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Caso de conscripto muerto en Putre tensiona al gobierno

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Nueve días han pasado desde que Franco Vargas (18) falleció en medio de una instrucción militar en Putre, Región de Arica. Y desde el primer minuto, su madre, Romy Vargas, ha insistido en que efectivos del Ejército son responsables de su deceso.

Ha sostenido que no es cierto que el joven -que realizaba el servicio militar de manera voluntaria- haya muerto tras presentar problemas respiratorios. Según ella, su hijo fue torturado, por lo que ha recalcado que ahora la institución castrense está realizando una serie de acciones para ocultar lo que realmente ocurrió.

De hecho, durante la mañana de este lunes la versión oficial que habían compartido desde el gobierno y el Ejército respecto del lugar donde murió el joven fue desmentida por el recinto de salud donde inicialmente se le atendió. Hasta ahí, según expuso el director del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Putre, no habría llegado con signos vitales, como indicó el general Rodrigo Pino, jefe del Estado Mayor del Ejército.

“A las 06:52 horas se recibe a un paciente sin previo aviso, se recibe a un conscripto que venía trasladado en un vehículo militar. Se constata que esta persona venía sin signos vitales ni tampoco con respuesta a estímulos ni verbales ni físicos”, detalló Aldo Rivera en medio de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Putre.

Y agregó: “Se llama al médico de turno para realizar la reanimación correspondiente. Después de seis ciclos de reanimación cardiopulmonar, el médico de turno procede a declarar el fallecimiento del conscripto. En esas circunstancias fue la atención del Cesfam”.

La situación obligó al traslado del comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, hasta la región de Arica, donde se refirió al caso y a las investigaciones en curso. Allí informó que se resolvió relevar del mando a dos oficiales, un capitán y un teniente coronel -de los cuales prefirió reservar ambas identidades-, quienes fueron “indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha”.

Iturriaga precisó que “en beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido: me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo”.

En este contexto, aclaró que ambos oficiales seguirán en las filas del Ejército y serán destinados a otra unidad militar en la guarnición de Arica. “Con la investigación en curso se asume la presunción de inocencia, mientras no se comprueben sus responsabilidades efectivas por parte del fiscal militar, de la fiscalía o de un nuevo ministro en visita si así la corte marcial lo decide”, prosiguió.

Sobre la posibilidad de que sean dados de baja, Iturriaga enfatizó que de momento “no hay bajas porque la investigación no ha finalizado. Las investigaciones, si obtienen en el camino alguna información relevante, los mandos estamos obligados a tomar medidas de manera oportuna”.

Al mismo tiempo, anunció y “concordó” con que el Ministerio Público Militar solicitará este martes a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita para que continúe con la tramitación de la causa. “Esto en el bien entendido de que buscamos una mayor transparencia en lo que estamos haciendo, porque lo peor que puede pasar es que la ciudadanía pierda la confianza en su Ejército”.

En el mismo tenor, el comandante en jefe precisó que hasta el momento son cinco las investigaciones en curso, tanto para determinar lo sucedido como para buscar responsabilidades. La primera tiene que ver con el fallecimiento del soldado conscripto Franco Vargas, con el fin de determinar lo que efectivamente concurrió en acto de servicio, la cual “está próxima a concluir”.

En este caso, Iturriaga adelantó que una vez que finalicen las indagaciones se espera que la madre de la víctima “pueda recibir los beneficios legales que le corresponden, situación que hoy día le fue comunicada personalmente a ella”.

Asimismo, hay otras dos investigaciones médicas que apuntan a dar cuenta de la situación de los dos soldados que permanecen en estado grave en el Hospital Militar, especialmente por eventuales secuelas. También, detalló que hay otra indagación para determinar las condiciones sanitarias y medioambientales del predio y del campamento de instrucción en Pacollo.

Finalmente, las últimas dos investigaciones tienen que ver con precisar las responsabilidades de mando o responsabilidades administrativas si las hubiera y, otra que está en curso en la Fiscalía Militar.

Dado dicho antecedente, y otros que han surgido desde el sábado 27 de abril, Romy Vargas desconfía de la investigación que abrió la Fiscalía Militar de Arica y de los sumarios que se ordenaron para esclarecer lo sucedido y eventualmente buscar responsabilidades.

