Esta noticia no es nueva: según el INE, en agosto de 2024 el número de nacimientos en Chile cayó un 20,9% respecto al mismo mes de 2023. Aunque oscilante, la tendencia es a la baja.
Así se manifiesta en el muy discutido Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público de este año, donde los recursos del subsidio de escolaridad se ajustaron un -6,7% debido a una “leve disminución” en la matrícula, según la Dipres. En 2024 se ajustaron un -2,2%. En los dos años anteriores las cifras están distorsionadas por la caída de asistencia a consecuencia de la pandemia. La cuestión es que la institución encargada de las finanzas públicas está observando la caída de la matrícula y ajustando los recursos.
Es cierto que no es un momento fiscal para pedir más recursos, pero parece necesario al menos revisar la idea de ajustar a la baja el presupuesto escolar sólo por la menor matrícula. Los datos presentados a la OCDE indican que Chile gasta 6.374 dólares (ajustados por poder adquisitivo) por niño en educación primaria, ocupando el penúltimo lugar entre los países comparados. Mientras que Australia invierte 12.191 dólares, en Estados Unidos la cifra es de 15.270 dólares.
Nuestro sistema de financiación tiene críticos, quienes pueden interpretar la situación descrita anteriormente como un argumento para modificar la lógica del subsidio. Pero esto es incorrecto, al menos por dos razones. La primera es que estamos en una crisis ya prolongada de ausentismo crónico, que arrastramos desde la pandemia. El sistema actual anima a los establecimientos a promover la asistencia. En segundo lugar, el dinamismo en el número de estudiantes dentro del sistema es una razón para mantener un sistema de financiamiento basado en la demanda y rechazar instrumentos basados en la oferta. En un escenario de matrícula decreciente, el subsidio por estudiante fomenta la eficiencia en la formación de cursos, mientras que el financiamiento de las escuelas según variables de oferta (por ejemplo, número de maestros o metros cuadrados) alentará la capacidad ociosa. Hay excepciones a esta lógica (las escuelas rurales, por ejemplo), pero como regla general se cumple.
Lo que no es sostenible, sin embargo, es reducir los recursos que el país destina al sistema escolar porque la población está disminuyendo. Por el contrario, deberíamos buscar mantener el nivel de gasto, aumentando el valor unitario del subsidio, entregando así más recursos por estudiante. La disminución del número de hijos, aunque es un problema en múltiples dimensiones, puede ser una oportunidad para gastar más por niño. Un objetivo podría ser ascender en la tabla de la OCDE, acercándose a países como Nueva Zelanda y la República Checa. Pero si la disminución de la matrícula se utiliza como un “ahorro”, que permite reasignar recursos para condonar la CAE o pagar la deuda histórica, el futuro luce sombrío.
Por Daniel Rodríguez Moralesdirector ejecutivo de Acción Educar
