A medida que el año se acerca al final, el fiscal Felipe Sepúlveda, encargado de la investigación por fraude a Primus Capital, recibirá un informe de la PDI que incluirá las declaraciones de los nuevos imputados. Este fraude ha causado daños por más de US$ 100 millones, según detalló en distintas audiencias la defensa del factoring.
El llamado caso Primus salió a la luz pública el 30 de marzo de 2023, cuando la empresa controlada por el empresario Raimundo Valenzuela notificó, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la detección de cheques falsos luego de un proceso de auditoría.
Posteriormente, la administración decidió separar de sus funciones al director general, Francisco Coeymans, y al director comercial, Ignacio Amenábar, quienes alegaron trato injusto e interpusieron demandas por despido injustificado. Actualmente, tanto los exejecutivos, como el abogado Antonio Guzmán y el empresario Marcelo Rivadeneira, permanecen bajo arresto domiciliario parcial en sus respectivos domicilios.
Existía un fuerte vínculo de amistad entre ellos, aunque hoy las relaciones se están deteriorando. Prueba de lo primero es que Coeymans envió un correo electrónico a Rivadeneiradel 29 de marzo de 2023, pasada la una y media de la tarde, antes de que se destapara el “esquema fraudulento” que afectó el factoring, donde enfatizó:
“Cuidado, nunca traicionen a nadie, no importa lo que les ofrezcan. Simplemente mueran. Es la única manera. Me refiero a no traicionarse, y lo mismo hablé con Ignacio (Amenábar)”.
Los delitos que, según la fiscalía, ocurrieron entre enero de 2019 y marzo de 2023, incluyen: estafa, asociación ilícita, administración desleal, uso malicioso de instrumento comercial falso y lavado de dinero, entre otros.
La trama une facturas falsas, empresas creadas por ciudadanos venezolanos con visa en tránsito para acceder a fondos millonarios, viajes con modelos peruanas, cámaras de vigilancia en las oficinas de factoring y hasta fiestas en Lima, Perú.
A casi tres años de que estalló el caso, el martes pasado, el fiscal envió una carta al Brigada de Delitos Económicos de la PDI en el que solicita “realizar todas las diligencias encaminadas a localizar y tomar declaraciones en calidad de imputados, previa lectura de sus derechos y bajo advertencia del artículo 26 del Código Procesal Penal” a un grupo de 10 personas.
La lista está encabezada por Juan Pablo Bañados Gavilánsocio de Sociedad de Inversiones Santa Sofía y Sociedad Comercializadora Northia SpA.
El emprendedor construye canchas de fútbol y es amigo de Amenábar y Coeymans, según detallan en correos electrónicos. Según cálculos de Primus Capital, Bañados debe a factoring entre $3.000 millones y $4.000 millones.
Luego continúa Andrés Otero UribeCEO de Ferrol Proyectos y quien, según su perfil de LinkedIn, es ingeniero de la Universidad de Chile.
Anabel Ruiz RetamalTambién forma parte de la lista la esposa de Antonio Guzmán, quien hasta la fecha es el único de los cuatro imputados formalizados que ha guardado silencio ante la Fiscalía.
Natalia Mateluna Cavierescuñada de Antonio Guzmán por ser esposa de Francisco Guzmán Neira, es otra de las personas que, según el escrito del Ministerio Público, deberá rendir declaración en el marco de la investigación.
Bañados, Otero, Ruíz y Mateluna aparecen mencionados en los distintos informes de auditoría KPMG a la que Primus Capital encargó detallar la ruta del dinero y el destino final de los fondos. Estos informes forman parte de la carpeta de investigación del Ministerio Público.
Hugo Galilea Arandadirector de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y director ejecutivo de Kepler, también -según el factoring- mantiene deudas millonarias y está en la lista de imputados que deben declarar a pedido de la Fiscalía.
Además, según el oficio, la PDI deberá tomar declaración a Fernanda Maturanaemprendedora que en 2009 se hizo famosa por su empresa Bolsas Reutilizables.
Mardones, Diéguez y Rubio
En el documento firmado por el fiscal Felipe SepúlvedaTambién se mencionan los nombres del médico y exdirector médico de Clínica Las Condes (CLC), Rodrigo Mardones —quien es excuñado del exfutbolista Mauricio Pinilla—, y el abogado Gonzalo Diéguez Salgadoquien administra los negocios de su familia.
El fiscal busca que tanto Mardones como Diéguez se refieran a su posible participación en los casos de “Cheques Protestados” y “Depósito a Plazo”, así como cualquier otra información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos de la investigación, particularmente respecto de su relación con los imputados formalizados y la trama de fraude denunciada.
El caso de los cheques protestados está vinculado a una serie de empresas vinculadas a ambos, o en las que participaban, en las que se emitieron cheques protestados. Por su parte, el episodio “Depósito a Plazo” involucra un supuesto documento falso relacionado con la empresa de Diéguez, ADM.
Otro de los citados a declarar en el marco del caso de los cheques protestados es el futbolista Ñublense, Patricio Rubio Pulgar -ex Universidad de Chile-según el oficio emitido por la fiscalía. El fiscal busca que el deportista detalle su relación con los imputados formalizados y la trama de fraude denunciada.
Según las fuentes consultadas, varios de los cheques emitidos por las empresas en cuestión estaban vinculados a la cuenta corriente de Rubio. Si bien los cheques no eran nominativos, las chequeras pertenecían a cuentas corrientes que, en algunos casos, estaban asociadas al futbolista. Por lo tanto, el fiscal le interrogará al respecto.
Rubio había realizado operaciones con Primus Capital a través de su empresa denominada Inmobiliaria Santa Julieta. En este contexto, la factoring interpuso denuncias por emisión fraudulenta de cheques, y el caso se encuentra actualmente suspendido.
La lista de imputados que deberán declarar se cierra con el nombre de Solange Rodríguez GuerraAbogado que formó parte del despacho de abogados fundado por Antonio Guzmán. El fiscal la citó para aclarar su relación con la empresa Vega Sur SpA.