Y no es la única, pues el pasado viernes abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunciaron lo ocurrido en Putre ante el Ministerio Público, pues además del caso de Franco, en medio de la instrucción otros 45 conscriptos se vieron afectados por un cuadro viral.

En base a ello es que, como pudo recabar La Tercera, la Fiscalía encabezada por Mario Carrera está analizando abrir una investigación paralela.

Esto, a pesar de que las primeras interpretaciones indicaban que este tipo de hechos debían recaer en la jurisdicción castrense. Y estaría justificado, como sostiene el jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, David Bahamondes, porque el delito de apremios ilegítimos está tipificado en el Código Penal y corresponde que la justicia civil conozca de aquello.

“El instituto ha levantado información que es bastante consistente, en el sentido de que que aquí se han cometido hechos que son constitutivos de delito, concretamente apremios ilegítimos como primera calificación y, en ese sentido, nosotros no solo estamos motivados sino que obligados a actuar cuando se tiene conocimiento de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo el abogado.

Por lo mismo, desde el INDH aseveraron que, además de la denuncia presentada, también ingresarán una querella en representación de algunos conscriptos que se vieron afectados, y no se descarta que sumen todos los casos y el de Franco Vargas.

SML no hizo autopsia con estándares de muertes por torturas y Fiscalía analiza abrir investigación: el caso del conscripto muerto en Putre que tensiona al gobierno

Ocurridos los hechos, el tema generó revuelo entre las autoridades de gobierno. Por lo mismo, rápidamente se le exigió al Ejército disponer acciones, y el lunes 29 de abril se iniciaron dos sumarios administrativos. Uno para verificar que el soldado murió en el cumplimiento de actos de servicio, lo que permitirá pagarle la pensión a su familia, y el segundo para dilucidar eventuales responsabilidades de mando que pudiesen concurrir. Junto con ello, se dispusieron todos los antecedentes a la Fiscalía Militar para que iniciara una investigación penal.

En medio de ese último proceso, ya habría prestado declaración ante personal de Carabineros el comandante de la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco”, coronel Sebastián Silva Ramírez.

Pero eso no ha sido todo, ya que además desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se requirió al Ejército informar respecto a las acciones ejecutadas por la institución para enfrentar la situación, generar una comunicación directa con la familia del joven fallecido e informar a la autoridad sobre acciones investigativas y futuras en el caso.

Por su parte, la ministra Maya Fernández tomó contacto directo con las familias de los conscriptos, instruyó acciones a la mencionada subsecretaría, y también ofició a la Corte Suprema a fin de que se disponga un ministro en visita extraordinario que pueda analizar el caso.

Aquello ocurrió el pasado 3 de mayo, mismo día en que la secretaria de Estado también ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se haga parte de la investigación iniciada.

De igual forma, luego de que los hechos fueran abordados en el comité político, durante esta jornada Fernández se reunió con la madre de Franco Vargas y con las de otros dos conscriptos a objeto de comunicarles formalmente las acciones que se han tomado desde la cartera.

Consultada al respecto de las disposiciones, la ministra Maya Fernández señaló que “dada la gravedad de los hechos, como ministerio hemos adoptado todas las medidas que están dentro de las facultades que nos otorga la ley. Hay investigaciones sumarias en curso, hay una investigación penal ante la Fiscalía Militar, hemos oficiado al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe la presentación de acciones penales y, además, hemos solicitado a la Corte Suprema que designe a un ministro en visita de Corte de Apelaciones para conocer de estos hechos”.

Agregó, en la misma línea, que “como gobierno estamos comprometidos con las familias y con el estado de salud de los jóvenes afectados. Ante eventuales responsabilidades debe haber sanciones, no puede haber impunidad. Nos parece fundamental para dar tranquilidad a las familias y al país que todo lo ocurrido en ese ejercicio militar sea aclarado con total transparencia y que se sancione a los presuntos responsables”.

SML no hizo autopsia con estándares de muertes por torturas y Fiscalía analiza abrir investigación: el caso del conscripto muerto en Putre que tensiona al gobierno.

De acuerdo con lo expresado por Romy Vargas, la autopsia que se le desarrolló a Franco fue uno de los elementos en que habría existido manipulación por parte del Ejército. Puntualmente, advirtió que un funcionario militar ingresó al lugar donde el procedimiento se realizaba, contraviniendo protocolos establecidos.

