Columna de Daniel Rodríguez: Riesgos en la reforma a la educación pública

El Mineduc ha presentado un proyecto de ley para enfrentar las dificultades de diseño e implementación de los Servicios Locales de Educación. Es un proyecto muy esperado, pues la crisis del SLEP de Atacama mostró la peor cara de esta reforma.

Las modificaciones que lo componen pueden dividirse en tres grupos. El primero corresponde a cambios puntuales para facilitar la implementación de los SLEP. Su objetivo es reducir plazos y corregir errores. Se crea un Fondo de Infraestructura con un diseño moderno e inteligente, que debiera extenderse a toda la educación subvencionada. Estos cambios deben ser aprobados.

El segundo grupo busca, mediante obligaciones y sanciones, evitar acciones irresponsables de los alcaldes durante el traspaso de los colegios, tales como el no pago de cotizaciones previsionales, la sobredotación de docentes previo al traspaso, entre otras. El gobierno hace lo correcto al enfrentar esto, pero corre un riesgo: se opta por forzar la colaboración de actores políticos por miedo al castigo, no en base a alinear incentivos. Esto obstaculiza un proceso colaborativo que sea percibido positivamente por las comunidades locales. Se debe considerar que antagonizar con los alcaldes, que cuentan con redes políticas locales y de lealtad mucho más fuertes que los recién llegados SLEP, puede contribuir a horadar la legitimidad de la reforma. Forzar la máquina puede traer un efecto rebote peor que lo que estamos observando hoy.

El tercer grupo de modificaciones está orientado a concentrar poder en la Dirección Nacional de Educación Pública (DEP), entidad bajo el control del Mineduc, para conducir la gestión misma de los Servicios Locales. Esto es negativo, pues hay riesgos claros de centralismo y politización al otorgarle a la DEP -por ejemplo- la facultad de distribuir recursos de forma discrecional entre los SLEP, sin control de la Ley de Presupuestos. Además, se le entrega a la DEP un rol permanente de asistencia técnica, pedagógica y financiera sobre los SLEP, así como el control de sus instrumentos de gestión. Se facilita la remoción de los directores ejecutivos locales, acercándonos al conocido cuoteo político y al usual despido de las planas mayores cuando rotan los gobiernos.

Estos cambios alteran la trayectoria de un sistema que apostaba por fortalecer lo local, a uno centralista en el cual el Mineduc controla cada vez más directamente la provisión. Para evitar futuros “Atacama” se debe insistir en potenciar la resolución local de problemas, y no dar en el gusto a quienes esperaban que el ministro solucionara todo. Pues si la operación de los colegios termina centralizada en una autoridad de Santiago, se potenciarán y consolidarán los paros docentes masivos como estrategia de presión a la autoridad política. Por cierto, se puede discutir la necesidad de que el ministerio cuente con atribuciones extraordinarias en caso de emergencias acreditadas o situaciones excepcionales.

Hay elementos faltantes. El proyecto debió abrirse a modificar la dimensión territorial de los SLEP, cuya extensión geográfica actual presenta problemas para atender las necesidades locales. Sin perjuicio de ello, el gran silencio del proyecto (no es el único) es la dañina politización que han sufrido los Servicios Locales, que se están convirtiendo en campos de batalla o botines de partidos políticos, en lugar de crisoles de talento local. Creer que este desafío se resuelve dándole el control de la educación pública a la autoridad política, es hacerse trampa en el solitario.

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar