Si bien Enel, CGE y Chilquinta se sumaron a iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para compensar a los afectados por los extensos cortes de suministro eléctrico que se generaron a partir del 1 de agosto, este viernes se dio a conocer que la empresa Codiner -que tiene concesión en la Región de La Araucanía, particularmente en Temuco- se negó a seguir dicho camino, al igual como anunció hace unos días Grupo Saesa que incluye a las empresas Saesa, Frontel, Luz Osorno y Edelaysen.
Respecto a Codiner, cabe recordar que las autoridades están evaluando iniciar un proceso de caducidad de su concesión a partir de una solicitud del delegado presidencial de la Región de La Araucanía.
Según detalló el Sernac en un comunicado, Codiner aseguró que no se someterá al procedimiento, ya que “existe una normativa respecto a las compensaciones que está regulada en la normativa sectorial eléctrica y nos apegamos estrictamente a lo dispuesto en dicha regulación”.
En ese sentido, añadió el Servicio, la empresa rechazó compensar a los consumidores, “aludiendo paradójicamente a la falta de competencias del Sernac, citando además la misma Ley del Consumidor que también les rige”.
En el escrito, el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, sostuvo que esta respuesta “no sólo demuestra desconocimiento e ignorancia respecto de la responsabilidad que le cabe como empresa eléctrica y de la normativa de protección al consumidor que la rige, sino que manifiesta también un repudio a la institucionalidad y al rol del Sernac, cuestión que rechazamos categóricamente”.
Agregó que miles de clientes en La Araucanía, cuya mayoría de ellos quedaron sin servicio durante este evento climático, lamentablemente tienen una empresa que, no sólo no les responde con la reposición oportuna, sino que además desconoce las compensaciones que tienen derecho a recibir de cara a la Ley del Consumidor.
Junto con repudiar la decisión de la firma, el Sernac aseguró que ya trabajan en la presentación de una demanda colectiva para exigir las máximas compensaciones y multas.
De acuerdo a lo informado, cerca de 23 mil clientes de Codiner fueron afectados por cortes de energía eléctrica.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.