Pese a ello, desde el Servicio Médico Legal (SML) descartaron esa información y al ser consultados por este medio indicaron que “a la autopsia no entró nadie externo, solo personal del SML”.

En todo caso, y a pesar de que la muerte de Franco Vargas se produjo mientras se encontraba bajo “custodia del Estado”, dependiendo del Ejército, en la autopsia no se aplicaron los estándares del Protocolo de Minnesota, que tiene por finalidad “proteger el derecho a la vida, así como promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación por medio de una investigación eficaz de cualquier muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada”.

“Se hizo autopsia normal, con todos los protocolos internos de realización. Se aplica Protocolo de Minnesota cuando es solicitado por Fiscalía. En este caso no se solicitó”, manifestaron desde el SML.

La situación, como han abordado diversos abogados expertos en derechos humanos, implicaría una vulneración del citado protocolo y existe jurisprudencia al respecto.

Así lo abordan, por ejemplo, Karinna Fernández y Pietro Sferrazza en la guía “Acceso a la justicia en casos de desapariciones forzadas y muertes ilícitas”, donde exponen: “En cuanto a los casos de muertes de personas acontecidas en lugares bajo la custodia del Estado, en la sentencia Noguera y otra vs. Paraguay, la Corte IDH consideró que respecto de dichas personas el Estado detenta una posición especial de garante, lo que implica el cumplimiento de diversos deberes a su respecto; entre otros, la salvaguarda de los derechos a la vida y a la integridad”.

Y ese caso, justamente, dice relación con la muerte de Vicente Noguera, un recluta que estaba cursando su servicio militar y falleció durante la noche mientras dormía en el dormitorio de un establecimiento militar.

SML no hizo autopsia con estándares de muertes por torturas y Fiscalía analiza abrir investigación: el caso del conscripto muerto en Putre que tensiona al gobierno.

Misma opinión manifiesta el también abogado experto en materia de derechos humanos Francisco Bustos, quien aseguró que “sí debieron aplicar el Protocolo de Minnesota. Constituye un conjunto de buenas prácticas que tienen por finalidad proteger el derecho a la vida y que se emplean para la investigación eficaz de una muerte que es potencialmente ilícita o sospechosa”.

“Se debe aplicar en todas aquellas situaciones en que exista una muerte que pudo haber sido causada por actos o por omisiones del Estado o respecto de una persona que estaba de alguna manera bajo custodia estatal, como es este caso”, complementó el profesional.

A raíz del caso, como informó el subsecretario, 134 conscriptos que realizaban el servicio militar en la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco” determinaron dejar la institución.

Aquello, como explicó la autoridad en conversación con Cooperativa, en atención a “distintas causas, como médicas, económicas y por el shock que les ha producido esta desgracia”.

En el mismo sentido, hizo presente que se seguirán todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y que las familias involucradas también pueden presentar las medidas que estimen convenientes, dado que los hechos escapan de lo normal.

“El tema de fondo es que lo que pasó no es normal, no es un fenómeno de la naturaleza que uno no puede hacer nada contra eso, esto no es normal y tiene causas por las cuales se produjo; es muy importante investigar esas causas, no solo para tomar las medidas, para cambiar los protocolos, cambiar los procedimientos, sino que si hay causas, también cuáles son los responsables”, indicó.

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Colombia le empata a Perú y evita que Chile sea colista de las Eliminatorias

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A raíz de la mala campaña en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, Chile necesariamente debe estar pendiente de otros resultados, con la calculadora en la mano. En ese sentido, una particular atención debía tener con lo sucedido en Lima, en el duelo entre Perú y Colombia, que cerró la séptima fecha clasificatoria. La Bicolor es uno de los rivales directos de la Roja, en la disputa del sexto cupo y el repechaje, por lo tanto era necesaria (desde los intereses nacionales) una ayuda de los cafetaleros. En la capital peruana, fue un empate 1-1 que terminó siendo un alivio para el Equipo de Todos, por el devenir del cotejo.

Sin el castigado Jorge Fossati al borde de la cancha, Perú salió a la cancha buscando su primera victoria en estas Eliminatorias, para salir del fondo de la tabla. Además de esa presión, requería cambiar la imagen luego de una deslucida Copa América, en la cual quedó en el camino en la fase grupal. La novedad fue la vuelta de Renato Tapia, portando la jineta de capitán, quien se perdió el certamen en Estados Unidos con una polémica de por medio.

