Un jinete monta sobre un caballo muerto en el piso. El dueño del caballo, que observa desde lejos, le grita al jinete que use la huasca para sugerirlo, y que en lugar de galopar, trata de obtener un tranco; Luego, envíe al jinete a un curso de capacitación para ensamblarse correctamente. Eso no es, por lo que cambia al jinete para otra luz. Luego, cree un comité de expertos y viaje a otros países para estudiar cómo se establecen los caballos muertos allí. Finalmente, concluye que el caballo, ahora reclasificado como “discapacitado para vivir”, no requiere cuidado o comida, y por lo tanto es más barato y más productivo que los otros caballos.
Algo similar ocurre en Chile, y la discapacidad establece que la administración pública ofrece cumplir su función fundamental: atender al bien común. Los casos de Corfo, la toma de San Antonio y la conducción del apagón la semana pasada son un espectáculo muy reciente de esta ineficacia. Las transferencias millonarias de Corfo al Ministerio de Finanzas, absoluticamente legal, son demostrativas del débil diseño institucional de Corfo, que en lugar de asignar sus servicios públicos a la promoción y la innovación debe entregarlos, con reparaciones de su vicepresidente ejecutivo, para reemplazar el déficit fiscal que arrastramos hace años. La negociación del Ministerio de Vivienda con los propietarios de la tierra tomada en San Antonio, aunque legal y comprensible de la catástrofe humanitaria que significaba el desalojo, valida las carreteras de facto para la resolución de problemas que la inacción del estado no resuelve a tiempo. Finalmente, el apagón nacional la semana pasada, incluso si el presidente atribuyó rápidamente a las descoordinaciones o errores de las empresas generadoras y transmisoras, también demostró la discapacidad estatal de administrar una crisis, obtener información oportuna y controlar adecuadamente el sistema.
Enfrentados con problemas, y muchos otros que afectan la vida común, como la seguridad, la salud, la educación o el desempleo, tenemos la inclinación, casi fetiche, para promover nuevas leyes y/o regulaciones. La reciente reforma de pensiones y proyectos en Permisología Son ejemplos de ello. Sin embargo, decretar cosas en papel no cambia la realidad si no hay capacidad para ejecutarlas.
Hay el fondo del asunto. Según un informe de pivote, entre 2006 y 2024, el piso de los empleados públicos ha aumentado en casi un 30% (de 18 a 23 por ciento trabajadores privados) y el gasto del gobierno central ha crecido 2.5 puntos de PIB, más rápido que el crecimiento de la economía en el mismo período. Sin embargo, los servicios públicos no han mejorado y seguimos enfrentando serios problemas de gestión. Es decir, la ejecución de estas políticas y la provisión de bienes y servicios públicos que los ciudadanos requieren el estado, se han entregado a una burocracia pública que, hoy en día, no está en condiciones de entregarlos.
Cuando descubres que estás montando un caballo muerto, es mejor desarmar. Es urgente modernizar nuestra burocracia pública, poner fin al estatuto administrativo y establecer una carrera oficial de la administración, que fomenta la trayectoria, la capacitación y el rendimiento; Eso termina con la verdadera simulación que constituye los sistemas paralelos de contrato y tarifas; Y eso limita las posiciones de confianza política a situaciones verdaderamente excepcionales. De todos modos, eso permite dar paso a una administración pública profesional y al servicio de la ciudadanía, en lugar de un refugio al que ingresa a la tarjeta del partido. En un año de la campaña electoral, se debe preguntar a los candidatos si están dispuestos a desmantelar el caballo.
Por Navarrete de Diegoabogado
