Este día, la Cámara de Diputados envió al Senado el proyecto de reajuste del sector público, en una sesión en la que no lograron avanzar las llamadas “reglas de amarre” impulsadas por el Ejecutivo, aunque el gobierno anunció que insistirán en ellas en la Cámara Alta.
Así, se aprobaron las normas relativas al aumento tributario gradual del 3,4% en dos períodos: 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, en el marco de un proyecto cuyo costo fiscal es de US$ 1.775 millones en 2026.
Esto, en medio de advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que señalan que de ese total, US$822 millones no tienen financiamiento claro, por lo que se deben recurrir a reasignaciones o holguras fiscales.
Esta falta de financiamiento fue, precisamente, lo que ha generado las principales críticas de los parlamentarios opositores, quienes tras el resultado de hoy cuestionaron al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y reforzaron que la próxima administración de José Antonio Kast tendrá que hacer ajustes para poder cumplir.
las reacciones
Así, el diputado de la UDI Felipe DonosoAseguró que “hoy lo que ha hecho el oficialismo, lo que ha hecho el gobierno, es firmar un cheque sin fondos, y este ministro (Grau) tendrá que responder, estos parlamentarios tendrán que responder a los funcionarios públicos cuando no haya dinero para pagarles el reajuste, o cuando el próximo gobierno tenga que despedir funcionarios o terminar un programa para pagar ese reajuste”.
Por su parte, el senador Rodrigo GalileaEl presidente de RN y miembro de la Comisión de Hacienda -que ahora debe ver la iniciativa- indicó que esperan que el reajuste sea ratificado por el Senado, pero se sumó a las advertencias de que habrá que hacer reasignaciones para implementarlo.
“Nuestra idea es que se ratifique el reajuste, pero no queremos que queden esas leyes de amarre o algunos avances o indicaciones que no le vemos mucho sentido, o que, finalmente, no se pueden discutir en una semana laboral”, dijo el legislador.
Consultada en 24H sobre lo manifestado por el CFA, Galilea indicó que “ese ha sido nuestro reclamo fundamental respecto de este proyecto. Sin perjuicio de eso, vamos a aprobar el reajuste fiscal y estamos muy conscientes, y creo que el gobierno de José Antonio Kast está muy consciente, de que va a tener que hacer reasignaciones”.
En este punto, se sumó a la analogía del cheque sin fondos, señalando que “esos fondos se tienen que conseguir a través de otra administración del Estado y, por tanto, hay proyectos e iniciativas que habrá que posponer”.
En tanto, desde el Partido Social Cristiano (PSC), el diputado Roberto Arroyo Calificó el reajuste del sector público como “una señal de grave irresponsabilidad fiscal”.
En este sentido, destacó que “esto no es sólo un problema técnico, es una decisión política consciente que compromete recursos que no existen, aumenta el endeudamiento y ata las manos del próximo gobierno. Se intenta disfrazar un desorden fiscal estructural mezclando este reajuste con regulaciones misceláneas y leyes de amarre, para asegurar posiciones permanentes y gasto sin apoyo”.
el diputado Marlene Pérez (IND.-UDI), por su parte, señaló sus críticas a la insistencia del Ejecutivo en “normas de amarre”, y dijo que espera que éstas también sean rechazadas por el Senado.
“Aprobamos el reajuste de salarios, pero rechazamos enérgicamente todas las normas de amarre del Gobierno, así como aquellas que estaban desfinanciadas y que iban a causar un problema mayor a la futura administración”, reveló.
Por su parte, el jefe de la bancada de RN, Frank SauerbaumDijo estar satisfecho con la votación, “porque hemos logrado aprobar el reajuste del sector público y también los beneficios para el sector pasivo, para los adultos mayores, buen invierno, Navidad, fiestas patrias y otros beneficios para los más humildes”.
Asimismo, reveló que “también logramos rechazar estas normas de amarre que había anunciado el gobierno para trabajadores de confianza y cercanos a nosotros, por lo que esperamos que el Senado confirme este rechazo”.
Finalmente, lamentó la aprobación de una serie de normas que, aseguró, no cuentan con financiamiento, “como los incentivos a la jubilación que propuso el gobierno”.
