El violento robo en una tienda MacOnline ocurrido este domingo en Mallplaza Egaña generó un activo intercambio de declaraciones entre el gobierno y los centros comerciales.
Todo empezó cuando el subsecretario de Gobernación, Manuel Monsalve, acusó que el centro comercial vinculado a Falabella “no cumplía con los estándares de seguridad”.
A través de un escueto comunicado, la empresa respondió que “todo el contingente de seguridad presente el domingo en Mallplaza Egaña ha realizado los cursos exigidos por la norma y cuenta con la certificación otorgada por los organismos competentes”.
Agregó que solo un guardia espera la entrega de su credencial por parte de Carabineros y que al momento del robo el 87% de los oficiales se encontraba activo, mientras que el 13% restante estaba siendo reasignado por la empresa. de seguridad
apoyo sindical
Rápidamente, la Cámara de Centros Comerciales salió a apoyar a Mallplaza. El gremio afirma que el sector aumentó sus inversiones en seguridad en un 30% durante el último año. Así, su presidenta, Katia Trusich, señaló que “no tiene sentido generar una polémica sobre responsabilidades, porque la lucha contra el crimen es tarea de todos. Lo que corresponde ahora es que prevalezca la cordura, optimizar la coordinación entre autoridades, policías y empresas del sector privado y avanzar juntos en mejorar la legislación contra el delito”.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) aludió a que el gobierno es quien debe jugar un rol protagónico en este asunto. “La seguridad pública es responsabilidad del Estado y las empresas tienen un margen de acción muy limitado, especialmente dada la magnitud actual del problema”.
El gremio que preside María Teresa Vial agregó que “no existen medidas que las empresas puedan adoptar para enfrentar delitos de estas características y dimensiones, bandas armadas y organizadas que irrumpen violentamente en espacios de alto tránsito”.
“No podemos aceptar que en estas circunstancias se culpe a las víctimas, que en este caso es un centro comercial”, concluyó la CCS.
reunión de la agenda del gobierno
Tras esta oleada de declaraciones, Monsalve volvió a tomar la palabra y sostuvo que antes que entrar en polémica con los centros comerciales, buscará avanzar en medidas conjuntas con el sector privado para evitar hurtos y desalentar la delincuencia dentro de estos locales.
el subsecretario anunció que en los próximos días se reunirá con la Cámara de Centros Comerciales para acordar medidas que no requieran trámite legal. Propuso, por ejemplo, detectores de armas y reconocimiento facial.
Sin embargo, Monsalve volvió a apuntar a empresas del sector. Argumentó que los centros comerciales reciben entre 700 y 750 millones de visitas en un año, con lo cual “en 2022 Mallplaza tuvo ganancias por $53 mil millones y Parque Arauco por cerca de $122 mil millones, por lo tanto, es un negocio que tiene obligaciones legales y dentro del En el marco de esas obligaciones siempre es bueno llegar a acuerdos públicos y privados”.
Recordó acuerdos que permitieron reducir los robos en cajeros automáticos y puso el ejemplo de las tiendas que venden joyas, que “han tenido que invertir en mejores medidas de seguridad”.
“Los centros comerciales no son una excepción y, por supuesto, la seguridad es principalmente una responsabilidad pública y, en algunos aspectos, pública y privada. No quiero entrar en la polémica, porque se ha dicho que queremos responsabilizarlos y nadie ha usado esa palabra, solo se ha verificado un hecho y es que tenían ciertas obligaciones legales y Carabineros verificó que no se estaba cumpliendo en Mallplaza Egaña, por lo tanto, se denunció ese incumplimiento”, dijo.
El subsecretario agregó que ahora lo que resta es evitar que los visitantes de los centros comerciales “se expongan a situaciones de riesgo, para eso el gobierno está disponible para buscar mejores medidas de seguridad”.
En los centros comerciales existe cierta incomodidad con las ubicaciones, ya que Aseguran que las inversiones en seguridad han aumentado un 30% en el último año, y agregan que la ley no les autoriza a tener las herramientas necesarias para enfrentar el nivel de violencia que atraviesa el país.
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El regulador de valores de China ha acusado a Evergrande y a su fundador Hui Ka Yan de inflar sus ingresos en China continental en casi US$80.000 millones durante 2019 y 2020, en un contexto donde se están dando las primeras acusaciones detalladas por parte de las autoridades para arrojar a la luz el fracaso del promotor inmobiliario más endeudado del mundo.
