Uno de los principales argumentos esgrimidos para descartar el censo de 2012 fue su alto índice de omisión, que en términos simples se refiere a la población que no fue censada efectivamente.
En aquella ocasión, la tasa de omisión según la comisión que se creó para revisar este proceso se fijó en 9,3%, principal argumento -entre otros problemas- que llevó a la presidenta Michelle Bachelet a decidir encargar otro proceso que se llevó a cabo de manera abreviada en 2017.
Según la información proporcionada este miércoles por el INE, la población en realidad el censo llegó a 18.480.432 mientras que con el proceso de conciliación censal el número de personas en el país al 16 de abril de 2024 era 19.871.764.
Con estos antecedentes, la cifra de omisión alcanzó el 7%, lo que equivale a 1.391.332 personas no censadas. este registro Es superior al de 1982, cuando era del 1,5%; del 1,9% en 1992; o 3,8% en 2002. Y superior al del proceso abreviado de 2017, que tuvo un índice de omisión de 4,7%lo que se tradujo en 845 mil personas, es deciren esta ocasión hubo cerca de 546 mil personas más sin censura que en ese último proceso.
Si bien el indicador es al menos el segundo más alto desde 1982, no tiene el mismo juicio negativo que se hizo al proceso catalogado como fallido en 2012.
Una de las virtudes de un censo legal, como el realizado en 2024, es que realizarlo durante varios meses permitiría teóricamente una mayor cobertura. Según una definición que tiene el INE en su sitio web, “este Censo buscó brindar información más precisa sobre las personas que residen habitualmente en un hogar, comuna o región y no solo sobre quienes pernoctaron en ese hogar la noche anterior, como se pedía en el censo de un solo día”.
Asimismo, “esto nos permite conectar mejor las características de esta población con las decisiones de servicios en un territorio, como escuelas, hospitales, entre otros”.
Desde el INE tienen una valoración positiva de la cobertura. “Todas las operaciones censales presentan un cierto nivel de omisión debido a diversos factores, entre ellos la accesibilidad, la falta de respuesta y la movilidad de la población”. Pese a ello, señalan que “los resultados del Censo de Población y Vivienda han demostrado ser consistentes con la evolución demográfica de nuestro país y como tal, fueron utilizados como información base para la elaboración de estas Estimaciones y Proyecciones de Población, sirviendo de manera relevante para uno de sus usos principales, que es, servir de base para este proceso”.
En su argumentación, el INE menciona que “el resultado de la tasa de omisión del Censo de Población y Vivienda 2024 de nuestro país se encuentra dentro de los parámetros observados internacionalmente para los censos legales y la información que proporciona el censo es una fuente valiosa que cumple con los objetivos para los cuales fue realizado: actualización del marco muestral, insumo para estimaciones y proyecciones poblacionales y caracterización de la población en áreas geográficas desagregadas, que son posibles de abordar dados los resultados del último Censo de Población y Vivienda. Censo”.
Señalan que “si bien la tasa de omisión es un indicador relevante respecto de la cobertura censal, no agota la evaluación de la calidad censal. La calidad de un censo se analiza a partir de un conjunto de indicadores que consideran la cobertura, el contenido, la coherencia demográfica y la calidad operativa, por lo que su validez debe evaluarse de manera integral y no únicamente por omisión”.
El economista David Bravo, quien lideró la comisión de revisión del censo de 2012 afirma que “los censos presenciales son operaciones cada vez más complejas y el que es legal conlleva mayor dificultad para encontrar personas”. Por ello, “considero que la tasa de omisión obtenida es una tasa baja comparada con la obtenida en otros censos legales realizados en América Latina y es razonable para el esfuerzo logístico desplegado”.
Otro miembro de esa comisión fue el economista Osvaldo Larrañaga: “El problema del censo de 2012 no fue tanto la tasa de omisión, estimada en un 9,3%, sino su distribución geográfica muy desigual. Se estima que la tasa de omisión superó el 20% para una quinta parte de las comunas del país, según el Informe de la Comisión de Revisión Externa del Censo de 2012. Este es un problema que no tiene solución, por lo que el censo fue declarado fallido.”
Por eso ahora dice que “una tasa de omisión del 7% puede ser razonablemente buena si se distribuye uniformemente en regiones y comunas, pero es un mal resultado si varía mucho según la localidad”.
Para Larrañaga “El Censo de 2024 fue un buen censo en relación con los demás criterios de evaluación del censo”.
