El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó a través de un comunicado de prensa que decidió multar a BancoEstado por UF 4.000 -equivalente a $141 millones- por no cancelar los cobros o restituir oportunamente los fondos a los usuarios afectados por hurtos, hurtos, pérdida o fraude en tarjetas de pago o transacciones electrónicas.
Según las investigaciones de la entidad presidida por Solange Berstein, Se identificaron 488 casos en los que BancoEstado no tramitó las respectivas cancelaciones o devoluciones dentro del plazo legal, desconociendo la naturaleza de su obligación. Este debió haber operado irrestrictamente dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la fecha del siniestro.
También se comprobó que la empresa estatal incumplió las instrucciones de la CMF al no publicar en su sitio web, en un plazo de 15 días hábiles, la información semestral de los casos afectados por siniestro, hurto, robo o fraude en tarjetas de pago o transacciones electrónicas, según lo dispuesto por la Artículo 5 de la Ley de Fraude (N° 20.009).
Cabe recordar que la entidad financiera que registró mayores pérdidas brutas por fraude externo en 2022 fue BancoEstado con US$ 48,3 millones, cubriendo el 35% de los montos bancarios en 2022. Las pérdidas por este concepto crecieron 20,2% con respecto a 2021.
El regulador recordó que la Ley Antifraude establece que las entidades financieras deben proceder a cancelar los cargos realizados o restituir los fondos de operaciones en las que el usuario desconozca haber otorgado su autorización o consentimiento.
Esto, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el usuario realizó el reclamo en la entidad financiera y en aquellos casos en que el monto total reclamado sea igual o inferior a UF 35, aproximadamente $1,2 millones.
Si el monto reclamado es superior a esa cifra, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o restitución de los fondos, según corresponda, por un valor de UF 35 en el mismo plazo.
Por el importe restante, el emisor dispondrá de siete días adicionales para cancelarlos, devolverlos al usuario o actuar ante el juez de policía local, debiendo comunicar al usuario la decisión adoptada.
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