La Selección Colombia, subcampeona de América y uno de los elencos que mejor fútbol exhibe en este lado del mundo, goza de una generación que destaca en Europa y que cuenta con una holgura que le ayuda en el tránsito de las Clasificatorias. El DT Néstor Lorenzo se guardó a James Rodríguez para el segundo tiempo. El 10 colombiano, flamante refuerzo del Rayo Vallecano de España, venía con inactividad.

El primer tiempo fue tan dinámico como impreciso. Colombia tuvo un dominio relativo. Si bien registró el 68% de la posesión durante el lapso inicial, Perú tuvo un par de acercamientos hacia la meta de Camilo Vargas que despertaron a la efervescente hinchada local. En los 11′, un cabezazo de Alex Valera obligó a la gran intervención de Vargas, quien despejó. Luego, en los 24′, se anula un gol a Gianluca Lapadula, por fuera de juego.

En líneas generales, Colombia tuvo un mayor afán de protagonismo, que se acentuó en el complemento. Perú, en casa, apostaba a salir de contragolpe. La Blanquirroja dio un sorpresivo golpe en el partido abriendo la cuenta gracias a una acción de pelota detenida. En los 66′, el zaguero Alexander Callens pone el 1-0, desatando una algarabía contenida por mucho tiempo en el país vecino. Luego de un centro, el defensor va a la segunda jugada y conecta el balón.

Este resultado mandaba a Chile en el último lugar de la tabla, al tener peor diferencia de gol que los peruanos. El peor escenario imaginable para el fútbol criollo. Rozando el papelón.

Colombia mejoró, haciendo figura al portero Pedro Gallese. En el epílogo, llegó el empate, que se festejó tanto en Bogotá como en Santiago. Con un cabezazo, Luis Díaz puso el 1-1, entregándole algo de justicia al partido y devolviendo a Perú al fondo de la clasificación. Una sensación de alivio inconmensurable en Pinto Durán.

De esta manera, Perú se mantiene en el fondo con solo 3 puntos. Es el único elenco sin victorias en el proceso rumbo a 2026.

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Las distintas realidades financieras de las constructoras

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Una semana después de que acabara el primer semestre, el gerente de una constructora de edificios residenciales dijo que lo peor de la crisis que ha sufrido su sector ya pasó y que se estaba viendo la luz al final del túnel. Ahora, cuando las empresas del rubro que cotizan en bolsa ya dieron a conocer sus estados financieros, es posible indagar para saber cuánto de realidad tenía esa afirmación. Y lo cierto es que, a la luz de los balances, todavía parece ser pronto para dar por acabada esta negativa etapa, azuzada por la debilidad del consumo, el endurecimiento del crédito y las altas tasas de interés, que provocó el brote inflacionario.

El problema fundamental se centra en las compañías mayoritariamente volcadas al segmento inmobiliario. En cambio, algunas de las mayores constructoras del país trabajan también en grandes obras civiles, lo que les reporta diversificación y más solidez. El nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, resumió este momento apuntando a que se deberá poner “énfasis en los sectores que están más afectados, como la vivienda privada”.

Así, el estado financiero de cada firma depende de cuánto peso tienen sus áreas de negocio y cuán diversificada se encuentra. Esto, en un contexto macroeconómico que aún muestra un bajo dinamismo este año. “El crecimiento del PIB tiene un fuerte impacto en el sector construcción en Chile, y si bien se espera una expansión este año, se espera que haya una evolución de los resultados del sector, pero será de manera gradual”, comenta Paula Acuña, analista senior de la clasificadora de riesgo Humphreys. Por tanto, que estas empresas “mantengan una amplia diversificación de sus negocios morigera el riesgo de pérdidas en periodos desfavorables”, agrega.

Pero la preocupación en el mercado financiero se centra en el nivel de deuda que carga la construcción. Las firmas abiertas en bolsa suman una deuda financiera de casi US$2.400 millones, donde cuatro de ellas representan casi el 80%: Socovesa, con US$723 millones; SalfaCorp, con US$470 millones; Paz, con US$422 millones, y Besalco, con US$306 millones. Por eso, algunas empresas se han dedicado fuertemente a trabajar con el gran objetivo de reducir su deuda, como Moller & Pérez-Cotapos, que la disminuyó en un 30%.

