Un nuevo ataque judicial inició por parte del empresario Rodrigo Topelberg contra LarraínVial. Esta vez, a través de una demanda de indemnización de daños y perjuicios ante una posible responsabilidad extracontractual interpuesta el viernes 24 de octubre contra la gestora LarrainVial Asset Management y su fondo de inversión Facturas, además de amicorp y dos vehículos particulares de este último.
La acción civil, presentada junto con su hermana Nicole Topelberg y tres empresas familiares, acusa daños por 17,4 millones de dólares al patrimonio del clan Topelberg causado por la supuesta “maquinaria ilícita” de LarrainVial y Amicorp “para enriquecerse con la compra de facturas falsas, en coordinación con Factop y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, que supuso la ruina de Factop y la pérdida de todas las inversiones de decenas de personas”, anotó.
la bicicleta
Según el texto ingresado por los imputados en el Caso Factop, los hermanos Ariel y Daniel Sauer emitieron facturas falsas, por servicios o ventas de productos inexistentes, a través de empresas bajo su control, las cuales, a su vez, fueron aceptadas por entidades del hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.
“Los hermanos Sauer vendieron estas facturas falsas -a través de Factop- a LarrainVial, quien las compró a valor rebajado, es decir, un valor menor al monto total de la factura. Posteriormente, LarrainVial recibió el pago total de la factura, el 100%, ganando un margen por cada factura falsa que compró a los hermanos Sauer y luego cobró”, señala el texto.
Para pagarle al gerente, según la demanda, “Le hicieron una nueva factura falsa, la vendieron y con el precio recibido pagaron la factura original”.
“En un lenguaje sencillo, “Todos los antes mencionados pedaleaban a bordo de una elaborada ‘bicicleta’ financiera para satisfacer sus respectivos intereses.” afirmó.
A los ojos de la familia Topelberg, LarrainVial Asset Management lideraría esta acción al ser la administradora que “administra y dirige el fondo de inversión LarrainVial Facturas, que a su vez invierte en el cotizado fondo de inversión Facturas Nacionales y en la Sociedad Privada fondo de inversión. Facturas I, estas dos últimas gestionadas -sólo en teoría- por los muy controvertidos fondos de inversión Amicorp.”
Según la demanda, “estos dos últimos fondos fueron los compradores directos de las facturas falsas”. Todo esto, cuando LarrainVial contaría con las herramientas y conocimientos para detectar la veracidad de los instrumentos, argumenta el documento.
En dos entrevistas con DF En julio y septiembre pasados, LarrainVial Asset Management explicó que a Amicorp se le encomendó la estructuración y administración de dos fondos privados que adquirieron facturas de Factop, pero descartó la existencia de instrumentos falsos y destacó el cobro de más de la mitad de lo adeudado a la cartera de dicho factorización.
Consultada para esta nota, LarrainVial Asset Management declinó pronunciarse sobre esta demanda y aseguró que aún no ha sido notificada.
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Daño
Los daños a la familia Topelberg y sus empresas, según la demanda, emanaron del propio funcionamiento del supuesto “ciclo” de facturas falsas.
En el proceso de venta con facturas descontadas y pago total final de lo adeudado, “se perdía dinero mes tras mes para mantener en marcha la ‘bicicleta’ de los señores Sauer; dinero que, a su vez, fue ganado por las instituciones financieras que compraron las facturas falsas”, señala la carta.
Para la familia Topelberg, esta pérdida corrió a cargo de “los accionistas minoritarios de Factop, sus inversores, acreedores y avalistas, pequeños y medianos inversores (muchos de ellos personas físicas) (…) y entre ellos se encuentran los demandantes”.
Los daños se estimaron en 10 mil millones de dólares para los hermanos Nicole y Rodrigo Topelberg por la pérdida de sus acciones en el factorización; US$ 350 mil para Nicole Topelberg por la pérdida de un crédito contra Factop; y 8,19 millones de dólares para tres empresas de la familia Topelberg. Es decir, un total de US$ 17,4 millones.
Abogado de LarrainVial y Daniel Sauer
LarrainVial ya había logrado una victoria judicial contra Topelberg, luego de que a fines de septiembre el 15° Juzgado Civil de Santiago decidió continuar con la ejecución del imputado y socio de Factop, pese a los reclamos de su defensa.
Sobre este fallo, la demanda sostuvo que “la liquidación concursal de la que habla es una que ella misma ha coordinado subrepticiamente con el señor Daniel Sauer, como ha demostrado la investigación del caso Factop”.
Para ilustrar la acusación, el texto incluía una serie de mensajes de WhatsApp entre el socio de Abogabir Miranda y abogado civil contratado por LarrainVial para el caso, Diego Abogabir, y Daniel Sauer, intercambiados a principios de 2024, es decir, dos meses después de la filtración del audio.
El 3 de enero, Abogabir escribió a Sauer para solicitar que el responsable de la reorganización judicial de Factop, Álvaro Parra, “desista de su objeción al crédito de LarrainVial”, acción que habitualmente se realiza ante un tribunal.
Poco después, Abogabir insistió: “Pero tenemos un acuerdo”. A lo que Sauer respondió: “Lo que me digas (…) Van a faltar 250 mm (millones de pesos), te doy un terreno en Talcahuano o lo que me digas (…) O ¿Qué pasa con Munir más el RJ (reorganización judicial) que deberíamos ser?”.
Para los demandantes, “LarrainVial pretendía cobrar de distintas fuentes: en el reordenamiento judicial de Factop, para lo cual recibió la ayuda de Daniel Sauer para que su crédito no fuera cuestionado; de la liquidación concursal de Rodrigo Topelberg, cuyos avances celebra con el cabecilla de este fraude que ella financió; y recibió ofertas de pagos ocultos en perjuicio de los demás acreedores, las cuales no rechazó, al menos en la comunicación arriba mostrada”.
LarraínVial y los hermanos Jalaff
En la misma línea, la demanda apuntó a una eventual relación estrecha entre LarrainVial y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, destacando las compras del vehículo “Facturas Nacionales” de facturas emitidas por ellos -originadas por Factop-, y la estructuración del “ Fondo de Capital “Estructurado I”, destinado a convertir deudas de Antonio Jalaff en una participación indirecta en Grupo Patio. Lo anterior, además de los vehículos inmobiliarios que poseen con Patio.
“Cuando los hermanos Jalaff necesitan dinero, LarrainVial les compra facturas falsas y cuando no pueden superar sus deudas, crea fondos de inversión para sacarlas adelante, sin importar el daño que eso pueda causar a los inversionistas”, señala el texto judicial.
Y agregó parte de la declaración de Antonio Jalaff ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en una investigación referida al fondo “Capital Estructurado I”.
“LVA tiene un conflicto de intereses, porque tenía todos los consejos. Él es socio de Patio, tiene los fondos de Patio y el fondo lo tiene conmigo (…) LVA AGF no habló mucho con los demás de LarrainVial. “Le pedí ayuda a Felipe Porzio (socio y director de finanzas corporativas de LarrainVial), pero al final no pudo hacer mucho”, se lee en el extracto adjunto a la demanda.