La Comisión Reguladora de Valores de China planea imponer una multa de 4.200 millones de RMB (US$580 millones)a Hengda Real Estate, el negocio continental de Evergrande, según una presentación de la compañía a las bolsas de Shenzhen y Shanghái que incluía acusaciones de documentación falsa en los informes financieros.
La presentación citaba una decisión preliminar de la CSRC que decía que Hui, alguna vez el hombre más rico de China, sería multado con 47 millones de yuanes y podría ser excluido de por vida de los mercados del país. Se le acusó de “instruir a otro personal” para inflar las métricas de la empresa.
Los documentos presentados, publicados a última hora del lunes, marcan un hito en el prolongado fracaso corporativo, que hasta ahora se ha caracterizado por una falta de transparencia, para los inversores internacionales que invirtieron más de US$20.000 millones en un negocio compuesto por cientos de proyectos residenciales individuales.
Evergrande, con sus más de US$300.000 millones en pasivos, llegó a encarnar los excesos de la industria inmobiliaria de China cuando entró en default a finales de 2021, precipitando un efecto dominó entre sus pares promotores que sigue pesando sobre la economía en general.
La entidad de la empresa que cotiza en Hong Kong fue declarada en liquidación en enero por un tribunal del territorio, aunque las implicaciones de la sentencia en el distinto entorno jurídico de China continental, donde se encuentran casi todos los activos de Evergrande, siguen siendo inciertas.
La presentación de Hengda citaba la decisión preliminar de la CSRC, según la cual la empresa infló los ingresos al reconocerlos por adelantado en 2019, lo que supuso un aumento de 214.000 millones de RMB -la mitad del total-, e infló los ingresos en 350.000 millones de RMB en 2020, casi cuatro quintas partes del total.
La CSRC, que según la presentación también sospecha que los bonos en el continente se emitieron de forma fraudulenta, no dio a conocer directamente su decisión preliminar y no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Las presentaciones no se refieren a los bonos denominados en dólares vendidos por Evergrande, cuyos pagos originalmente no se realizaron en septiembre de 2021. Casi dos años de negociaciones entre inversores extraterritoriales y la empresa no lograron producir ningún plan de reestructuración viable.
Durante ese periodo, Beijing ha dado prioridad a la finalización de los proyectos residenciales iniciados por Evergrande y otros promotores.
Hui fue sometido a “medidas obligatorias” por las autoridades chinas en septiembre, según un documento de la empresa de ese momento. En enero, la sede de Evergrande, ubicada en la ciudad sureña de Guangzhou, fue rodeada por la policía y vallas recién construidas.
Los auditores de Hengda en 2019 y 2020 fueron PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, una entidad continental afiliada a la red de PwC. PwC Zhong Tian dimitió como auditor en 2023, según documentos de la empresa.
PwC, el auditor de cuentas de la empresa en Hong Kong, dimitió el mismo año y es objeto de una investigación por parte del regulador de auditoría de Hong Kong.
PwC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El economista jefe de Natixis, Gary Ng, dijo que las revelaciones plantean la interrogante de si había “más trucos financieros ocultos” en los informes financieros de Evergrande.
Los datos oficiales mostraron el lunes que la crisis del sector inmobiliario chino continúa. La inversión inmobiliaria cayó un 9% interanual en enero y febrero, mientras que el inicio de nuevas construcciones se desplomó un 30%, su peor caída en más de un año.
Engie informó este lunes que logró la autorización por parte del Coordinador Eléctrico para operar comercialmente BESS Coya, iniciativa que involucró una inversión de US$ 200 millones, el que sería según la firma- el mayor parque de baterías de almacenamiento de energía en América Latina a la fecha.
La iniciativa, que tiene una capacidad de almacenamiento de 638 MWh, con 139 MW de capacidad instalada, contempla una tecnología en base a Battery Energy Storage System (BESS) y utiliza baterías de litio para almacenar la energía renovable generada por el Parque Fotovoltaico PV Coya (180 MWac), planta ubicada en María Elena, región de Antofagasta.
En un comunicado, la firma puntualizó que BESS Coya cuenta con 232 contenedores que se reparten uniformemente en los 58 inversores de la planta solar. Permite suministrar energía durante cinco horas, lo que equivale a una entrega de 200 GWh en promedio al año. Además, dijeron, “cumple un rol fundamental en el medio ambiente, dado que permite suministrar energía verde a alrededor de 100 mil hogares, evitando emitir 65.642 toneladas de CO2 al año”.
