Aunque la atención del mercado esta semana se concentró en la decisión del Banco Central de activar el requerimiento de capital anticíclico (RCC), a nivel cambiario el dólar se ubicó en $810, manteniendo la estabilidad de la divisa.
Sin embargo, el riesgo cambiario es uno de los elementos que cada vez más son considerados por las empresas que han comenzado a generar una cultura de cobertura frente a vulnerabilidades, señaló el director general de NetGO, Cristián González, quien lidera la firma especializada en servicios de seguridad. consultoría a empresas sobre cobertura de riesgo cambiario.
“El mayor efecto inflacionario que tuvieron en Chile los retiros de fondos de las AFP ha encarecido este ajuste futuro, y el sector importador tiene un tipo de costo de cobertura mucho mayor al que tenía hace dos o más años. tres años”.
“Cuando aumentó la volatilidad y el tipo de cambio comenzó a batir récords, la cobertura de divisas se convirtió en una de las preocupaciones casi estratégicas de las empresas. Y a partir de ahí, ese afán de actualizar conocimientos sobre el tema es algo que no ha parado hasta el día de hoy”, dijo.
Los contratos forward -que fijan de antemano las condiciones para una futura compra y venta de divisas, en este caso- continúan siendo el instrumento preferido del mercado para cubrirse ante eventuales fluctuaciones en el tipo de cambio.
Un ejemplo es el de un importador de automóviles, que enfrenta mayores costos para adquirir los vehículos, pero por diversas razones no necesariamente puede transferirlos al consumidor. Entonces, recurre a un contrato de este tipo para establecer un intercambio de efectivo en un escenario en el que se beneficiaría en caso de que el tipo de cambio aumente.
Según NetGO, tras el shock de la suba del dólar a $1.000 durante julio de 2022, las vulnerabilidades siguen vigentes en las pequeñas empresas, especialmente las importadoras.
“La incertidumbre del mercado nos ha hecho ver que las empresas están mucho más preocupadas por estabilizar el factor tipo de cambio, sin importar que luego de la finalización del contrato pueda jugar en su contra”, dijo González.
más expuesto
Pero el campo todavía no es el mismo que antes. Junto al estrés provocado por las subidas de 2022, factores tanto externos como internos han contribuido a aumentar los retos a los que se dirige la consultoría.
“El importador está comprando los forwards a un precio peor que el que estaba disponible en 2021, cuando el ajuste del punto forward era de $1 o $2. Hoy son $10 y eso depende del diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos”, según González.
El punto a plazo es el ajuste que la empresa debe hacer al precio spot del dólar. No es una comisión, sino que obedece a las matemáticas financieras y es un valor que se transa en el mercado, explicó González.
“Todo esto se suma: el mayor efecto inflacionario que tuvieron en Chile los retiros de fondos de las AFP han encarecido este ajuste futuro, y el sector importador tiene un tipo de costo de cobertura muy superior al esperado. que hace dos o tres años”, dijo.
El endurecimiento de las condiciones para acceder al crédito -algo que destacó el Banco Central en su Informe de Estabilidad Financiera (IEF)- es algo que acentúa la desventaja de las firmas más pequeñas.
“Para usar el forward, por ejemplo, se requiere tener una línea de crédito, y como estas se han estrechado para las empresas, prefieren usar el dinero en otras cosas que en cobertura cambiaria”, dijo González.
La incertidumbre continúa rodeando a VTR, la filial de Liberty Latin American (LLA) en Chile. Durante el primer semestre de 2023, la compañía -que está fusionada con Claro del Grupo América Móvil desde septiembre de 2022, pero que siguen reportando de forma separada- registró ingresos por $220.500 millones, un 16,6% menos que los meses de enero a junio del año pasado, cuando recaudó $264.600 millones.
En la última línea, VTR reportó una pérdida de $52.200 millones, la cifra mejor a los $94.200 millones obtenidos en los primeros seis meses de 2022.
En su reporte financiero, VTR explicó que la disminución de los ingresos se debe a la caída del ARPU -medida que calcula la recaudación por cliente- y de los RGUs (suscripciones). “La disminución es atribuible a un menor promedio de contratos de internet de banda ancha, video y telefonía fija”, dijo la empresa en este documento.