En este contexto, se puede dividir el rubro en tres grupos, de acuerdo a cómo están enfrentando este periodo complejo.

Construcción, edificios, departamentos, propiedades.

Aún sin risas, pero al menos dejando el tono sombrío que las ha caracterizado en el último tiempo, de entre las siete compañías constructoras que cotizan en bolsa, hay dos que dan muestras de una mayor firmeza. Se trata de Besalco y Salfacorp, que poseen un área de obras civiles potente y que, según los especialistas, fundan su fortaleza en la diversificación de sus negocios, puesto que también participan en montaje industrial y en el rubro inmobiliario.

De hecho, los ingresos de ambas subieron 20,6% y 17,2%, cada una, en la primera mitad del año, lo que se correspondió con sus Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, una medida de su flujo de caja operacional), que aumentaron 2,4% y 13,2%, respectivamente. Pero donde se denota su mayor solidez es en sus indicadores de endeudamiento, que han mejorado.

La deuda financiera sobre patrimonio en Besalco, controlada por la familia Bezanilla, cayó a 0,9 veces desde 1, lo mismo que su pasivo financiero frente al patrimonio, a 1,2 desde 1,3 veces, y la proporción de su deuda financiera de corto plazo sobre el total, que se redujo 13,5 puntos, a un 38,9%.

“La diversificación de la compañía es uno de los pilares más relevantes que ha explicado el comportamiento menos cíclico de su desempeño respecto a la industria en la que opera, justificando el rating relativamente alto en comparación a otros incumbentes con exposición a rubros en los que Besalco tiene participación”, explicó en junio pasado la clasificadora de riesgo ICR al otorgarle perspectiva “estable” a la nota A- de su solvencia.

En el caso de Salfacorp, ligada a Andrés Navarro, disminuyó la relación de pasivo financiero versus patrimonio a 1,0 veces desde 1,1 veces y su deuda financiera de corto plazo sobre el total en 7,7 puntos, a un 49,8%.

“La amplia gama de actividades de la entidad, con una diversificación y complementariedad entre áreas que le otorgan una mayor capacidad relativa para generar sinergias (…) sumado a su vasta experiencia en gestión de proyectos de construcción de obras de gran tamaño y alta complejidad, le han permitido compensar las caídas de actividad en algunos sectores durante los últimos periodos”, dijo la agencia Feller Rate en mayo, al subirle su calificación de solvencia a BBB+.

Edificios Construccion
Edificios departamentos en construcción.

Hay otras dos compañías que, aunque no denotan tensión urgente, venían de cifras más o menos positivas y tuvieron malas noticias a mitad de año.

Echeverría Izquierdo, por ejemplo, anotó una caída de 16,2% en sus ingresos, de 17,9% en su Ebitda y de 38,8% en su utilidad. Y la empresa ligada a los hermanos Fernando y Bernardo Echeverría y a Álvaro Izquierdo, cuenta con un antecedente que la apremia: la deuda financiera de corto plazo respecto a todos sus pasivos, que subió 7,2 puntos, a un 89,2%. Es decir, debe responder en poco tiempo a muchos compromisos. Pero su índice de deuda financiera sobre patrimonio aún no es preocupante: de 1,2 veces. Y los expertos lo avalan: “Se deben considerar las características propias del negocio inmobiliario, donde parte relevante de este vencimiento de deuda se enfrenta con la venta del inventario liquidable o susceptible de liquidar, como las viviendas terminadas y obras en etapa de ejecución”, señala Acuña, de Humphreys. Incluso, la analista recuerda que la compañía cuenta con terrenos para futuros proyectos que podría dar en garantía o vender, y que podría utilizar para reforzar su liquidez.

La otra empresa que no tuvo un buen pasar al exhibir sus resultados semestrales fue Ingevec que, junto con su negocio inmobiliario, cuenta con ingeniería y construcción (I&C), renta residencial y administración hotelera. La firma de Francisco Vial, José Antonio Bustamante y Enrique Besa, redujo sus ingresos en un 21,5%, pero elevó ligeramente su Ebitda y sus utilidades en un 3,9% y un 8,8%, respectivamente. De entre las constructoras, es la más conservadora en términos de endeudamiento, ya que su relación de deuda financiera neta sobre patrimonio es la menor, con 0,8 veces, pero tiene sus ojos puestos en los pasivos bancarios de corto plazo que casi se duplicaron respecto al año pasado. En todo caso, la mirada de los especialistas es “positiva”. “El cambio de perspectivas -de estables a positivas- refleja la amplia experiencia y especialización en el segmento de edificación con que cuenta Ingevec. Ello, en conjunto con una conservadora política financiera en su principal actividad, le ha permitido mantener indicadores crediticios en la unidad de I&C por debajo del promedio de la industria, pese al desafiante escenario del segmento”, comentó Feller Rate en junio al ratificar su clasificación de solvencia BBB.

