “tiene para rato, no se agota acá (…) estamos desmontando una llanta y, para desmontar la llanta, hay que ir sacando los pernos de a uno”.
Aquí les presentamos una selección de las distintas aristas y hechos más connotados, que seguirán en la mira de los fiscales y la opinión pública.
La maquinaria de los Jalaff
En la primera audiencia de formalización en el marco del Caso Audios el pasado miércoles ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Hermosilla compareció junto a otros cuatro imputados, entre ellos María Leonarda Villalobos, abogada que asesoró a los hermanos Daniel Sauer y Ariel Sauer, y a su socio Rodrigo Topelberg, en la empresa Factop. La relación entre ambos es clave en las pesquisas de los fiscales sobre un esquema fraudulento alimentado por abultadas sumas de dinero “proveniente, directa e indirectamente, de actividades ilícitas” desde esa firma y de S.T.F. Corredora de Bolsa, incluyendo traspasos en efectivo a Hermosilla.
En ese marco, se abrió definitivamente la primera de las nuevas aristas: las operaciones con los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, sobre los cuales la justicia puso atención tras ser mencionados en más de 30 oportunidades en la grabación de Villalobos que detonó este caso.
La imputación a ambos empresarios –fundadores de Grupo Patio- es haber participado en un mecanismo de triangulación de facturas falsas con los hermanos Sauer, y con Hermosilla como asesor de ambos, bajo la figura de lavado de activos, como sostuvo el fiscal de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, a partir de antecedentes que sindican a los hermanos Jalaff como piezas clave en ese esquema. De hecho, una de las primeras evidencias la entregó el propio Daniel Sauer a la Fiscalía al detallar operaciones correspondientes a facturas ideológicamente falsas emitidas a ambos, y cuyo porcentaje “fue progresivamente aumentando dado que (Antonio) Jalaff se estaba quedando sin plata”, en alusión al momento en que se aceleran esas operaciones fraudulentas cuando los bancos comenzaron a restringir el crédito en 2018.
Por su parte, Leonarda Villalobos afirmó en su declaración que a través de Factop “se operaba la facturación ideológicamente falsa vinculada a los Jalaff y los Sauer”.
Entre sus testigos clave, el Ministerio Público presentó la declaración de Marcelo Medina, ejecutivo que fue estrecho colaborador de los Jalaff, quien resumió el modus operandi señalando que este era previamente coordinado con Sauer respecto de los fondos que se necesitaban, que luego se emitían las facturas a Factop y, después estos llegaban a la sociedad emisora o directamente a las cuentas de Antonio Jalaff, mecanismo que fue derivando en una verdadera espiral de levantamiento de fondos para pagar la deuda de operaciones anteriores. “En 2021, la necesidad de flujos era demasiada por mantener su nivel de gastos, por lo que la presión era muy intensa, y el requerimiento de fondos a Factop y la solicitud de facturas de parte de Sauer no paraba”, describió en su declaración.
La Fiscalía Oriente consignó que la “bicicleta” creada para generar ingresos a espaldas de los inversionistas y “desviados del giro comercial declarado de las empresas para financiar la deuda” de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff Sáenz, terminó generando “un ahogamiento financiero” que llevó a la caída de Factop.
Chadwick, las asesorías y el rol de Matus
En una de las audiencias de formalización fue mencionado el nombre del exministro del Interior del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera entre 2018 y 2019, Andrés Chadwick, quién recibió entre 2020 y 2023 al menos 17 pagos por más de $ 190 millones.
Al respecto, Chadwick emitió una declaración en la que señaló que dichas transferencias bancarias corresponden exclusivamente a pagos por trabajos jurídicos que realizó desde el momento en que acordaron conformar una comunidad de techo a comienzos de 2020 con Hermosilla. Además, manifestó que estas eran labores realizadas en el ejercicio libre de su profesión, asegurando que están debidamente justificadas mediante boletas de honorarios, las que fueron declaradas en conformidad a la legislación chilena.
Adicionalmente, la investigación de los fondos transados como parte de la investigación al delito de lavado de activos tiene entre sus objetivos los recursos utilizados para financiar en la defensa del exministro Chadwick ante una acusación constitucional en el Congreso a fines de 2019,pesquisas que alcanzan a la actuación en ese caso del abogado Jean Pierre Matus -actual juez de la Corte Suprema- por sus servicios como asesor legal de la exautoridad.El punto en la mira de la Justicia es el financiamiento de un informe en derecho encargado al experto alemán Kai Ambos por un monto de 25.000 euros, el cual fue financiado a través de STF Corredores de Bolsa, firma ligada a Daniel Sauer, a instancias de Luis Hermosilla, respecto del cual también se señala que, desde esa fuente, se pagó la asesoría efectuada por Matus en un monto de $14 millones.
Conocedores de estos procesos señalan que ahora el paso natural sería que los fiscales citen a Andrés Chadwick para que aclare estos pagos.
Sebastián Sichel y el crédito que no fue
Otro político de oposición que entró en el radar fue el candidato a alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Durante el segundo día de formalización, Orellana expuso conversaciones entre Hermosilla y Álvaro Jalaff. De acuerdo a la versión del Ministerio Público, en estas, Jalaff solicitó al abogado una “ayuda” con Sichel para la obtención de un crédito cuando éste se desempeñaba como presidente de BancoEstado.
En una conversación previa ambos imputados relacionan a Sichel con Chadwick. En el diálogo hablan de gestiones para conseguir financiamiento por US$ 11 millones para Inversiones Doña Soledad, holding de la familia Jalaff. Gestiones que finalmente no prosperaron, de acuerdo a la versión de Sichel.
El aspirante a alcalde respondió categóricamente el jueves pasado a través de la red social X, diciendo que presentará acciones legales contra Hermosilla. En su publicación argumentó que, como señala el fiscal y el chat, no se aceptaron las llamadas ni crédito.
“No voy a dejar que (ese) charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado”, escribió.
El caso de narcotráfico y el fiscal de Aysén
El jueves en la noche un reportaje de T13 vino a engrosar la lista. En el informe que contiene los WhatsApp de Hermosilla, apareció un mensaje entre él y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
De acuerdo a esa información, se trata de un mensaje de audio que el fiscal habría enviado al abogado penalista. En él habría revelado antecedentes de la causa en que se enmarca la operación “Viejos Arrayanes” donde fue desarticulada la banda de traficantes a la que pertenecía Ignacio Yáñez, a quien lo representaba el abogado Juan Urrutia, que fue parte del bufete de abogados de Hermosilla hasta marzo de 2022.
A raíz de este caso, Palma será investigado por presunta violación de secreto por parte del Ministerio Público.
Tonka Tomicic a dos bandas
El tema de la semana salpicó hasta a la conductora de televisión Tonka Tomicic. Según reveló el Ministerio Público en la tercera jornada, Tomicic era clienta de Luis Hermosilla en el denominado “Caso Relojes”; que involucra a su exmarido, mientras en paralelo también era representada en materia tributaria por Leonarda Villalobos.
En la investigación existen transferencias que suman un total de $ 41.300.000 por parte de la animadora a la abogada, imputada por el pago de coimas a funcionarios públicos a cambio de la entrega de información.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
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