Sigue la incertidumbre
En el detalle del desempeño durante enero y junio de 2023, VTR explicó que “la preocupación continúa”. En concreto, en su reporte explicaron que la tendencia de las cifras “pueden llevar a la existencia de una duda sobre la capacidad de la compañía para continuar operando como empresa en funcionamiento. Sin embargo, esto sería mitigada por la consumación del plan de negocios aprobado por el directorio que asegura la continuidad de las operaciones durante los doce meses posteriores al 30 de junio de 2023″.
Lo anterior se refiere al plan que Diario Financiero dio a conocer en junio, donde América Móvil (matriz de Claro) y LLA se comprometieron a inyectar US$ 600 millones para el funcionamiento de ClaroVTR. En esta iniciativa, la filial ligada al empresario Carlos Slim pagó el total del monto, en tanto Liberty asumió un crédito convertible en acciones que podría resultar en que a futuro los mexicanos tomen el control de toda la empresa en Chile.
Sobre esto, el CEO de LLA, Balan Nair manifestó a los analistas de mercado en la conferencia de agosto que la propiedad accionaria de ese negocio sigue siendo 50-50, pero “en los próximos dos años, seremos más definitivos sobre cómo van las cosas”.
Alta competencia
Pese a lo anterior, el camino de VTR no será fácil. La compañía aseguró en el documento que la industria es “altamente competitiva” y que los otros proveedores continúan expandiendo y mejorando sus redes.
“La importante competencia que estamos experimentando, junto con factores macroeconómicos, han impactado negativamente nuestros ingresos, contratos y ARPU”, expresó.
Por ello, VTR se fijó como objetivo diferenciar sus servicios enfocándose en atención al cliente. “La integración (con Claro) ha considerado la implementación de un robusto plan de inversión en redes para aumentar su resiliencia, velocidad y capacidad, lo que ha significado una mejora significativa en la experiencia de servicio de sus clientes”, remató la empresa.
Al 30 de junio de 2023, VTR expresó que tiene 4.289.700 conexiones al hogar, entre banda ancha y TV de pago. De ese total de contratos 1.089.100 suscriptores son de internet fijo y 886.800 de cable. En tanto, mantienen una base de 437.100 suscriptores de telefonía fija y 372.400 móviles.
JPMorgan Chase incorporará los bonos soberanos de India a su índice de referencia para los mercados emergentes, un acontecimiento muy esperado que podría generar miles de millones de dólares en entradas de capital extranjero para el mercado de deuda del país.
El proveedor de índices añadirá los títulos al índice JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets a partir del 28 de junio de 2024. El país del sur de Asia tendrá una ponderación máxima del 10% en el índice, según un comunicado emitido este jueves.
La inclusión en el índice se produce tras “la introducción por parte del Gobierno indio del programa FAR en 2020 y las reformas sustanciales del mercado para ayudar a las inversiones de cartera extranjeras”, dijo en un comunicado el equipo dirigido por la jefa global de investigación de índices de la firma, Gloria Kim. Casi tres cuartas partes de los inversores encuestados estaban a favor de la inclusión de India en el índice.
La incorporación de India a uno de los principales índices mundiales dará a los inversionistas un mayor acceso a la gran economía de más rápido crecimiento del mundo, que ofrece algunos de los rendimientos más altos de la región. Según HSBC Holdings, la inclusión también puede provocar flujos de hasta US$ 30 mil millones.
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La quiebra de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), ocurrida a fines de 2022, suma nuevas acciones judiciales.
La AGF de Vantrust Capital, administradora del Fondo de Inversión Privado (FIP) Vantrust CVV II, que a su vez es el principal acreedor de la constructora, se querelló en contra de un grupo de aportantes ligados a los dueños de la empresa.
La acción legal de Vantrust está dirigida en contra de la sociedad Inversiones El Bosque Dos (mediante la cual los hermanos Claro Vial son accionistas de CVV), Margarita Bezanilla (esposa de Pablo Claro Vial) y María Catalina Lyon (casada con Luis Alberto Claro Vial).