Las tres compañías del rubro abiertas a la bolsa con un desempeño y un escenario deuda más complicados son Socovesa, Paz y Moller & Pérez-Cotapos. Ahora, de todos modos, es una situación que se ha morigerado respecto a lo que mostraron a fines del año pasado.

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Construcción de viviendas

Socovesa, focalizada en viviendas, mostró en el primer semestre una recuperación operacional que le dio cierto aire. Elevó sus ingresos un 69% debido a una fuerte venta con descuento de su cartera y triplicó su Ebitda, pero dado su interés por saldar deudas, elevó sus costos financieros, lo que la obligó a seguir mostrando pérdidas. La compañía controlada por la familia Gras continúa siendo la que tiene peores ratios de endeudamiento, con una deuda financiera neta de 1,9 veces su patrimonio, pasivos financieros totales de dos veces su patrimonio y una deuda de corto plazo que es el 99,5% de todos sus pasivos financieros.

En mayo pasado, la agencia ICR puso “en observación” la nota BB+ de solvencia de Socovesa, que “captura la incertidumbre respecto al proceso de recuperación financiera de la compañía, teniendo en cuenta las dificultades que seguiría presentando el sector en el corto y mediano plazo”. El futuro de la firma, dice ICR, depende de que se dé “un alza sostenida en la demanda de viviendas nuevas, siempre y cuando la empresa mantenga el adecuado acceso al financiamiento bancario”. La agencia espera una normalización de sus resultados hacia 2026, “dado que los controles de oferta implementados para responder al nivel actual de demanda implicarían contar con un menor stock disponible para escriturar en 2025″.

Paz, por su parte, ligada a la familia homónima, mostró mejoras en sus ingresos del 10,9% y en su Ebitda, del 20,7%, pero sus utilidades cayeron a la mitad, ante un aumento al doble de sus costos financieros. Sus ratios de apalancamiento también son altos, con una deuda financiera neta de dos veces su patrimonio y un pasivo financiero total de 1,7 veces. Pero redujo en 1,7 puntos su deuda de corto plazo, a un 74,8% de su pasivo total.

El futuro de esta compañía, centrada en la vivienda en edificios, tal como en el caso de Socovesa, depende de las condiciones macroeconómicas futuras. Las perspectivas de la agencia Feller Rate son “estables” para una nota de solvencia de BBB+, un escenario que depende de que la firma continúe “con una estrategia conservadora tanto en términos de ejecución de proyectos como de lanzamientos, y en los requerimientos para la generación de promesas, que se traduzcan en adecuados niveles de escrituración para alcanzar un equilibrio inmobiliario similar a lo histórico en el mediano plazo”, sostuvo, lo que permitiría una reducción en sus niveles de deuda.

En el caso de Moller & Pérez-Cotapos, la preocupación por la deuda es evidente. Así, el gran esfuerzo del primer semestre de la compañía, que tiene una base en el negocio de la vivienda, pero que ha crecido en obras civiles en las últimas décadas, fue achicar sus ratios de apalancamiento financiero. Y consiguieron reducirla un 30%. “Cabe destacar la relevante reducción de la deuda financiera que ha venido realizando la compañía en estos últimos años”, resaltó la propia empresa en su balance al primer semestre. Moller cuenta con una cartera acotada de proyectos y no está en busca de terrenos para desarrollar más, lo que le ha permitido disminuir sus gastos de administración. Con todo, logró que sus ingresos crecieran un 7,1%, aunque su Ebitda y su resultado final cayeron 75,4% y 54,2%, cada uno, afectados por menores márgenes en el sector inmobiliario y una menor actividad en construcción de obras mayores. En sus resultados, Moller resumió lo que concuerdan las constructoras respecto al futuro, especialmente en lo referido al sector hipotecario, central para las perspectivas del negocio inmobiliario: “En el sector hipotecario, las tasas de interés se han mantenido estables en un rango elevado, aún lejos de los niveles anteriores a la pandemia, sin embargo, la situación para el segundo semestre parece más prometedora gracias al control de la inflación. Esto permite anticipar una posible reducción en las tasas de interés tanto hipotecarias como de financiamiento. Se estima que la industria podría experimentar una mejora hacia finales del segundo semestre de 2024 y principios de 2025″, auguró.

