La ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, rechazó la recusación en su contra interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el marco del caso de los conscriptos en Putre.
El lunes, la Segunda Sala de la Corte Suprema deberá resolver si será la Justicia Militar quien investigue la fatídica marcha de los uniformados del pasado 27 de abril, en la que se produjo el fallecimiento del conscripto Franco Vargas, de 19 años.
En esta línea, el 16 de junio, el abogado representante de tres conscriptos de Putre, Fernando Leal, presentó una recusación amistosa en contra de Letelier, quien integra la Segunda Sala del máximo tribunal, acción que también realizaría el INDH al día siguiente.
Y es que la semana pasada fue el mismo organismo quien presentó una querella por eventuales delitos de tráfico de influencias en el designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema, ya que a propósito de una información publicada por Ciper, el exministro de Defensa, Mario Desbordes, habría estado involucrado en las supuestas maniobras del exjuez Juan Antonio Poblete para promover el nombramiento de Letelier.
Desde el INDH recalcaron esto último, señalando que “resulta manifiesto que la Sr. Ministra Letelier R., mediante un acto propio ha dejado constancia, de manera previa y escrita, que le afectan circunstancias que impiden la debida imparcialidad respecto de la presente causa, que son de tal envergadura que puede generar afectaciones al derecho al acceso a la justicia”, indica el archivo presentado el 17 de junio por el INDH.
Frente a esto, la ministra la Corte Suprema rechazó las acusaciones, afirmando que “se sustentan en acciones judiciales deducidas de manera indeterminada, respecto de hechos y personas que nada tienen que ver con la contienda de competencia que será conocida en estos autos”.
“No concurriendo alguna circunstancia externa, objetiva, como tampoco subjetiva, que pudieren sugerir alguna sospecha sobre la existencia de prejuicios o enemistad de esta judicatura en la solución del caso o la perdida de imparcialidad objetiva que pudiere afectar la garantía del debido proceso de alguna de las partes, estima esta informante que las recusaciones amistosas planteadas por el INDH y por el abogado Fernando Leal no pueden ser aceptadas”, sentenció Letelier.
Desde la representación de Romy Vargas, madre del fallecido conscripto Franco Vargas (19), solicitaron que se rechace la solicitud de que la causa sea investigada por la Justicia Militar, afirmando que esta debería abstenerse de participar “por no garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas”.
“Pretender normalizar o justificar que este caso, es decir, esta contienda de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia militar, sea resuelta en cuenta y no previa vista de la causa, es decir, sin un verdadero acceso a la justicia de parte de las víctimas, es grave, revictimizante y atentatorio de las debida diligencia de la investigación en materia de violencia institucional”, indica el texto.
Cabe señalar que, este miércoles, la mujer sostuvo una reunión con el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, de la que fue bastante crítica, señalando que este no entregó los nombres de los involucrados en la muerte de su hijo, pese a exigírselo.
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