La firma sostuvo que los querellados formaban parte de una serie subordinada que, en caso de pérdidas en la cartera, pagaría la rentabilidad mínima esperada y el capital aportado por los inversionistas preferentes.
La gestora acusa a esta sociedad y al grupo de personas de ejercer administración desleal de patrimonio ajeno, luego que los querellados no acudieron a un aumento de capital solicitado para el fondo. Esta decisión habría impactado en $ 404 millones al patrimonio del fondo.
De acuerdo a la querella, el reglamento interno del fondo establecía que los aportantes querellados formaban parte de una serie subordinada, cuyo capital invertido se ocuparía en caso de pérdidas para pagar una rentabilidad mínima a los inversionistas preferentes.
Al no suscribir el aumento de capital, el valor de la cartera no fue suficiente para cubrir los aportes de capital y el retorno de la serie preferente.
La estructuración del FIP
El fondo privado inició sus operaciones en marzo de 2021 e invirtió en la constructora a través de 50% en capital de trabajo y 50% en operaciones de confirming, con un plazo total de 18 meses.
Para entrar al fondo, existían dos series de cuotas: la primera, subordinada y reservada para personas relacionadas a la constructora; y la segunda o preferente, compuesta por clientes de Vantrust, con un retorno esperado de 0,7% nominal mensual.
Esta última rentabilidad dependía de los aportes de los accionistas de la constructora. En tanto, la subordinada recibirá cualquier exceso al retorno esperado de la preferente, sin límite a los montos que pudieran alcanzar.
“Gozará de los beneficios y soportará las eventuales pérdidas que puedan originarse con ocasión de la inversión del fondo”, señala el reglamento interno del FIP sobre la categoría reservada para personas relacionadas a CVV.
Vantrust estableció en el reglamento que el fondo debería cumplir un ratio mínimo para la serie subordinada, la que debía representar siempre el 25% del patrimonio del vehículo.
En caso de disminuir ese porcentaje, los aportantes de esta serie debían enterar nuevos aportes para reestablecer los mínimos exigidos.
El aumento de capital
La decisión de llamar a un aumento de capital para la serie subordinada se tomó el 25 de noviembre de 2022 en una asamblea de aportantes del FIP, casi un mes después de que CVV se declarara en quiebra.
Según se relata en la acción judicial, a la fecha de la liquidación voluntaria de la constructora, el fondo mantenía en su cartera pagarés, operaciones de confirming e intereses por $ 6.551 millones.
Sobre la base de un modelo de deterioro, se calculó que la pérdida estimada de la cartera del fondo, -tras la quiebra de CVV- podría alcanzar los $ 3.590 millones. De esta manera, la nueva valorización se ubicaría en $ 2.950 millones.
“El valor calculado de la cartera del fondo no alcanzaría siquiera a pagar el retorno esperado correspondiente a la serie preferente, ya que aún destinando el 100% del nuevo valor de la cartera ($2.954.901.033) al pago del retorno esperado y el capital aportado por los aportantes de la serie preferente, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento interno del fondo, existe un saldo que no alcanza a ser cubierto”, sostiene la querella.
El 28 de noviembre de 2022, Vantrust concretó un llamado de capital por casi $ 1.000 millones para la serie subordinada del vehículo para cubrir el saldo. El plazo máximo para suscribir el aumento de capital fueron cinco días hábiles.
Sin embargo, transcurrido el plazo, los accionistas de CVV no suscribieron la operación, incurriendo, según la AGF, en el delito de administración desleal del patrimonio del resto de los aportantes del fondo.
“Esta notificación fue realizada a todos los querellados, los que válidamente emplazados a cumplir con su obligación, no realizaron los aportes a los que están obligados por ley y por reglamento, generando consecuencialmente un perjuicio total estimado en $ 404.518.358”, acusó Vantrust en la querella.
La acción penal sostuvo que Inversiones El Bosque Dos habría ocasionado un perjuicio estimado de $ 157 millones, Bezanilla $ 82 millones y Lyon $ 164 millones.
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