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PIB per cápita crecerá en torno a 1,3% en la próxima década

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Para este año, el panorama que entregó el Banco Central en su Informe de Política Monetaria (Ipom) no fue auspicioso: un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,25% a 2,75%, una inversión cayendo 0,8% y un crecimiento del consumo privado bajo 2%. Además, proyectó una mayor inflación para 2024 pasando de 4,2% a 4,5%.

Pero el escenario sombrío que delineó el ente rector no solo fue para el corto plazo, sino que también para el mediano: un crecimiento tendencial de 1,8% en promedio hasta el 2034, por debajo del 1,9% que previó en diciembre pasado.

En su mensaje al Senado, la propia presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, levantó la alerta: “Crecer a las tasas de mediano plazo que proyectamos no permite satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones, entonces es algo de lo que debemos hacernos cargo. Enfrentar este desafío y superarlo requiere de políticas públicas bien diseñadas, requiere de la creatividad y esfuerzo tanto del sector privado como del público. Requiere de instituciones sólidas”.

En ese sentido, Costa dijo que existen oportunidades, pero ello “exige prepararse en forma oportuna”, pues “enfrentamos desafíos ante avances tecnológicos que requieren capacidad de adaptación. Es necesario mejorar la calidad de nuestra educación, destinar recursos a proyectos que permitan aumentar la productividad, avanzar en iniciativas que favorezcan la inversión, fomenten la competencia, la profundidad de los mercados financieros, y por cierto aprovechar las ventajas que se nos presentan”.

Si entre 1995-2004 la economía creció 5%, entre 2005 y 2014, bajó a 4,3% y entre 2015 a 2024 siguió descendiendo hasta 2%. Y ahora entre 2025 y 2034 la proyección apunta a una expansión de 1,8%.

El PIB tendencial es la capacidad de crecimiento de mediano plazo que tiene la economía sin generar efectos adversos como la inflación. En el largo plazo, las tasas de crecimiento potencial y tendencial convergen al mismo número.

Esta fuerte desaceleración de la actividad económica ha impactado un indicador que sirve para cuantificar qué tan cerca o lejos está el país de alcanzar ingresos de naciones desarrolladas, como es el PIB per cápita (el PIB dividido por la población).

Un efecto directo sobre las personas es precisamente ese: si se considera la proyección oficial del INE de un crecimiento de la población del 0,5% por año, el PIB per cápita del país se expandiría a una tasa levemente por encima del 1% (1,3%), lo que para los economistas es insuficiente para mejorar la calidad de vida de las personas.

Los analistas coinciden que una de las principales implicancias de crecer bajo 2% en la próxima década es no poder satisfacer las demandas sociales como salud, educación, seguridad pública y pensiones. A ello se suma la desigualdad y la pobreza.

Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores, lo explica así: “El problema del bajo crecimiento es mucho más complejo que, simplemente, tratar de invertir un poco más o aumentar algo la productividad, ya que está involucrado el sistema político, la educación, la regulación laboral, etc. Desde esta perspectiva los que dicen que el país se jodió con la reforma tributaria de Alberto Arenas, están siendo reduccionistas. Ven solo una parte del problema y este viene de mucho antes y se agrava después”.

Hermann González, coordinador Macroecómico de Clapes UC y socio de Valtin Consulting, se suma al análisis y menciona que “en el marco de la regla fiscal vigente en Chile, un bajo crecimiento tendencial limita las posibilidades de expansión del gasto público de forma responsable. Esto implica que necesidades no cubiertas de la población en materia de educación y salud pública, vivienda o seguridad, tendrán que esperar más tiempo para ser satisfechas, con el potencial riesgo de aumentar el malestar social”. Otra implicancia entrega el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann: “El sueño de alcanzar estándares de país desarrollado, como planteábamos hace pocos años atrás, es hoy, bajo las actuales condiciones estructurales del país, inalcanzable”.