En el escrito, la CEO de Engie, Rosaline Corinthien, indica que “la falta de optimización de la energía renovable generada en el norte de Chile ha sido siempre una de nuestras preocupaciones. Por esta razón, decidimos incorporar en el desarrollo de la Planta Solar Coya un sistema de almacenamiento, con el objetivo de inyectar energía al sistema durante la noche, cuando más se necesita”.
“Creemos que esta tecnología es clave para acelerar la descarbonización de Chile, aportando al mismo tiempo flexibilidad y seguridad al sistema. Eso hace que su desarrollo sea un pilar esencial de nuestra estrategia de negocio”, añadió la ejecutiva.
Mientras, Juan Villavicencio, Managing Director Renewable de Engie Chile, señaló que para la compañía los sistemas de almacenamiento son una de las llaves en el proceso de descarbonización. Sostuvo que, tras la entrada en operación comercial de BESS Coya, “ahora contamos con 640 MWh de capacidad de almacenamiento en el país. A esto se sumarán dos proyectos más que actualmente están en construcción: BESS Tamaya (68 MW/418 MWh) y BESS Capricornio (48 MW/264 MWh)”.
“Eso se traducirá en 255 MW (aprox) de potencia por cinco horas de descarga de energía principalmente en las noches. Al mismo tiempo, cada proyecto que estamos desarrollando incluye este tipo de tecnología, para continuar entregando eficiencia, flexibilidad y seguridad al sistema; y seguir liderando la transición energética”, añadió.
Solicitar créditos para un tercero o prestar parte del cupo de la tarjeta de crédito a otra persona se está haciendo cada vez más frecuente en el mercado chileno, concluyó un sondeo realizado por la fintech Destácame.
La encuesta se realizó a un total de 500 personas. De ese universo, un tercio respondió que ha solicitado un préstamo a un tercero o prestó su plástico.
La jefa de Bienestar Financiero de Destácame, Javiera Martínez, detalló que las parejas (35%), amigos (29%) y familiares (21%) son los principales destinatarios de los créditos solicitados para terceros.
La experiencia de prestar el cupo de la tarjeta, en su mayoría había fue negativa: el 83% declaró que no lo volvería a hacer, argumentando que cayeron en mora por el impago de terceros, afectando su propio historial de pagos.
Entre quienes tuvieron una mala experiencia, un 58% afirmó que la otra persona no les devolvió el dinero y, un 57% declaró haber caído en mora por esta deuda.
Para Martínez, esta situación es “es algo muy preocupante ya que se genera un ciclo negativo en torno a la deuda, a temprana edad, que en muchas ocasiones podría evitarse con un mejor manejo de finanzas personales y mayor conocimiento de los riesgos que conlleva pedir créditos para terceros a nombre personal”.
Dentro de los rangos de edades, la mayoría de los casos ocurren entre los 25 y los 34 años.
Martínez indicó que “al ser más jóvenes, en muchos casos están recién entrando al sistema financiero y aún no han vivido esas experiencias negativas. Se podría decir que pecan ‘de buena fe’. También, tienen probablemente sus primeros cupos y oferta de tarjetas o préstamos que se van reduciendo en el tiempo a medida que se van endeudando más por motivos personales”.
Las mujeres lideran esta tendencia por sobre los hombres, principalmente piden dinero a un banco para familiares y parejas.
“Cuando la familia necesita recursos, son las mujeres las que tienen acceso, pero luego dependen de la responsabilidad de quién se vio en la necesidad”, apuntó Martínez.
Esta práctica “se da porque el tercero no tiene acceso a productos financieros, ya sea por nivel de ingresos, historial negativo, estabilidad o formalidad”, agregó.
Los riesgos
Para la ejecutiva, prestar dinero mediante un préstamo o el cupo de la tarjeta de crédito para un tercero, es un riesgo elevado ya que puede traer como consecuencia caer en mora y quedar con historial negativo en el sistema financiero.
Cabe recordar que a nivel local se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que crea un registro consolidado de deuda que permitirá visualizar las deudas que están al día y con mora.
Martínez indicó que en otros países las personas con poca información o peor historial financiero, “tienen igualmente acceso al crédito, pero a tasas más altas según su score crediticio”.