Y Tomás Flores, economista de LyD, apunta que “un crecimiento de 1,8%, que supera levemente el aumento de la población, genera una condición en donde tras una década prácticamente no se observará ningún progreso en bienestar, ya que el crecimiento per cápita tan reducido solo mantiene los niveles de ingresos actuales”.

Uno de los factores que explica el estancamiento de la expansión del PIB per cápita es el deterioro de los factores que están detrás del crecimiento potencial del país. Uno de ellos es que la tasa real anual de la inversión pasó de crecer 10% (2004-2013) a una expansión de 0,8% entre 2014 y 2023. Asimismo, la productividad está estancada desde hace más de una década.

Los expertos también mencionan que este escenario de menor crecimiento se explica por un deterioro del sistema político, el que califican como “polarizado, fragmentado” y ya no es capaz de lograr acuerdos en las reformas sociales y económicas necesarias para mejorar el bienestar de la población.

El bajo crecimiento económico genera mayor pobreza y desigualdades.

La pobreza en el país ha venido bajando de manera sostenida desde 1990 a la fecha. En la última medición, Casen 2022, la pobreza por ingreso se redujo a 6,5%. Esto, según los expertos, se debe principalmente al mayor crecimiento y las políticas sociales impulsadas por los distintos gobiernos, quienes lo han podido financiar gracias al mayor crecimiento de la economía.

“Uno de los riesgos de este bajo crecimiento es que se revierta parte de los avances alcanzados hasta ahora. La pobreza se ve impactada por el menor crecimiento del empleo y de los salarios reales, que implica un escenario como este, pero también por una menor capacidad del Estado de invertir en áreas que permitan apoyar a los hogares más vulnerables para salir de esta situación”, argumenta González.

Esa misma visión es complementada por Lehmann: “Con el crecimiento tendencial que hoy registramos, no lograremos avances relevantes en mejoras en la distribución del ingreso y reducción de la pobreza. Para ello, es necesario acelerar el crecimiento y abordar cuestiones de carácter estructural que hoy frenan el crecimiento y desarrollo de la economía”.

Fernández menciona que “se hace muy difícil reducirlas, porque la única forma es quitándole a los que están mejor en vez de aprovechar los beneficios del crecimiento, si este fuera más rápido. De hecho, se imposibilita reducirlas y, peor aún, es probable que ocurra lo contrario”.

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda y actual académico de la Universidad de Chile, argumentó que “lo principal es el impacto que tiene en el poder adquisitivo de las personas” Y lo ejemplifica así: un crecimiento hoy día de 1,8% de largo plazo dada nuestra tasa de crecimiento de la población es de 1,2% de crecimiento del PIB perca. Y si esto lo llevamos a los años 90, el crecimiento per cápita hubiera sido 0% por el mayor aumento de la población”.

ALEJANDRO MICCO.
Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda.

Otro ejemplo: “Si hoy gano 100 pesos, de aquí a 10 años estaré ganando 120 pesos. Es un aumento, pero pobre. O una persona que gana $600 mil y en 10 años subirá a $$720 mil. Es poco el aumento en el bienestar que tendrán las personas y eso afecta a todas las personas. Esta debe ser una señal de alerta para la política, ya que puede generar frustración y tensión social”. Para Micco, parte del estallido social de octubre de 2019 se debió a que el “país no creció nada durante la última década, pese a que el Fisco gastó más en protección social, el país no creció”.

González acota que “en un país que crece menos existe menos movilidad social y el Estado tiene menos herramientas para reducir las brechas que hay entre sus habitantes, todo lo cual amplia las desigualdades existentes”.

Tomás Flores sostiene que “los motores del crecimiento son la inversión, el empleo y la productividad”. Sin embargo, dice que “no se observa una agenda consistente que busquen acelerar esos tres motores y de hecho en algunos casos la discusión pública lleva a ponerlos en reversa”.

Flores
Tomás Flores, economista y exsubsecretario de Economía.

Para Fernández, “hay que hacer muchas cosas más o menos al mismo tiempo, pero reformar el sistema político es imprescindible”.

Y González apunta a que “se requiere un Estado más ágil y eficiente, un sistema político menos fragmentado y más competencia en los mercados. Además, posiblemente, tendremos que generar incentivos tributarios y garantizar estabilidad de las reglas del juego para reencantar a los inversionistas nacionales y extranjeros con nuestro país”.

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